100.000 agricultores familiares en el país se quedan sin monotributo social agropecuario

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La noticia fue anunciada días atrás por funcionarios del ministerio de Agroindustria que preside Luis María Etcheveherre, de la Sociedad Rural. El mismo quita al sector productivo más empobrecido del campo, como son los agricultores familiares, el derecho de acceder a la economía formal y contar con obra social y aportes jubilatorios.

Como vienen denunciando las trabajadoras y trabajadores de la actual Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación nucleados en ATE, desde que asumió Mauricio Macri, se profundizaron las políticas achicamiento de presupuesto y de vaciamiento de la repartición, que consistió en despedir hasta el momento a un 20 % de los trabajadores que se encontraban precarizados en planta transitoria, y cerrar direcciones y programas restringiendo así las políticas previstas en la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una nueva ruralidad de la Argentina, Ley 27.118, sancionada en enero del 2015 y llevada adelante por la actual Subsecretaría de Agricultura Familiar.

Ahora el ministro de Agroindustria Luis M. Etcheveherre y el Sercretario de Agricultura Familiar y Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, arrasa con otro derecho más como es el Monotributo Social Agropecuario a Costo Cero, que existe como beneficio desde el año 2009, incorporado como parte de la Ley 27.118, que hace a una demanda histórica de las organizaciones indígenas y campesinas y de pequeños productores. La misma daba la posibilidad de facturar para la venta de sus productos de manera directa, sin intermediación e incluso pudiendo vender a las mismas instituciones del estado, además de los beneficios sociales como el aporte jubilatorio y obra social para todo el grupo familiar. Son 50.000 titulares, y 105.000 personas beneficiadas con la obra social, las que perderían este derecho.

Las políticas de restricción para contar con este beneficio había tenido un primer tamiz el año pasado cuando los funcionarios definieron realizar un nuevo reempadronamiento en el vaciado Registro Nacional de la Agricultura Familiar – RENAF, requisito previo para poder acceder al Monotributo Social Agropecuario, una forma elegante de limitar el mismo, ya que los técnicos que quedaron luego de los despidos, no podrían garantizar en unos cuantos meses lo realizado por años.

Otra acción restrictiva fue la suspensión de las inscripciones para acceder al mismo durante estos meses. Ahora utilizan un mecanismo similar, pero con mayor apuro. Los técnicos que quedaron, luego de los 160 despidos ocurridos en mayo este año, deberían reinscribir en el Monotributo Social Agropecuario a 50.000 productores en nada más y nada menos de 7 días hábiles, desde el 2 al 10 de agosto, sino perderían el beneficio del MSA hasta diciembre de este año.

Posterior a este año el estado quitaría el derecho de gratuidad de este beneficio, quedando los inscriptos como parte del Registro de Efectores Sociales – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, debiendo pagar el productor el 25% del beneficio, que serían actualmente unos $258 por mes, y que se multiplica según los integrantes del grupo familiar, haciendo una carga económica importante para las familias, ya que viven en su gran mayoría en condiciones de pobreza y precariedad, lo cual en los hechos implicaría la baja del mismo y queden excluidos de estos derechos.

En un comunicado del 29 de junio, los trabajadores y trabajadoras de la SSAF afirmaron “…con la eliminación del MSA, el productor y productora deberá pagar la mitad de la obra social del Monotributo Social, en un contexto donde cada vez son mayores las dificultades en la venta de sus productos y el encarecimiento del pago de servicios, como por ejemplo el aumento del costo de la electricidad para quienes tienen pozos de agua para regar sus cultivos, entre otros aspectos que agravan la situación de la familia rural y que empujan a abandonar la actividad y el lugar donde viven…”. El rechazo también fue expresado por decenas de organizaciones vinculadas con el sector como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), entre otras.

Sin embargo el subsecretario Santiago Hardie, gerente de la fundación Pensar, quién viene llevando adelante el achicamiento de la cartera con despidos y ajustes afirmó en el diario La Nación del 29/06/2018 “a veces es bueno que quien tiene un beneficio como este pueda pagar esos 268 pesos de la obra social. A muchos, durante mucho tiempo le pagaste el cien por ciento del MSA e intuyo que productores con alto grado de necesidad y de vulnerabilidad quizás tienen un monotributo porque alguien fue se lo hizo llenar y ni lo usa; ni se acuerdan que lo tienen, y el Estado pone un montón de guita ahí”.

Los trabajadores denuncian que “el nuevo gobierno desde su inicio a aplicado olas de despidos en la institución, 250 compañeros y compañeras en 2016 y más de 160 en abril de 2018, reduciendo la planta del personal más de un 20%, sumando que la totalidad del mismo presenta precariedad laboral con contrataciones transitorias o monotributo. Existe un desfinanciamiento total de la política pública, iniciada paulatinamente hace cinco años atrás, y es completa en la actualidad no contando con financiamiento propio para proyectos del sector…”

Natalia Morales, trabajadora despedida dos veces en la repartición, actual diputada provincial por el PTS FIT en Jujuy, afirmó: “es muy grave la situación que viven los trabajadores y trabajadoras en la repartición pero también en otras vinculadas al sector como el IPAF-INTA o SENASA, ya que es brutal el desguace en los mismos, donde también hubo cierre de programas como Cambio Rural y despidos. La SSAF actualmente no cuenta ahora con financiamiento propio, solamente tiene presupuesto para gastos de mantenimiento mínimos, donde incluso varias oficinas de la repartición en las provincias tuvieron que cerrar. Quienes no perdieron su trabajo tienen que hacer malabares y buscar financiamiento de otros organismos para poder garantizarse el trabajo, mientras son evaluados con parámetros de productividad y eficiencia, disciplinados y controlados, mientras avanzan los despidos”.

“Integraba el equipo del Monotributo Social Agropecuario en Jujuy, y fui testigo de cómo restringieron la posibilidad garantizar ese derecho, sin poder salir a territorio y planificar nuestro trabajo ya que no contábamos con presupuesto. Para los CEOs y patrones de estancia que están en el ministerio de Agroindustria, los derechos son solamente gastos y variables que quieren achicar, mientras lo primero que hicieron bien asumieron en el ministerio fue garantizar más beneficios y ganancias para los empresarios y terratenientes del agro, bajando o quitando retenciones a los sojeros y cerealeros, para quienes no pasa ningún ajuste ni restricción, todo lo contrario”.



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