Acuerdo con el FMI: un acelerador de tarifazos

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De acuerdo al plan de ajuste presentado por el Gobierno nacional, se reducirán los subsidios a energía y transporte 0,4 % del PBI por año. Pretenden hacer pagar los costos a los usuarios y trabajadores trasladando el recorte a las tarifas, sin afectar las ganancias.

Como resultado del acuerdo con el FMI, el plan de ajuste presentado por el Gobierno de Cambiemos incluye una continuidad del recorte en subsidios públicos en energía y transporte del orden del 0,4 % del Producto Bruto Interno (PBI) por año.

De esta manera, en tres años se llegaría a una reducción acumulada de 1,1 % del PBI o, siempre según los pocos datos difundidos por el Gobierno, una amputación de 48 % en términos reales. Esto significa que por cada $ 100 que en la actualidad se destinan a subsidios, en 2020 sólo se destinarán $ 52 (con el poder adquisitivo de hoy).

De acuerdo a algunos analistas, este recorte equivale a entre $ 70.000 y $ 80.000 millones menos durante 2019. Cabe mencionar que en el Presupuesto de 2018 se estimaba un recorte de subsidios en energía y transporte del orden de $ 33.971 millones para este año, lo que implica que para 2019 se duplicará el monto nominal en pesos que dejará de enviarse a las empresas concesionarias.

Si se considera que el PBI que se había proyectado en el Presupuesto hacia 2019 alcanzaría a $ 13.719.882 millones – aunque estas proyecciones ya quedaron en el olvido frente a un escenario venidero de estancamiento económico-, el recorte de 0,4 % del PBI alcanzaría a $ 54.879 millones el año que viene.

¿Cuál va a ser el impacto de la quita de subsidios?

No está ni por lejos en los planes del Gobierno afectar las abultadas ganancias empresarias con esta quita de subsidios. Menos aún, si se trata de sus amigos.

Es que si durante el kirchnerismo se mantuvo el esquema privatista de los ´90, sin revisar ningún marco regulatorio, sobre la base de crecientes subsidios estatales destinados a garantizar cuantiosas ganancias (subsidios financiados con un sistema tributario regresivo), el macrismo se dispone a eliminar los subsidios y ajustar las tarifas, pero sin desarmar la rentabilidad de las empresas. Lo que se denomina: trasladar el costo al último eslabón.

Ninguna de estas alternativas va al nudo de la cuestión, que es que el acceso a la energía eléctrica, el gas, o el transporte, no pueden estar sometidos a la medida de la ganancia capitalista.

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De allí se desprende que, una vez más, son los usuarios y el pueblo trabajador, con nuevos aumentos en las tarifas, los que deban pagar las consecuencias del plan de ajuste orquestado por el capital financiero internacional y el gobierno de los CEO.

En solo dos años, con Macri los servicios públicos aumentaron hasta 1.600 %. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) los transportes se incrementaron arriba de 200 % (colectivo, tren y subte, en este último caso de no haber regido el amparo presentado por los legisladores Myriam Bregman y Patricio Del Corro).

En el caso del gas, entre 2015 y 2018 se incrementó hasta un 1.000 %, en tanto que la tarifa de electricidad (un cliente de Edesur) aumentó más de 1.600 % en el mismo período. El agua, por su parte, subió entre 420 y 550 %.

Con el estado actual de cosas solo en colectivo,una familia gastará más de seis salarios mínimos al año. ¿A cuánto estará dispuesto a llevar esta relación el macrismo? ¿Cómo podrán las familias trabajadoras enfrentar tarifas crecientes mientras los ingresos se deterioran frente a la inflación?

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Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), entre el año 2015 a abril de 2018 la suma de los incrementos conjuntos de tarifas de gas natural y electricidad, pasó de representar el 1,4% al 7,4% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7% al 14,5% de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados.

Devaluación y tarifazos, reloaded

Así como a principios de 2018 con el ajuste de las “metas de inflación” que implicó una devaluación del peso y el impacto de los tarifazos los precios vieron una espiral ascendente (9,6 % acumulado en cuatro meses), en los meses por venir se verá repetir este capítulo, pero magnificado. Ahora la devaluación es más profunda y promete seguir con la “flotación cambiaria” del Banco Central, y los tarifazos, de aplicarse tal cual el plan del gobierno, también lo serán.

La única variable con la que contará el gobierno para contener – relativamente – una posible escalada de precios generada por sus propias políticas, será la recesión económica. Las consultoras privadas ya anuncian un crecimiento raquítico de 1,3 % para este año, frente al 3,5 % que había prometido el gobierno. Pero ya lo dice el dicho, es peor el remedio que la enfermedad.

Frente al “plan de guerra” del gobierno y el imperialismo que preparan un nuevo saqueo sobre el pueblo trabajador, empeorando los desequilibrios estructurales existentes con sus propias recetas, se impone la necesidad de una salida de fondo.

Los tarifazos vieron pasar el veto presidencial al proyecto que los limitaba, pero desde hoy comienza un nuevo capítulo que anuncia incrementos más profundos. De allí que la única salida posible es la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y control de los usuarios populares de las empresas de servicios públicos privatizadas y de todo el complejo energético, articulado con un programa para que la crisis la paguen quienes la generaron: los capitalistas.

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