Avanza la propuesta de dictamen para la legalización del aborto

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El plenario de las cuatro comisiones a las que tiene giro el proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al aborto avanzó este jueves en la discusión del dictamen que deberá llegar al recinto el próximo 13 de junio. El plenario volverá a reunirse el martes 12. Se espera que ese día los diputados y diputadas dictaminen finalmente sobre los proyectos en debate.

Las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur) y Mónica Macha (FpV-PJ) fueron las encargadas de leer el pre-dictamen que elaboraron integrantes de los diversos bloques, en base a esa iniciativa presentada, por séptima vez, en marzo de este año. La propuesta, cuyos puntos destacados sintetizamos abajo, fue defendida por legisladoras y legisladores de todos los bloques, incluidos varios de los autores de otras propuestas en debate, como Mayra Mendoza (PJ-FPV), Araceli Ferreyra (PPV) y Sergio Wisky (PRO).

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El macrista Javier Pretto fue el primero en tomar la palabra para rechazar la propuesta de legalización de esta práctica milenaria. Le siguieron integrantes de Cambiemos y de bloques aliados, como la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. Las diputadas de la oposición también manifestaron su rechazo. Así lo hizo por ejemplo la legisladora del Frente para la Victoria-PJ Silvina Frana, quien defendió enérgicamente la idea de la “vida desde la concepción”, impuesto en el Código Civil por la cúpula de la Iglesia.

Dirigiéndose a su propio bloque, la diputada santafesina recordó que la ex presidenta Cristina Fernández creó la Asignación Universal por Embarazo, y destacó que “entonces, cuando hay medidas propositivas que acompañen a la mujer, no hace falta el aborto”. Sus declaraciones, sin embargo, contrastan con la realidad que pusieron en debate las organizaciones de mujeres, cuyo proyecto fue cajoneado en el Congreso durante 13 años, producto del acuerdo de los bloques mayoritarios.

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La “transversalidad” de las manifestaciones en contrario fue acompañada también por las manifestaciones a favor. Así, la secretaria parlamentaria de Cambiemos, Silvia Lospennato, afirmó dirigiéndose a su bloque que “la moral liberal dice que no se puede imponer como ley universal lo que uno no se puede imponer a uno mismo”. No tardó en responderle la diputada Carmen Polledo, presidenta de la Comisión de Salud y férrea opositora a la legalización del aborto. La legisladora del PRO se quejó por el uso de la palabra “antiderechos”, con la que suele calificarse a quienes rechazan que las mujeres puedan interrumpir un embarazo no deseado, y aseguró que una vez que pase la votación “vamos a presentar proyectos que impulsen todo lo que sentimos y queremos para nuestro país y las mujeres”. Un claro mensaje del que debe tomar nota el movimiento que hace décadas exige porque no haya muertas ni presas por la criminalización de la práctica.

Como señaló a su turno la diputada Nathalia González Seligra (PTS/Frente de Izquierda), el carácter histórico de este debate, que arrancó con su lucha el movimiento de mujeres, se expresa en la enorme adhesión social que despertó su reclamo. González Seligra, quien criticó duramente la intromisión de la jerarquía de la Iglesia, defendió aspectos centrales del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto y puntualizó con ejemplos concretos las experiencias que demuestran los límites que imponen figuras como la objeción de conciencia, las restricciones a la edad para acceder a este derecho y la penalización de las mujeres que abortan por libre decisión a partir de la semana 15.

El pre-dictamen

El pre-dictamen que comenzó a debatirse este jueves garantiza el derecho de las personas gestantes a acceder a la práctica ante su sola decisión hasta la semana 14 del embarazo, inclusive. Fuera de ese plazo, garantiza la interrupción voluntaria en casos de violación, riesgo de vida o de salud de la mujer o persona gestante o cuando se diagnostique “la inviabilidad de vida extrauterina del feto”. Estas definiciones reformulan los conceptos de salud y de “malformaciones fetales graves” que propone el texto elaborado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto.

