En Jujuy se siguen entregando los recursos naturales a las mineras

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En el Acto en conmemoración del día de la Minería y en el almuerzo con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) el Gobierno de Jujuy reivindicó el nuevo pacto federal minero, que va a cambiar las regulaciones mineras a un pagó máximo del 3% de regalías sobre el valor bruto de venta del mineral.

Fiel a sus intereses de clase, el Gobernador participó de distintos eventos por el día de la Minería, dónde declaró su apoyo a las decisiones del presidente Mauricio Macri para darle un marco de desarrollo a la actividad minera, a partir de la eliminación de las retenciones y de la concepción de las inversiones de riesgo.

La situación económica se encuentra frágil y atravesada por profundos desequilibrios económicos: déficit fiscal, déficit corriente externo, alta inflación y atraso cambiario, entre los más notorios. En este marco, el acuerdo es una nueva declaración de buenas intenciones para enmarcar cuestiones impositivas, criterios ambientales y “responsabilidad social” a medida de los intereses de las empresas.

Este también es una manifestación de continuar con el encubrir del trabajo en negro de los grandes empresarios, ya que el presidente afirmó “Creemos que (la minería) puede ser un gran pilar en la generación de empleo”, tras asegurar que “por cada puesto de trabajo directo, la minería genera cinco puestos de trabajo indirectos”.

Los pueblos originarios en Jujuy y las políticas de este gobierno

A pesar que el gobernador Morales se muestra de manera accesible a la participación de las comunidades. Los integrantes de las mismas denuncian la falta de respuesta por parte del gobierno provincial a sus demandas, como la prórroga de la Ley Nº 26160, derogación de la Ley de Servidumbre N° 5915 y contra el hostigamiento a integrantes de las comunidades como en Ocloyas o en Volcán. Denuncian que la Ley de Servidumbre posibilita la instalación del Parque Solar y de un electroducto sin consulta previa, y a la misma vez plantean conocer de qué manera se realizará la regulación y el reconocimiento de las comunidades que faltan relevar a través de la Ley 26.160.

Las comunidades originarias en numerosas oportunidades se manifestaron contra la megaminería a cielo abierto y reiteraron sus demandas a que se realice la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, tal como lo establece la Constitución Nacional y tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

Además, reclaman poder participar de la decisión de los emprendimientos y del estado, en Chinchillas, la contaminación y sequía que padecen en Cauchari, y además de la cuenca de Guayatayoc. Dichos emprendimientos fueron señalados por el Gobernador como grandes desafíos.

Sobre este último, las comunidades quieren tener mayor información sobre cuándo fue aprobado el proyecto de la empresa jujeña Horizon Resources Jujuy S.A., proyecto de energía renovable denominado “Guayatayoc Norte” en casi mil setecientas hectáreas de extensión, territorio donde hoy se encuentran comunidades, que no fueron informadas sobre el desarrollo del mismo.

El nuevo pacto federal minero

El Acuerdo sustituye el de 1993, este incorpora un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado; un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales.

Entre los puntos destacados se establecen criterios generales en lo que respecta a las regalías que pagan las empresas extractivas, fijándose un máximo de 3 % sobre el importe total de los ingresos brutos devengados por todo concepto derivados de la comercialización de las sustancias minerales, que dependerá de la voluntad de los gobernadores de cada provincia quienes decidirán si optan por adoptarlo o no. De esta forma, bajo el incentivo de recibir inversiones, cada provincia podrá decidir “regalar” los recursos naturales.

El texto del Acuerdo fue discutido por los estados provinciales y la Nación durante el último año en el seno del Consejo Federal Minero (COFEMIN), fue suscripto por el presidente Mauricio Macri y los gobernadores en Casa de Gobierno, con excepción de Chubut, La Pampa (que no admiten la explotación de recursos minerales en sus territorios) y La Rioja.

Escenario minero nacional

De acuerdo al informe presentado el 2017 por la consultora especializada KPMG, el escenario minero nacional posee un presente y una proyección resultante de varios factores: la estadística indica que, desde 2017 a la actualidad, las cifras de producción e inversión revisten un crecimiento respecto a años anteriores: “Bajo la información relevada por el INDEC hasta el segundo trimestre de 2017, el valor de producción de la minería podría estar cambiando su tendencia, lo que significaría un mejor desempeño para 2018 y años posteriores.

En lo relacionado a inversiones, el litio, nuevo mineral estrella, podría estar ayudando a torcer el comportamiento disímil observado hasta 2016 con importantes anuncios para el sector, entre los que se destaca el de la canadiense Enirgi Group (ADY Resources), que destinará alrededor de US$ 720 millones para la construcción en Salta de la planta procesadora de litio más grande del mundo (la cual se estima estará en operación para 2019); el de Sales de Jujuy (del Grupo Orocobre), que desembolsará US$ 200 millones en la instalación de una nueva planta de litio en Jujuy; o el de la minera Exar, que invertirá $ 500 millones en el proyecto de litio del salar Caucharí-Olaroz .

Minería Sustentable

A pesar que Morales destacó la creación del Ministerio de Ambiente y validó un desarrollo posible entre la producción minera con el cuidado del ambiente. Las comunidades demandan no tener participación y no conocer los estudios de impacto ambiental que esta institución debe probar.

El gobierno nacional y provincial llegaron prometiendo un cambio y políticas ambientales, sin embargo, el cambio llegó en beneficio de las patronales agrarias, mineras e industriales, el sector energético y el financiero mientras que los trabajadores, las comunidades originarias y los sectores populares soportaron el ajuste.



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