San Luis: continúan los reclamos por viviendas dignas

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Durante la mañana de ayer, manifestantes del Barrio Eva Perón de la Ciudad de San Luis se concentraron en la entrada del Poder Judicial de la provincia y en la Casa de Gobierno, exigiéndoles a las autoridades del Estado viviendas dignas, sin recibir aún respuesta favorable por parte del gobernador Rodríguez Saá ni de sus funcionarios.

Luego de la toma pacífica de terrenos y de la brutal represión ordenada por la gobernación en la que jóvenes, mujeres y niños resultaron heridos con lesiones – ambas ocurridas el fin de semana pasado – vecinos del Barrio Eva Perón de la Ciudad de San Luis presentaron ante autoridades judiciales y gubernamentales una petición en la que dan cuenta de su situación habitacional y le exigen al Estado Provincial una solución que contemple viviendas dignas para todos los afectados.

Tanto en el Poder Judicial como en la Casa de Gobierno, los manifestantes fueron recibidos por la policía con algunos efectivos montados a caballo y cerrando las puertas de edificios que son públicos. Hasta el momento, no ha habido ninguna respuesta favorable por parte del gobernador Rodríguez Saá ni de sus funcionarios más que declaraciones que tienen la única intención de estigmatizar y criminalizar a quienes están reclamando por acceder a una vivienda digna.

La Izquierda Diario estuvo presente en la protesta y pudo conversar con Gustavo Miranda, vecino del Barrio Eva Perón, quien dijo lo siguiente: “hace siete años que las familias aquí presentes necesitamos de manera urgente el acceso a una vivienda digna. Más aún cuando ya estamos inscriptas en los planes de vivienda del gobierno, llegando a ser alrededor de mil familias en espera”.

También expresó que “nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente exigimos la posibilidad de tener una casa para nuestras familias. Actualmente, vivimos amontonados, ya que somos muchos viviendo en una casa, incluso algunos han tenido que alquilar habitaciones dentro de otras viviendas”. Y continuó diciendo que “la toma efectuada en los terrenos durante el fin de semana fue pacífica y con la intención de que se haga visible este problema. Pero, la policía empezó a disparar balas de goma y casi atropellan a los niños. Venimos reclamando hace tiempo y, sin embargo, ningún funcionario del gobierno ha dado la cara”.

Una vez finalizada la protesta, los vecinos acordaron reunirse para determinar en asamblea cuáles serán las medidas de lucha a seguir y continuar con el reclamo hasta tanto haya una respuesta favorable de parte del gobierno provincial.

Al respecto, Johana Gómez, referente provincial del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), repudió en declaraciones oficiales la política represiva del gobierno provincial y denunció la constante criminalización hacia los sectores populares que pelean por sus derechos.

En este sentido, afirmó que “tanto Macri como el gobernador Alberto Rodríguez Saá están de acuerdo en reprimir y perseguir a los habitantes de los barrios humildes que exigen mejores condiciones de vida como así también a los estudiantes, trabajadores y sectores populares que salen a luchar por sus derechos”. Y finalizó, señalando que “las autoridades gubernamentales tienen que dejar de darle la espalda al pueblo trabajador y deben atender su derecho a acceder a viviendas dignas”.

Este conflicto ha demostrado que la provincia de San Luis, como tantas otras, atraviesa un problema de vivienda que se viene tornando más alarmante. Pero, su solución no está acudiendo a la represión policial contra quienes no tienen techo propio sino dando una respuesta integral y estructural que contemple un Plan de Obras Públicas, infraestructura y viviendas que sea gestionado por los mismos trabajadores del sector y las organizaciones barriales.

Un plan que debe basarse en impuestos progresivos a las grandes fortunas y en la expropiación sin pago de los terrenos y las construcciones ociosas en manos de empresarios y terratenientes especuladores, la Iglesia y las grandes fortunas.

Tratándose de cientos de miles de hectáreas sin utilizar, su expropiación permitiría que se destinen a la construcción de viviendas mediante un plan urbanístico que esté al servicio de las necesidades sociales y no de la especulación financiera e inmobiliaria, y con créditos o cuotas de bajo costo para que los sectores más humildes puedan acceder verdaderamente a una vivienda digna.



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