Proteger los glaciares: la lucha de las comunidades cordilleranas por el agua como bien común

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En el marco de la cuarta versión del FINCA se realizó una mesa de debate con eje en la protección de glaciares y la ley que el Gobierno nacional busca modificar para favorecer la megaminería.

Bajo la consigna “Agitar las aguas”, se realizó el 4° Festival Internacional de Cine Ambiental de Buenos Aires (FINCA), en donde, además de la proyección de films, se organizaron debates en reivindicación del agua como un bien común. En las proyecciones y mesas de discusión se dio voz a las comunidades afectadas por los proyectos extractivos y la desidia estatal. El 4 de junio en el centro cultural Paco Urondo se realizó una mesa debate sobre la temática con la Ley de Glaciares como eje.

“Seguiremos gritando retruco con un cuatro bajo la manga al mismo rey de la trampa”, cerraba su intervención en la mesa Antonio Jofré, de la Asamblea de Jáchal. El encuentro tuvo lugar bajo el título “Proteger nuestros glaciares” y contó con la presencia de Cristina Martín, coordinadora de la Campaña Los Glaciares no se tocan y miembro de la ONG Conciencia Solidaria, Guillermo Folguera, biólogo y filósofo, docente de la UBA e investigador del Conicet, Maristella Svampa, socióloga, escritora e investigadora del Conicet y docente en la UNLP, y Domingo Jofré, de la Asamblea Jáchal no se toca.

Los panelistas recorrieron diversos temas, centrándose especialmente en rescatar la historia del proceso que culminó en la sanción de la ley, el rol de los científicos y su responsabilidad en las luchas colectivas por la protección de los bienes comunes y el futuro cercano que se cierne sobre las comunidades bajo el gobierno de Macri y su alianza con las corporaciones extractivistas.

Diez años de lucha por la protección legal de los glaciares

Haciendo un poco de memoria sobre los debates que dieron lugar a la sanción de la ley 26639 (“Régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y ambiente periglaciar”), sancionada el 30 de septiembre de 2010, Maristella Svampa recordó que en su momento “la ley fue aprobada sin apoyo del FPV ni del PRO”, y aun así se logró su sanción en el marco de una “feroz campaña de los gobernadores porque ‘atropellaba el derecho de las provincias a desarrollarse’”.

La diputada Marta Maffei había presentado un proyecto de ley de protección de glaciares que tuvo aprobación en la cámara de diputados en el año 2008, pero que rápidamente vetó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Martín recuerda ese momento como el “veto Barrick Gold”, ya que según relató, cuando las mineras entendieron lo que proponía esa ley advirtieron a los gobernadores que “están votando una ley que nos limita”.

En 2010, Miguel Bonasso presentó un proyecto, calcado del anterior, mientras el oficialista Daniel Filmus presentaba otro que según Martín, era mucho menos protector. Finalmente, Filmus comprendió que debía retirarlo y apoyar el proyecto de Bonasso, que fue el aprobado por el Congreso.

Según Martín la ley se logró gracias a un “gran grupo que vio en esto la posibilidad de defender el agua y poner un freno al avance desastroso de la megaminería”, por esta razón “es una de las leyes más atacadas”, y agregó que en este sentido “el ambiente periglaciar es el más cuestionado por los proyectos megamineros y fue clave para recuperar la ley”. Justamente, en el último tiempo bajo el gobierno de Macri, se insiste en flexibilizar esta ley para facilitar la llegada de más emprendimientos mineros. “Ahora vienen con otra cosa nueva, que es la interpretación de la ley”, sintetizó Martín.

El eje central de la discusión es la definición de los cuerpos de hielo que deben ser considerados. El instituto a cargo de realizar el inventario de cuerpos de hielo, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), decidió utilizar un criterio que definieron como “normas internacionales” y así descartaron cuerpos de hielo menores a una hectárea del inventario. Sin embargo, la ley no estipula ningún tamaño mínimo de exclusión.

El inventario final fue presentado el mes pasado y al respecto, Cristina Martín señaló que “presentaron un inventario atrasado y mal hecho”, y que la discusión sobre el tamaño mínimo que deben tener los cuerpos de agua para ser inventariados “les da pie para operar en la reforma de la ley”. Domingo Jofré agregó que esto es una “manipulación del inventario de glaciares a pedido de las mineras”. Por su parte, Svampa concluyó que en este momento estamos en un retroceso, ya que “la Corte Suprema de Justicia falló a favor de la ley en 2012, pero quedó pendiente la aplicación, y sentimos que hoy hubo un retroceso, no sólo por incompleto sino porque vuelve a un debate ya dado en el senado sobre la ley más protectora”.

