Obispos de Córdoba dicen que el aborto llevará al país a una "dictadura"

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Quienes forman parte de una institución cómplice de la última dictadura militar, se volvieron a meter en la discusión sobre el aborto. Llamaron a los senadores por Córdoba a votar en contra.

Los obispos de Córdoba se sumaron a la movida nacional de la Iglesia en contra de la legalización del aborto y, en una carta abierta a la comunidad, advirtieron que -de aprobarse la ley- el país “se convierte visible o encubiertamente en dictadura”.

“Creemos que una democracia que no respete toda vida humana se convierte visible o encubiertamente en dictadura de los que ostentan más poder, porque cuando no se respeta la vida del más débil la libertad se convierte en ocasión de dominio y arbitrariedad”, señalaron.

Los obispos afirmaron: “Les compartimos que nuestra oposición al aborto no surge, en primer término, de un dogma o de razones puramente religiosas.” Curiosamente, en toda la carta sus argumentos o “razones” son únicamente de acuerdo a su dogma y creencias.

Esta carta fue dirigida a los senadores por Córdoba que vienen impulsando modificaciones en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Los senadores Carlos Caserio del PJ provincial, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez de Cambiemos buscan una supuesta “salida alternativa” que baja el plazo para que las personas gestantes accedan a un aborto, permite la objeción de conciencia institucional, entre otras medidas. Una maniobra que, como venimos advirtiendo desde La Izquierda Diario, tiene como fin dilatar, limitar y en lo posible hasta obturar la salida del proyecto.

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Iglesia y Estado: asuntos separados

La carta presentada la firmaron el arzobispo de Córdoba, Carlos Ñáñez, junto a otros 7 obispos. Ellos son miembros de una institución que fue cómplice de la última dictadura en Argentina, así como de distintos genocidios a nivel mundial.

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La jerarquía de la Iglesia busca contener la potencialidad de la fuerza que hoy se expresa en la pelea por el aborto legal, cuestionando sus mandatos y su papel en la sociedad. Su preocupación no es “la vida”, sino la defensa del poder social, político y cultural que le garantiza es rol, puesto tantas veces al servicio de mantener este orden social.

De hecho, obtuvo por ello retribuciones diversas, como las que significan los millones de pesos con los que se la financia de manera directa, en concepto de dietas, jubilaciones de privilegio, pasajes, becas y otros aportes monetarios de los que ningún trabajador o trabajadora puede disfrutar.

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Con leyes que provienen de la dictadura, que ningún gobierno constitucional quiso derogar, hoy no sólo obtiene aportes millonarios por parte del Estado, sino también un poder de veto sobre derechos elementales, como los que establecen las leyes de educación sexual integral, de salud sexual y procreación responsable, o de adhesión a los protocolos de abortos no punibles que en Córdoba continúa sin implementarse por un amparo presentado por el Portal de Belén.

Así vuelven a posicionarse contra los derechos de las personas gestantes y buscan aumentar su oscurantista injerencia. Esta avanzada antiderechos se suma a una avanzada que viene teniendo los antiderechos en la “Córdoba de las campanas”. Hace pocos días, agrupaciones nacionalistas cristianas pidieron la renuncia de la directora del Museo de Antropología por haber organizado actividades por el derecho al aborto en el lugar.

Además, se suma a la persecución ideológica en colegios confesionales contra docentes, como Florencia Vega Clavero o Romina Molina, que son despedidas por posicionarse a favor del derecho al aborto o abrir el debate entre las y los estudiantes secundarios. Romina, incluso, sufrió persecución por defender a su alumna ante el cambio de su identidad de género. Ellas sufrieron persecución ideológica dentro de las instituciones donde trabajan y siguen exigiendo su reincorporación. Curioso concepto de “democracia” de estas instituciones que imponen su dogma.

Contra esta persecución, docentes y la legisladora provincial del PTS/FIT Laura Vilches convocaron a una audiencia pública para discutir medidas inmediatas ante las persecuciones en los colegios confesionales. La misma se realizará el próximo martes 31 de Julio a las 16.30 hs, en la Sala 1 de la Legislatura de Córdoba.

El grado de injerencia del clero en el debate por el derecho al aborto tiene esa explicación de fondo, y por eso el Frente de Izquierda insiste en la inmediata separación de la Iglesia del Estado y en el cese del financiamiento que la garantiza hace décadas.



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