La demagogia de los obispos demuestra que es urgente separar a la Iglesia del Estado

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En marzo de este año, poco antes que iniciara el debate sobre aborto, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo que el presupuesto destinado a la remuneración de los obispos y arzobispos significará para el Estado, al finalizar el año, 130.421.300 pesos.

La noticia trascendió rápidamente y estuvo presente en la memoria de millones durante los meses que duró el debate sobre aborto, donde la jerarquía clerical, con indicaciones de Bergoglio, desarrolló una intensa campaña contra el derecho de las mujeres, en alianza con funcionarios y referentes políticos de todo orden.

Esta semana, luego de ese amplio rechazo, la Conferencia Episcopal Argentina admitió que hay tratativas para renunciar a una parte del financiamiento estatal. Una devolución de favores al gobierno nacional y a la oposición peronista, que pidieron no enojarse con la Iglesia y garantizaron que no se apruebe la ley de interrupción de los embarazos no deseados.

El gesto de la cúpula religiosa puede leerse desde distintos ángulos, y hay algunos que son bastante elocuentes. Mientras la crisis económica vacía el bolsillo de millones, el financiamiento de la Iglesia -que proviene de los impuestos que pagamos todas y todos-, se mantiene y hasta crece, como lo muestra el aumento de salarios que beneficia a la curia desde agosto. La suma a la que renunciaría el clero, de acuerdo a los anuncios de esta semana, representa sin embargo sólo una ínfima parte del Presupuesto General de la Nación, en tanto que para el propio presupuesto que maneja la institución milenaria, representaría apenas un 7% de sus ingresos.

Es que, a los 130 millones de pesos que reconoció Marcos Peña, deben sumarse otros tantos aportes que la Iglesia recibe desde la dictadura en concepto de subsidios, pasajes, becas y jubilaciones de privilegio. Eso sin hablar de los millones que recibe de manera indirecta, a través de diversas instituciones del Estado, mediante el financiamiento de la educación confesional, la obra pública, las donaciones privadas de inmuebles y terrenos y una larga lista de aportes y negocios que engrosan anualmente su incalculable patrimonio.

Para insistir sobre este punto y fortalecer la demanda de inmediata separación de la Iglesia del Estado, el diputado Nicolás del Caño lanzó hace algunas semanas, poco después de la negativa del Senado, una campaña de firmas que busca promover que se deroguen los decretos de la dictadura que garantizan buena parte de ese financiamiento.

“Junto con la derogación de esos decretos que impuso el golpe genocida, nuestro proyecto propone terminar con acuerdos como los que impuso el gobierno de Onganía en 1966, que le dan a la Iglesia el beneficio de aplicar el derecho canónico por sobre cualquier norma argentina: un tratamiento especial, como si se tratara directamente de un Estado extranjero”, explicó el referente del Frente de Izquierda. Del Caño contó que “también proponemos derogar el artículo 146 del Código Civil que en la reforma impulsada por el gobierno de Cristina Fernández, en 2014, volvió a beneficiar a la Iglesia Católica al distinguirla como ‘persona jurídica pública’, dándole el mismo tratamiento que a una institución del Estado”.

La propuesta de la izquierda recogió en pocos días más de cien mil firmas. “Es otra muestra del enorme rechazo que genera la intromisión del clero en la vida de millones”, afirmó Del Caño. Junto a Nathalia González Seligra en el Congreso Nacional, el FIT volverá a insistir en estos días con nuevas presentaciones. “Queremos que sean un aporte a la campaña que se desarrolla en todo el país para exigir la separación de la Iglesia del Estado”, contó a La Izquierda Diario.

Además, destacó que “en todas las provincias en las que tenemos representación parlamentaria estamos exigiendo que se termine con estos privilegios”. Es que, como denuncian desde la izquierda, las exenciones impositivas y las cesiones de propiedades inmuebles son otras de las vías que engrosan el financiamiento de la Iglesia. “A estos beneficios ‘indirectos’ tampoco va a renunciar la jerarquía de la Iglesia”, advirtió este jueves Myriam Bregman al presentar junto a Patricio del Corro un proyecto que exige restituir 18 inmuebles públicos que fueron entregados por el gobierno porteño, varios de ellos de manera ilegal.

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“Al estudiar el tema salen a la luz los enormes privilegios que hoy tiene la Iglesia católica. No sólo no pagan impuestos en la Ciudad, sino que comprobamos una serie de irregularidades en varios terrenos que ocupa, como usurpaciones ilegales durante años, hasta que consiguen alguna ley que lo legitime. Hay terrenos en zonas de enorme valor como Palermo o Barrio Norte, pero también inmuebles en la zona sur donde faltan escuelas y hospitales. No tiene ninguna lógica”, manifestó.

Junto a Patricio del Corro, Bregman denunció también que la Iglesia se aprovecha de esas exenciones del pago de impuestos para su propio lucro. “Es lo que sucede por ejemplo con la Iglesia Dulcísimo Nombre de Jesús en Saavedra, que primero se apropió en forma ilegal de un predio de la Ciudad y luego utilizó su permiso de uso gratuito para hacer campeonatos de fútbol los fines de semana, en abierta contradicción con la ley”.

Casos similares han denunciado los parlamentarios del FIT en otras localidades y provincias, como en Neuquén, Jujuy y Mendoza, donde también dieron a conocer el enorme patrimonio con el que cuenta la Iglesia, gracias a las donaciones de los Estados locales y a la eximición de la que goza para el pago de impuestos, los subsidios millonarios que recibe para la construcción de Iglesias, Capillas y Parroquias, retiros espirituales, encuentros pastorales, viajes y actividades de todo tipo, entre las que se encuentran aquellas que buscan limitar los derechos democráticos.

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El financiamiento estatal a esta institución milenaria garantiza su injerencia en la definición de las políticas de Estado. Es lo que demostró la campaña reaccionaria que impulsó la jerarquía de la Iglesia contra la anticoncepción gratuita, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario, el divorcio, o más recientemente el aborto legal. También es lo que demuestra la impunidad que encubre a los curas abusadores, como vimos en el caso del Instituto Próvolo de Mendoza, por citar un ejemplo.

La marea verde que masificó la lucha por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dejó planteada esta tarea, la de separar definitivamente a la Iglesia y el Estado. Junto al pañuelo verde, la popularización del pañuelo naranja, que promueve ese reclamo, muestra cuán sentida y actual es esta demanda. “Al servicio de fortalecer esta campaña, que ya se desarrolla con fuerza en distintos lugares del país, ponemos a disposición los proyectos y las bancas del Frente de Izquierda”, sostuvo al respecto Nicolás del Caño.



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