Mientras se cocina el acuerdo, Gobierno y FMI buscan tirar la pelota a la otra cancha

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El director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI sostuvo ayer que “este será un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino”. Todos saben que las políticas que impulsa el gobierno y el FMI conducen a severas consecuencias. Ninguno quiere pagar los costos políticos del ajuste.

Transcurre en Argentina el veto presidencial a la ley que limita los incrementos de las tarifas de servicios públicos y el Gobierno lanza un fuerte ataque contra los empleados públicos.

En simultáneo, cinco funcionarios argentinos permanecen en Washington luego del fin de semana para negociar los “detalles técnicos” del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), o en criollo, los términos del ajuste.

Algunos medios señalan que podría ser esta semana cuando el “superministro” Nicolás Dujovne viaje a Estados Unidos para sellar el acuerdo con Lagarde, aunque aún suena un tanto apresurado. Sin embargo, poco se sabe de un pacto que se teje a puertas cerradas y de espaldas, como no podría ser de otra forma, frente a sus principales perjudicados: el pueblo trabajador.

Para el gobierno, el “plan acelerar” no llega en el mejor momento. En este sentido, el llamado repentino al FMI en medio de la corrida cambiaria de fines de abril y principios de mayo le permite quitarse cierta responsabilidad de encima ante medidas de ajuste económico y fiscal que ahora, con más claridad, la opinión pública comienza a adjudicar (y con bastante razón) al organismo.

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Por otra parte, lo poco que se conoce del acuerdo son los escuetos comunicados del Fondo, en los que se dejan entrever “buenas intenciones” para negociar con el gobierno de Mauricio Macri.

En el día de ayer, un nuevo comunicado por parte de Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, indicaba que “El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han mantenido un diálogo muy constructivo y cercano en respuesta a la solicitud de las autoridades de apoyo financiero para su plan económico. Las conversaciones están bien avanzadas.”

“Como hemos dicho desde el principio, este será un plan impulsado por las prioridades del gobierno argentino, con un enfoque particular en la protección de los más vulnerables y el fortalecimiento de la economía argentina a la luz de la reciente turbulencia en los mercados financieros.”

Estas últimas palabras dan cuenta de otro partido que está siendo jugado: el de quién se hará responsable por los costos políticos de la crisis que las políticas de “austeridad” podrían autoinflingir sobre la economía y la sociedad argentina.

El Fondo Monetario se juega ahora a que la autoría de las recetas a aplicar sean de Mauricio Macri y su equipo. Christine Lagarde ya dio la orden de que así sea. No sólo por la imagen que el organismo pretende salvar de sí mismo, luego de que la experiencia histórica muestre las consecuencias nefastas de sus intervenciones (como recientemente en la crisis Griega), sino también porque considera que la existencia de una cierta “soberanía del ajuste” le permite tener más posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque sólo así, entiende, el gobierno local podrá lograr un consenso burgués interno para hacer pasar sus políticas antiobreras y antipopulares.

El gobierno también entiende que su rol es tener el papel de la iniciativa. La semana pasada los anuncios de Dujovne y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, mostraron la crudeza de una ideología antiestatal y el cinismo de quienes destinan el equivalente al sueldo mensual de 10 empleados para aviones de cabotaje y otros lujos. Pero este “símbolo” del ajuste en el Estado, al decir de Ibarra, que de concretarse implicará enormes penurias para miles de trabajadores (despidos, rebajas salariales), es cierto que “sólo” permitirá al erario público ahorrarse $ 20.000 millones. El ajuste que solicita el FMI para que el plan “cierre” supera en más de 10 veces ese valor.

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El consumo ya comenzó a caer, la inversión, según estimaciones de ITE-Abdala, también se redujo 3,9 % el mes pasado, y las consultoras visualizan un segundo semestre en franco retroceso de la actividad. El producto bruto terminará este año por debajo del crecimiento más que anémico del 2 % e incluso por debajo del 1,5 %.

Para repuntar la inversión, dicen los “expertos” del mainstreem, hay que bajar los costos laborales y apostar a la reforma laboral. Es que, para las patronales y sus ideólogos y representantes, nunca se deja de aprovechar la ocasión para introducir el bocado de la flexibilización de los trabajadores como única salida. Este plato se acompaña de un trago fuerte de más devaluación y endeudamiento.

¿Es el gobierno o es el FMI quien demanda el curso del ajuste y la crisis por venir? En la cancha la pelota se tira de un lado al otro, pero los fundamentos y los objetivos son por ambos compartidos. El primero, queriendo acelerar el ajuste lo más posible, intentando para ello correr la relación de fuerzas entre las clases, un equilibrio complejo si quiere salir airoso dada la cercanía a las elecciones de 2019.

El segundo, entendiendo esta alquimia que atraviesa un gobierno de derecha que accedió al poder por la via de elecciones democráticas en América Latina al que conviene ayudar en honor a las apariencias, presiona no obstante por lograr una estrategia de ir más a fondo con el ajuste. No deja de ser, a fin de cuentas, un banco. Y no cualquier banco, sino aquel que condensa los intereses del gran capital financiero internacional.

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