El lobby de la Iglesia contra el aborto legal se intensifica en el Senado

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La votación en el senado sigue con final abierto. La jerarquía de la Iglesia intensifica su lobby. Para que el aborto sea ley, la tarea es preparar el paro y la movilización masiva.

Con detalles pergeñados desde Roma, que incluyeron reuniones en las sombras del Papa Bergoglio con la gobernadora Vidal y la ministra Stanley, la jerarquía de la Iglesia decidió jugar las cartas que conserva.

Para ejercer presión desde todos los frentes, despliega una ofensiva inescrupulosa desde las escuelas y hospitales que administra con la venia del Estado, así como desde las misas y reuniones que mantiene con funcionarios y legisladores de diversos bloques. Aunque no despierta entusiasmo ni gana nuevos adeptos, la cruzada oscurantista ha dado un salto.

El lobby de la Iglesia

Después de la media sanción que arrancó la movilización masiva, el giro en la campaña eclesiástica fue consagrado por la Conferencia Episcopal Argentina. Hubo misas con funcionarios de Cambiemos en el Tedeum del 9 de julio, una reunión con veintidós diputados y diputadas de todos los bloques que votaron en contra de la media sanción, y audiencias informativas de la Cámara alta, donde volvieron a exponer médicos, abogados y periodistas que trabajan para el lobby de la cúpula clerical.

Un dato en esas audiencia fue el silencio de los integrantes del Frente para la Victoria, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, quien luego de rechazar 12 años el tratamiento del proyecto, por creencias personales y religiosas, anunció que votará a favor de la legalización. Al interior de Cambiemos, la noticia la dio la bonaerense Gladys González. La candidata a intendenta del partido de Avellaneda, que el oficialismo se propone disputar al peronista Jorge Ferraresi, pasó de su comprometido voto en contra a un apoyo a la media sanción.

En este último tramo del debate parlamentario, y ante la enorme simpatía que conquistó el reclamo del aborto, la jerarquía de Iglesia busca dar también un mensaje de “unidad”. Desde la elite de la Conferencia Episcopal Argentina que tiene como representante a Oscar Ojea, hasta los llamados “curas villeros” que se referencian con el Padre “Pepe” Di Paola (quien afirmó este sábado que el aborto es un problema “de las mujeres de clase media”, y “no de las mujeres pobres”), todos cerraron filas para calificar de “antinatural” el reclamo de este derecho, cuya negativa sigue condenando a las mujeres -fundamentalmente a las más jóvenes y pobres- a morir por la clandestinidad.

Hacia el 8 de agosto, temiendo una movilización superior a la del 13J, el clero busca extender el lobby también hacia la conducción de las centrales sindicales y de algunos movimientos sociales con los que mantiene vínculos, a través de su enrolamiento con el Papa argentino. Así parece expresarlo la preparación de la jornada convocada en el marco de la conmemoración, un día antes, de San Cayetano. Ese día, como en años anteriores, se harían presentes el llamado “tridente San Cayetano” (que integran el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – CTEP, la Corriente Federal, la CTA de los Trabajadores alineada con Yasky y la CTA Autónoma alineada con Michelli, también cruzadas por el debate de la legalización de la interrupción del embarazo.

En algunos lugares el debate se hace muy concreto. En la CTA Autónoma que conduce “Cachorro” Godoy, por ejemplo, un importante sector de trabajadores y trabajadoras repudiaron la participación del dirigente en un encuentro de la Iglesia con María Eugenia Vidal, exigieron un pronunciamiento concreto en favor del aborto y el cambio de fecha de la elección convocada, justamente, para el 8A.. El debate también atravesó públicamente a la conducción de la CGT, que debió recibir a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, junto a una treintena de referentes sindicales, por su negativa a garantizar en las obras sociales el acceso a la práctica.

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Iglesia y Estado, asuntos separados

La jerarquía de la Iglesia busca contener la potencialidad de la fuerza que hoy se expresa en la pelea por el aborto legal, cuestionando sus mandatos y su papel en la sociedad. Su preocupación no es “la vida”, sino la defensa del poder social, político y cultural que le garantiza es rol, puesto tantas veces al servicio de mantener este orden social. De hecho, obtuvo por ello retribuciones diversas, como las que significan los millones de pesos con los que se la financia de manera directa, en concepto de dietas, jubilaciones de privilegio, pasajes, becas y otros aportes monetarios de los que ningún trabajador o trabajadora puede disfrutar. Con leyes que provienen de la dictadura, que ningún gobierno constitucional quiso derogar, hoy no sólo obtiene aportes millonarios por parte del Estado, sino también un poder de veto sobre derechos elementales, como los que establecen las leyes de educación sexual integral, de salud sexual y procreación responsable, o de adhesión a los protocolos de abortos no punibles.

Para que el 8 de agosto la interrupción voluntaria del embarazo se convierta en ley, la respuesta hay que darla con la movilización de millones en las calles: el único lenguaje que entiende el Congreso Nacional. Como mostró el pasado 13J, cuando la marea verde arrancó la media sanción a la Cámara de Diputados, esa es la principal herramienta con la que cuentan quienes quieren conquistar el aborto legal.

En los próximos días, la Campaña Nacional intensificará sus acciones, con los martes y miércoles verdes frente al Senado y con acciones a nivel federal, en las diversas provincias, como parte de la preparación de la movilización llamada para ese día. Para que sea una nueva acción masiva, no sólo para arrancar el aborto legal, sino también para enfrentar el plan de ajuste que quieren imponer sobre el pueblo trabajador, la preparación de esa acción no puede construirse de otra forma que con la organización de miles desde abajo, con asambleas y comisiones de mujeres, con pronunciamientos y compromisos públicos de las centrales y sindicatos, con medidas como el paro y el cese de actividades, para que todas y todos puedan participar.



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