Gerardo Morales inaugura el ajuste del FMI y el salario estatal pierde por goleada

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Con la decisión de fijar unilateralmente un segundo aumento del 5% en los salarios de docentes y estatales, el gobernador Gerardo Morales, se ubica dentro de los abanderados del ajuste que exige el FMI. Hace falta un plan de lucha de los gremios.

En el día de ayer el gobernador, Gerardo Morales, en conferencia de prensa junto a sus ministros, anunció un segundo aumento del 5% en los salarios de los trabajadores estatales y docentes. El mismo se aplicaría en la liquidación del mes de junio. Se haría una nueva actualización en el mes de octubre por igual monto.

De esta manera, el salario estatal que tuvo un primer aumento del 5% en los salarios de marzo, pierde frente a la inflación. Según la DIPEC, la variación del índice de precios acumulada hasta abril fue del 9,2% y en el NOA del 10,2% según el Indec. Y en el mes de mayo se espera una inflación superior al 3%, por lo cual, el aumento de junio que fija el gobierno queda muy por detrás, en un año donde el BCRA estima una inflación, al menos, del 27%.

El cuadro de situación de las familias trabajadoras estatales se agrava si comparamos el nuevo mínimo fijado por el gobierno en 10.000 pesos, cuando según el INDEC, la canasta de bienes y servicios para una familia tipo -cuatro miembros-, asciende a $18.258.

En el caso de los docentes, el primer 5% había significado la miserable suma de 545 pesos, y con esta segunda cuota y un mínimo que ascendería a 12.000 pesos, no se modifica la grave situación de estar dentro de los últimos cuatro lugares de los docentes peores pagos del país.

Esto se agrava en una provincia en donde la mitad de los trabajadores tiene ingresos menores a 9600 pesos según el último dato publicado por el INDEC (EPH, tercer tr. 2017). Peor situación corren los jóvenes con un 87% de trabajo en negro según un informe del ministerio de Trabajo de la Nación.

Fuertes contrastes

La difícil realidad de la mayoría de las familias trabajadoras contrasta fuertemente con los privilegios de los funcionarios que ganan varias canastas familiares al mes. En el caso de la ministra de Educación Isolda Calsina puede adquirir 3,5 canastas ($64.740), el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, 4,6 canastas ($84.804), y el ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, 2,9 canastas ($52.434).

A partir del acuerdo firmado por el gobierno nacional y el FMI, que fue en principio solicitado también por los gobernadores, en el caso de la provincia de Jujuy se ubica a la avanzada de ajustar el gasto por lo más fino. Mientras benefician a los grandes grupos económicos con reducción a más de la mitad de las alícuotas de los ingresos brutos como implementaron desde enero.

Recordemos que en el presupuesto 2018, la partida para gasto en personal, tenía un aumento del 34%. Con el 15%, en tres cuotas, la diferencia (de casi 20 puntos) significa un ajuste acorde a la reducción del déficit fiscal nacional que comprende menores partidas para las provincias, una reducción del 74% en el proyectado hasta 2020, cuando debería alcanzarse el “déficit cero”.

Que la crisis la paguen ellos

Frente a este duro ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, sea hace necesario que los gremios convoquen asambleas e iniciar un plan de lucha para tirar abajo el acuerdo con el FMI, por una aumento salarial del 27% -con cláusula gatillo- y porque ningún trabajador gane menos que la canasta familiar. El paro que convocan los gremios docentes, ADEP y CEDEMS, en el día de mañana debería ser el inicio de estas medidas de lucha y organización. Esta vez no podemos permitir que se repita la historia, tenemos que ganar nosotros.



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