El Estado destina miles de millones de pesos en sostener el aborto clandestino

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A pesar de las “dudas” de Vidal, distintos estudios presentados en el Senado demuestran que para el Estado es mucho más costoso sostener el aborto ilegal que aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo sostuvo hasta el ministro de Salud.

Nadie se sorprendió de que el martes pasado el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, afirme que el gasto por año a causa de los abortos clandestinos asciende a $ 3.400 millones y que podría reducirse ampliamente de legalizarse el aborto.

Nadie, excepto la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que acusó problemas de implementación y presupuestarios para su efectiva aplicación en la provincia de aprobarse la ley nacional. Estas declaraciones son una primera señal de alarma para la “marea verde” para prepararse para lo que viene en caso de conquistar este derecho: su efectivización y el acceso público y seguro para todas las mujeres, en especial para los sectores de menores ingresos.

En forma directa a Rubinstein, la gobernadora respondió en relación al presupuesto de aborto: “Él no tiene hospitales a cargo”. Incluso agregó que “tal vez sea necesario regionalizarlo, porque no todos los hospitales van a estar preparados para hacer frente a la demanda”, especuló Vidal.

Al respecto, adujo que “no podemos calcular cuál va a ser la demanda y su costo. El misoprostol (usado para el aborto farmacológico) es caro”.

Pero los datos son arrolladores. A pesar de que los sectores que se oponen a su legalización afirman que la ley de aborto legal incrementaría los gastos en salud, no existe ningún informe que pueda demostrarlo. Ya no quedan dudas de que la interrupción voluntaria del embarazo está atravesada esencialmente con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y es un tema de salud pública, no un problema económico.

Distintos estudios fueron presentados en el Senado y demuestran que para el Estado es sustancialmente más costoso sostener el aborto ilegal, que causa complicaciones que derivan en enfermedades, intervenciones, internaciones, cuando no la muerte de cientas de mujeres, que aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Visto de otra forma, en realidad lo que algunos señalan como un “costo” no es otra cosa que la contracara de un negocio clandestino de millones de pesos que lucra con la necesidad de las más vulnerables de realizar una interrupción del embarazo.

Datos oficiales

Esta semana el ministro de Salud expuso en Senadores datos muy importantes sobre el costo actual para el Estado y para las mujeres que deben destinar muchos recursos – que en la mayoría de los casos no tienen – en la interrupción del embarazo de manera clandestina. A diferencia de su exposición en Diputados, en la que había volcado información muy importante sobre las consecuencias del aborto clandestino para las mujeres y en donde argumentó en la importancia de avanzar con la legalización de este derecho, ahora el ministro tradujo los números a pesos.

Así, señaló que la estimación del costo por aborto actualmente es de $ 11.500, mientras que en caso de legalizarse sería de $ 1.914.

Siendo que la cantidad de abortos que se realizan por año es de 354.627 (según el Ministerio de Salud), el costo anual asciende en el escenario actual a $ 4.078,30 millones, mientras que de legalizarse pasaría a $ 678,60 millones.

El ministro explicó que, según datos de 2014, hay en el país 47.063 internaciones anuales en el sector público por complicaciones de abortos clandestinos, cifra que se eleva a 70.200 si se tiene en cuenta al sector privado. Todas estas cifras podrían reducirse en un 98 % con la aprobación de la ley, según Rubinstein.

Del gasto actual, el sector público destina $ 968 millones anuales, la seguridad social y prepagas $ 1.054 millones y los gastos privados (de bolsillo) de las mujeres ascienden a $ 2.057 millones. De legalizarse, la inversión en salud pública sería solamente de $ 240 millones anuales, es decir un 75 % menos, mientras que los gastos de seguridad social y prepagas disminuirían a $ 439 millones (un 58 % menos).

Otras estimaciones llegan a igual conclusión

Pero también hay otros informes que intentaron avanzar en cuantificar el ahorro que habría si se aprobase la ley. Uno de ellos es el de la senadora Nancy González titulado “El costo del aborto inseguro”. El mismo está realizado con la colaboración de las médicas Analía Messina, Patricia Rosemberg y Viviana Mazur.

Para ellas, “garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito implicaría no sólo evitar la muerte de muchas mujeres, generalmente de jóvenes de bajos recursos, sino también la reducción del 43 % de lo que destina el Estado principalmente a atender casos con complicaciones”.

Si además hubiese producción pública de misoprostol, el presupuesto para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sería un 55 % menor que lo que cuesta en la actualidad. “Quienes se oponen al proyecto no sólo avalan el millonario negocio de la clandestinidad sino también las muertes evitables.”

Por su parte, otro informe es de la economista Sonia Tarragona de la Asociación de Economía de la Salud. En este se muestra que en la actualidad el sistema de salud en su conjunto -público, privado y de seguridad social- gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que lo que gastaría si se decidiera avanzar en la legalización. En la investigación “¿Cuánto le costará al sistema la legalización del aborto?”, que elaboró junto con la economista Malena Monteverde, se sostiene que “las diferencias serían tremendamente superiores si se incluyeran además en los costos actuales los desembolsos de bolsillo destinados a contratar las prácticas en el circuito clandestino”.

Pelear por el derecho y también por su efectiva implementación

A pesar de los datos contundentes – tanto de estudios particulares como los arrojados por los datos del ministro de Salud – del “ahorro” que significaría el acceso público y gratuito a la realización de un aborto legal frente a la situación actual en que miles de mujeres acuden a prácticas muy costosas e inseguras, es necesario remarcar lo siguiente: aún si el derecho al aborto implicase un costo mayor, la sociedad está discutiendo la imperiosa necesidad de garantizar que ninguna mujer más muera por abortos clandestinos y la deseabilidad social del libre derecho, elemental y democrático, de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Los datos económicos y las estimaciones presentadas sólo ayudan a despejar dudas. La lucha por el derecho al aborto atraviesa un momento histórico, de lo que se trata es de multiplicar los esfuerzos en las calles y en todos los debates para terminar de conquistarlo, peleando asimismo por el presupuesto efectivo para su aplicación en todos los hospitales.

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