¿Qué modelo de ciencia queremos?

La exposición de Guillermo Folguera se centró en reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la tecnología y los problemas sociales y ambientales que vivimos. En esa línea, postuló que “la ciencia no es una cuestión única”, sino que es diversa, incluso dentro de una misma disciplina y que es necesario entender el modo en el cual la ciencia y la técnica son retomadas para aportar a la comprensión de las problemáticas sociales.

Folguera insistió en que debemos reflexionar sobre qué lugar le damos a científicos y tecnólogos para discutir cómo queremos vivir. También advirtió que se está llegando a un punto en el que las propias comunidades requieren de un experto que legitime su propio saber olvidando que las intervenciones de tecnólogos y científicos deberían estar supeditadas a la pregunta principal: ¿cómo queremos vivir?, pregunta que responde a una cuestión ética y política, y no técnica.

El debate sobre el rol de la ciencia y su vínculo con las comunidades afectadas por las actividades extractivas cobra especial relevancia por el procesamiento legal del extitular del IANIGLIA y tres exfuncionarios del Estado por incumplimiento de sus deberes y vulneración de la Ley de Glaciares.

Es en este punto donde hace mella la cuestión de la definición de los cuerpos de hielo a ser protegidos y el debate por las “normas internacionales” adoptadas por el instituto responsable de inventariar los glaciares. En este aspecto, Maristella Svampa fue concisa en que “no hay una sola manera de definir los glaciares. Las definiciones son contextuales, la ciencia es dinámica y se construye en la discusión social. En el horizonte están planteadas las herramientas y la lucha para que se plantee el diálogo”. Además, alertó que entramos en un momento de extractivismo con flexibilización de las leyes ambientales y con deriva hacia las energías extremas como el fracking, acompañados por una fase represiva fuerte, con disputas por el territorio. En el horizonte nos espera más lucha y hace falta mayor articulación de saberes.

“Los corderos se volverán pumas”

Así definió Domingo Jofré a las luchas que están dando las comunidades para proteger sus territorios. “El ambiente somos nosotros”, señaló. Jofré es miembro de la Asamblea de Jáchal, que ha sido recientemente acusada de atacar a “la ciencia” por llevar adelante acciones en contra de la minera Barrick Gold, que contaminó con varios derrames de sustancias tóxicas al río Jáchal, en San Juan. Pese a esto, Jofré fue contundente “nosotros no atacamos a nadie, nos defendemos”. Los asambleístas de Jáchal luchan por que se reconozca que la minera sigue produciendo derrames y contaminación que ni siquiera informan. Jofré fue conciso: “Hemos visto al monstruo y sabemos que es enorme e impiadoso, pero también sabemos que va a caer, y cuando caiga vamos a estar allí y vamos a celebrar que libramos al territorio del mal”. Sobre la lucha de la comunidad para que cierren la mina Veladero expresó: “Sabemos que no es en vano, en cada esfuerzo sumamos hermanos”.

Glaciares en retroceso

Entre abril de 2011 y marzo de 2017 el deshielo de los glaciares patagónicos se aceleró notablemente, según un estudio publicado recientemente por investigadores europeos en Science. Los glaciares perdieron masa un 70 % más rápido que entre el año 2000 y el 2010, lo que equivale a 21 gigatones al año o una elevación del nivel del mar de 0,06 milímetros.

Tan drástica es la situación de los glaciares patagónicos, que ya varios gigantes de hielo están retrocediendo a tal punto que algunas empresas de turismo que realizan visitas a los glaciares tuvieron que dar fin a sus operaciones. El caso del glaciar Viedma es testigo, ya que la operadora que realizaba caminatas sobre el glaciar tuvo que cesar con sus actividades debido al repentino e impredecible retroceso del hielo.

Otra actividad que tuvo que ser interrumpida fueron las excursiones en káyak por el canal Upsala, en el Lago Argentino, por el riesgo de derrumbes debido a los desprendimientos de los glaciares. Al gravísimo impacto del cambio climático, hay que sumar la insistencia del Estado argentino en continuar el proyecto de construcción de dos megarrepresas sobre el río Santa Cruz, desoyendo todas las advertencias en contra.

Pero no todas son malas noticias en el futuro de los hielos patagónicos. La jueza Macarena Marra Giménez, del juzgado 12 en lo Contencioso Administrativo, decidió agregar los pronunciamientos de numerosos expertos en la materia que advierten sobre el impacto que las represas tendrían en los glaciares, a pesar de que el Gobierno se opuso a que las cartas de los glaciólogos fueran incorporadas al expediente. Ahora se espera que se expida sobre el planteo de nulidad de la evaluación de impacto ambiental presentado por la ONG Banco de Bosques.



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