De avanzar esta propuesta, deberá garantizarse a la persona gestante la información inmediata sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los “alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación”, mientras que la práctica del aborto estaría garantizada en el sistema de salud en un plazo máximo de 5 días corridos desde su requerimiento. La creación de Consejerías pre y post aborto, que también son parte de las incorporaciones al texto original, funcionarán a demanda de la persona gestante, es decir, sólo ante su requerimiento.

Otro aspecto destacado de la propuesta de dictamen es el que hace a la situación de las adolescentes y niñas menores de 16 años de edad. En este caso, la interrupción voluntaria del embarazo debería realizarse con su consentimiento informado por escrito y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del nuevo Código Civil y Comercial, que presume que entre los 13 y los 16 años de edad se cuenta con aptitud para decidir sobre “tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física”, mientras que niega ese derecho a las menores de 13. Como señaló la diputada del PTS/FIT, González Seligra, se trata también de un aspecto nodal, ya que estarán en debate qué tratamientos son invasivos y cuáles no, así como el derecho de las niñas y adolescentes a ser escuchadas y respetadas.

La creación de la figura de “objeción de conciencia individual” también es parte de las incorporaciones que tuvo el texto de la Campaña. De prosperar el pre-dictamen, las personas objetoras (que pueden ser médicos, farmacéuticos, camilleros) deberán informarlo previamente por escrito y pasarán a ser parte de un registro nacional. Por el momento, se prohibiría la llamada objeción de conciencia e ideario institucional, aunque este aspecto aún está en debate y es un punto débil en el acuerdo alcanzado entre los diputados que promueven este borrador. Como demuestra la experiencia uruguaya y más recientemente la chilena, se trata de una maniobra que, en uno u otro caso, atenta contra los derechos de las mujeres, particularmente de las más jóvenes y pobres.

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Con la mirada puesta en los votos de llamados “indecisos”, también tendrán modificaciones los artículos del Código Penal que persiguen la práctica, como el artículo 85, que pena a los profesionales que causen un aborto sin consentimiento de la mujer, y será incorporado el artículo 85 bis, que establece penas de 6 meses a 2 años para la autoridad o profesional de la salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto. Las penas aumentan de 2 a 5 años cuando la mujer no haya podido acceder a la interrupción del embarazo.

De acuerdo a la propuesta, el nuevo artículo 86 dirá que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”, y luego de ese plazo cuando medien los supuestos de violación, riesgo de vida o de salud o inviabilidad de vida extrauterina del feto. El artículo 88 penalizará por ello con 3 meses a 1 año de prisión a quien se practique un aborto luego de la semana 15 y sin que medien las causales de no punibilidad. Aunque pueda no tener como resultado la prisión efectiva, esta pena mantiene sin embargo la condena moral y el estigma social con el que se pretende perseguir a las mujeres.

Se conquista en las calles

El final de este debate no está asegurado. La “transversalidad” también está en las maniobras, y de uno y otro lado de los bloques se sientan quienes comulgan con los mandatos de los gobernadores, de la jerarquía de la Iglesia, de la especulación electoral. Sólo el Frente de Izquierda ha mantenido durante todo este tiempo, como advirtió Myriam Bregman, el apoyo sin condicionamientos al proyecto de la Campaña por el aborto legal. El grupo de “los indecisos”, como llaman a quienes aún mantienen en secreto la votación que harán en el recinto, también atravieza a todos los bloques y sigue garantizando ese final incierto, con el que también se busca condicionar el contenido del dictámen.

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Para que esas maniobras no se impongan sobre el derecho de las mujeres, para arrancar esta demanda histórica por la que tantas han perdido la vida, para garantizar que no haya ni muertas ni presas por la clandestinidad del aborto, el próximo miércoles 13 de junio las mujeres convocan a ser miles frente al Congreso y en las calles de todo el país. La marea verde, convertida en un tsunami.



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