La devaluación del título en arquitectura

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La Resolución 1254/18 publicada el 15 de Mayo en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación es un avance sin precedentes del modelo privatista en la carrera

Foto: Fundamentalista de Ciudad

La Resolución 1254/18 publicada el 15 de Mayo en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación es un avance sin precedentes del modelo privatista en la carrera de Arquitectura, implica recortar a cuatro las actividades profesionales reservadas al título.

Esta resolución está enmarcada en la Ley de Educación Superior (LES) [1] y tiene como objetivo profundizar la mercantilización de la educación pública y elitizar el sistema educativo. Los distintos gobiernos se apoyan en esta ley ante la imposibilidad de privatizar la educación directamente. Habilita y promueve los posgrados arancelados en detrimento de las materias de grado para la generación de “recursos propios” de la facultad, así como son las concesiones a empresas privadas de los espacios públicos de la universidad.

¿Qué implicancias tiene?

La ejecución de la Resolución 1254/18 es un ataque por dos vías: primero la académica-institucional y segundo la profesional-laboral.

En relación a la primera, implica el recorte de contenidos a nivel de grado y su traslado a posgrados arancelados. Esto se traducirá en un cambio profundo en los planes de estudio, por lo cual la gestión tendrá vía libre para avanzar en la mercantilización de los contenidos académicos.

En cuanto a la segunda, restringirá las posibilidades laborales ya que se anticipan nuevas carreras específicas de carácter técnico no universitario, tanto en el ámbito público como en el privado, que responderán a las demandas del mercado de manera más rentable para los empresarios.

Los pronunciamientos por parte de las entidades que nuclean el campo profesional y académico de la arquitectura fueron variados.

En contra se manifestaron los consejos profesionales tanto de capital federal (CPAU), el de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA), la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y la Federación de Entidades de Arquitectos (FADEA).

En el ámbito académico, el Consejo Superior de la UBA expresó su rechazo, mientras que por el contrario tanto el Consejo de Decanos y Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), como el decano Guillermo Cabrera por la FADU se pronunciaron a favor, intentando explicar que la resolución no recorta incumbencias ni modifica el alcance del título. Los argumentos no resisten el menor análisis, pero intentan generar confusión.

Lejos de la “expansión interdisciplinaria” que prometen (que ya es posible, dado que las actividades reservadas pueden ser comunes a varias carreras), lo que buscan es soltar las manos a las camarillas académicas para que generen más mercancías universitarias, sean “titulaciones” de posgrado o campos de formación (nuevas carreras cortas).

La devaluación del sistema educativo

El recorte en las actividades profesionales reservadas y de conjunto la estrategia de la LES vienen a resolver una contradicción más profunda del sistema educativo, que tiene que ver con el peso que ha conquistado el sistema de formación universitaria en contraste con un modelo productivo cada vez más primarizado.

La masividad en las universidades las ha vuelto instituciones “costosas” para el Estado y los distintos gobiernos de turno, así como un problema para el “mercado laboral” que no puede absorber esa “sobrecalificación” en la demanda de empleo y que a su vez se contrasta con la precariedad del mismo.

La mercantilización del sistema universitario es parte de la herencia neoliberal, así como la precarización laboral –flexibilización–, la reforma jubilatoria, o las privatizaciones de empresas de servicios públicos. Todas se mantuvieron tras 12 años kirchnerismo, incluida la LES. Si bien hubo un aumento en el presupuesto educativo en ese período [2], al mismo tiempo disminuyó la calidad educativa de conjunto con uno de los presupuestos más bajos en la historia.

Mientras tanto continuaron pagando cada peso de la ilegítima y fraudulenta deuda externa que se contrajo en gran parte en la última dictadura militar. Una deuda que ante un nuevo acuerdo con el FMI volverá a incrementarse. Sobre esa base pretende avanzar Cambiemos en la aplicación de su plan de ajuste que ya está en curso.

Mira también: ¿Qué pasa si no pagamos la deuda?

La situación de la FADU

La gestión quiere implementar desde el año que viene el nuevo plan de estudios de Arquitectura. Lo mismo ocurrió con los planes de estudio de Indumentaria y Textil y Diseño Gráfico, los cuales se hicieron a la medida del modelo empresarial, por más que no entren en el marco de esta resolución por no ser carreras de “interés público”. [3]

Además, ambos procesos fueron completamente antidemocráticos. La elaboración de los planes de estudios -de los cuales no hubo siquiera borrador previo para discutirlos- se dio a espaldas de los estudiantes y docentes. El resultado fue la eliminación de contenidos, de talleres y de cargos docentes, sumando pasantías gratuitas para las empresas.

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No queremos pagar la deuda con nuestra educación

En el centenario de la reforma universitaria, que hizo de acceso público a la educación superior, tenemos que seguir peleando para que la educación no sea un privilegio de unos pocos sino un derecho. Estamos en un escenario donde la clase dominante se prepara para un nuevo saqueo contra el pueblo trabajador. Ya lo hicieron durante la dictadura, luego a finales de los ‘80 y durante el menemismo culminando en la crisis del 2001. Cada uno de esos saqueos provocaron un retroceso del que no hubo vuelta atrás.

Los estudiantes tenemos que dejar en claro que no queremos pagar la deuda con nuestra educación. Tan solo con un tercio de lo que se paga de deuda externa alcanzaría para que no exista un solo docente ad-honorem en la universidad pública.

Ante todos estos ataques, la salida es organizarse para tirar abajo la resolución 1254 y exigir la derogación de las leyes antieducativas como la LES y la triplicación del presupuesto universitario en base al no pago de la deuda.

Pero también para cambiar el curso de la orientación académica desde la que se podrían elaborar los planes urbanos innovadores que resuelvan el déficit habitacional que tengan como protagonistas a las grandes mayorías urbanas aliadas al movimiento estudiantil.

La deuda no es nuestra, es con la educación. Que la paguen los que la generaron.


[1] Es necesario recordar que esta la LES fue recomendada por los organismos de crédito internacionales como el Banco Mundial y el FMI, votada en 1995 y sigue en pié desde entonces. Para su implementación fue necesaria la creación de la CoNEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), organismo que evalúa las carreras que ingresan en el proceso de acreditación.

[2] El aumento del PBI en educación durante el periodo 2003-2013 tiene que ver con la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense, del 0.96 al 1.32% del PBI (menor aún que el periodo 1983-2001), que reprodujo la precariedad de recursos para las universidades.

[3] Según el artículo 43 de la LES, las que son definidas como “profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes”.



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