Afip deberá levantar los embargos contra Oil Combustibles

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Así lo decidió el juez Cosentino, tras decretar la quiebra de la empresa.

Foto: A24

El juez comercial Javier Cosentino dispuso el levantamiento de los embargos de AFIP contra Oil Combustibles, dado que se trata de una medida legal cuando una compañía entra en quiebra. El magistrado afirmó que los acreedores “deberán presentarse a verificar sus acreencias y someterse al régimen de privilegios de la normativa concursal”.

La empresa que pertenecía al empresario Cristóbal López, actualmente detenido en la cárcel de Ezeiza, podrá contar con los 500 millones de pesos que la AFIP le había embargado. La deuda con el fisco asciende los 17 mil millones de pesos y se trata de un reclamo efectuado antes de la presentación en concurso de acreedores.

Luego del pedido de quiebra, la empresa fue desapoderada de sus bienes y un estudio de abogados y varios contadores pasaron a conformar la sindicatura. En septiembre de este año López y Fabián de Sousa – también detenidos por la misma causa – quienes eran miembros de la dirección de la fallida, tendrán que explicar al juez la composición de los activos de la firma. Esta estaba bajo el control del Grupo Índalo hasta que se presentó la quiebra.

Según informaron fuentes judiciales, el dinero será utilizado, principalmente, para el pago de los sueldos adeudados e indemnizaciones de los obreros de la Refinería San Lorenzo, quienes son aparentemente los principales activos de la empresa. De ser así, los fondos embargados serán transferidos a la cuenta bancaria abierta en el proceso de quiebra.

Más allá de que, según el juez, la prioridad sea el pago de las sumas de los créditos laborales, el hecho de haber decretado la quiebra representa un golpe duro contra los trabajadores, que tendrán que conformarse con cobrar en “moneda de quiebra”, lo que implica una considerable disminución de los haberes originariamente adeudados.

Cabe recordar, que Cristóbal López está preso por evadir impuestos por 8 mil millones de pesos al no pagar el ITC durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la ayuda de Echegaray cuando este estaba a la cabeza de la AFIP. Según la fiscalía, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Índalo tributaron sólo 7 meses. El dinero acumulado de forma ilegítima fue utilizado para financiar y expandir el Grupo Índalo, dejando a miles de trabajadores en un limbo ante el afano perpetuado en plena década kirchnerista.

Oil Combustibles en números

  • 4000 puestos de trabajo directos y otros miles indirectos.
  • 360 estaciones de servicio, un puerto, una refinería en San Lorenzo y una importante flota de cambiones y vehículos.
  • Cerca de $17 mil millones de pesos es lo que adeuda la petrolera a AFIP. La deuda se generó, pues la compañía cobraba a sus clientes el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC), cuando cargaban nafta o gasoil en las estaciones de servicio, pero no abonaba dicho impuesto al ente recaudador.
  • 5 son las propuestas para la conducir la refinería. Las empresas que se presentaron fueron: la empresa argentina YPF, las holandesas Trafigura y Vitol, y la rusa Lukoil, además de una propuesta de cooperativa – conformada por los propios trabajadores de Oil – con pocas chances de prosperar, debido a la falta de solvencia económica exigida por Cosentino. Los sobres con las ofertas se abrieron este jueves en los Tribunales en lo Comercial y ahora el juez comercial de la causa deberá estudiar las propuestas para definir a fin de mes quién se hará cargo de la firma hasta su venta, hecho que ocurriría en aproximadamente 3 meses.

Aparentemente, YPF no ofertó por la refinería, y sólo estaría interesada por el puerto sobre el Río Paraná y las estaciones de servicio. La petrolera nacional también incluyó en su propuesta colaborar de manera gratuita con especialistas y maquinaria para solucionar la cuestión ambiental. En un juzgado de San Lorenzo, Oil Combustibles tiene un juicio millonario iniciado por vecinos afectados por caños de gas que pasan por debajo de sus casas. Pero el juez dará prioridad a las firmas que mantengan al personal y que quiera hacerse cargo de todo el conjunto de las instalaciones. Es decir, tendrán que hacerse cargo de operar la planta, vender el combustible almacenado en los tanques, preservar los puestos de trabajo e instrumentar todos los procedimientos para el cuidado del medio ambiente.



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