Incertidumbre en la comunidad de personas con discapacidad por pensiones no contributivas

0
34


Una gran incertidumbre tomó a la comunidad de personas con discapacidad por un nuevo requisito administrativo, informado a través del ticket de cobro. En el marco de la vuelta al FMI que avecina nuevos y más profundos recortes fiscales, los nervios de la comunidad de tensan.

En las últimas semanas, una gran incertidumbre recorrió a la comunidad de personas con discapacidad, ya que un nuevo requisito administrativo fue “informado” a través del ticket de cobro.

En redes sociales se plantó la duda por una posible nueva jugada burocrática del Gobierno Nacional para profundizar los recortes en las pensiones no contributivas. Un llamado a reactualizar datos, se dejaba leer tímidamente en el recibo, que sólo por mencionar el caso de personas con discapacidad visual, no podían anoticiarse por sus propios medios.

El revuelo que esto generó luego de semanas, obligó que la Agencia Nacional de Discapacidad, colocara un recuadro en su página de internet donde aclaran que deberán acercarse al Centro de Atención Local más cercano, aquellos con un registro domiciliario desactualizado, y que esto “no implica ninguna modificación, ni suspensión en el pago de las pensiones”.

No es casualidad esta reacción del colectivo de personas con discapacidad, ya que no sería la primera vez que con una maniobra administrativa y vagamente informada se encubre un recorte de las pensiones.

En el marco de las negociaciones que el ejecutivo inició para una nueva toma de deuda con el FMI, cuyos requisitos serán mayor ajuste fiscal, todavía resuenan las palabras que como excusa esgrimió Carolina Stanley el año pasado: “hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos lo meses, para ver quién merece la pensión”.

Cambiemos buscó mostrarse como “el mejor equipo de los últimos 50 años”, generando una imagen de inclusión a personas con discapacidad, en las figuras de la vice-presidente Gabriela Michetti y el negrero ministro de trabajo, Jorge Triaca.

Pero muy pronto se puso al descubierto su verdadera política. Según datos del CEPA se calcula que hasta el año 2017, se produjeron 71.706 bajas y suspensiones a personas con discapacidad, sumadas a otras 11.427 pensiones no contributivas que perciben mujeres sostén de hogar con al menos 7 hijos. Y frente a la indignación social que despertaron estas medidas, el macrismo buscó desentenderse de sus propias políticas con una conocida receta: echó al Guillermo Bandino, quien era presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

En Argentina, según el Censo del 2010 hay 5 millones de personas con discapacidad, esto es el 12,9 % de la población. La pensión que reciben son unos escasos $5.700. Y según un informe de la consultora Adecco de agosto de este año, el 75 % de las personas con discapacidad está imposibilitado de trabajar y el 44 % de esas personas son “cabeza de hogar”. Aunque en Argentina existe una ley de cupo laboral que le exige al Estado y empresas privadas concesionarias del servicio público que el 4 % de sus puestos laborales sean para personas con discapacidad, esto jamás llegó a cumplirse.

Es notable que la Agencia Nacional de Discapacidad, haya tenido que dar aunque sea una respuesta soslayada frente al estado de alerta que se generó. Y muy comprensible la reacción del colectivo de personas con discapacidad, en un año donde el saqueo a los trabajadores continúa sin descanso.

Desde el robo a los jubilados que pactaron con diputados y gobernadores peronistas en diciembre, el congelamiento de paritarias por debajo de la inflación que dejan pasar sin resistencia los dirigentes sindicales y los tarifazos impagables en servicios públicos.

Para una salida de fondo, que evite un nuevo saqueo nacional al pueblo trabajador argentino, necesitamos que las centrales sindicales se pongan a la cabeza de desarrollar un plan de lucha nacional que contemple el no pago de la deuda externa y la nacionalización de todos los servicios públicos bajo gestión de sus trabajadores.

Y de esta manera contar con un presupuesto público que se destine en garantizar pensiones y subsidios a todas aquellas personas que lo necesiten, además de exigir el efectivo acceso al trabajo de las personas con discapacidad.



Source link