Sobre enólogos, borrachos, fundamentalismos y ministros de ciencia

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“La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, aseguró públicamente Lino Barañao, y convocó a “librar una batalla contra los fundamentalismos”, encarnados en aquellos ambientalistas, ecologistas, que cuestionan por su nocividad al agronegocio y la megaminería.

El pasado 11 de abril se reunió en Tucumán el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de Argentina. En dicha reunión, Lino Barañao, Ministro Nacional de Ciencia y Tecnología, dijo nuevas frases célebres que merecen una especial consideración: “La diferencia entre un ecólogo y un ecologista es la misma diferencia que hay entre un enólogo y un borracho”, señaló, y luego convocó a “librar una batalla contra los fundamentalismos”, encarnados en aquellos ambientalistas, ecologistas, que cuestionan por su nocividad al agronegocio y la megaminería.

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El mundo del revés. A lo largo de la historia, la ciencia en reiteradas ocasiones ha tenido que defenderse de fundamentalismos tanto religiosos como políticos. Pero cuando prima un paradigma de ciencia basado en defender los intereses del empresariado a cualquier costo, las cosas se dan vuelta, y así aparece un Ministro de Ciencia comparando ecologistas con borrachos y negando los efectos nocivos y letales de los agrotóxicos y la megaminería. La búsqueda de la verdad, o de ampliar las fronteras de los conocido para el beneficio humano, se convierte así en una cínica catarata de justificaciones irracionales para la avanzada del capital sobre los territorios y las vidas. Se mercantiliza la actividad científica al servicio de la ganancias empresariales o de resolver sus crisis. Y en ese marco surgen todo tipo de peligrosos disparates, cuyo agravio es mayor cuando provienen de la máxima autoridad del sistema científico nacional.

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¿Habrá algún ecólogo que no sea ecologista? Los enólogos devenidos en borrachos abundan. Cual borrachos cuentan largas historias, minuciosas en sus detalles, exasperantes por sus reiteraciones. Historias sobre el país que desmontó sus bosques para favorecer el monocultivo de soja. Historias de frutales y tambos reemplazados por el yuyo maldito. Historias de inundaciones, sequías, poblaciones desplazadas, malformaciones. Hace poco más de un año el gobierno de Córdoba intentó reducir en más de un 50% los bosques protegidos de la provincia, con el fin de favorecer la extensión de la ganadería a gran escala en el norte y oeste provincial, y el negociado inmobiliario en las afueras de la Ciudad de Córdoba. Trató de cubrirse de un manto técnico, supuestamente el bosque mejoraría… si se eliminaran todo excepto los árboles, se plantaran pastos exóticos y se pusiera ganado vacuno a engordar allí. Los enólogos se cansaron de ir a reuniones, de hablar en los medios. Córdoba no puede darse el lujo de perder sus últimos bosques luego de años de deforestación récord, decían. Los bosques regulan el ciclo del agua en una provincia semiárida ¿qué motivo más claro tenemos para defender los bienes comunes? Los bosques que son vistos como espacios vacíos desde las oficinas del agronegocio brindan alimentos, medicinas e identidad a la población rural, señalaban. Los enólogos se cansaron y marcharon con los borrachos (y los artistas) por las calles de la ciudad. La modificación de la ley 9814 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba aún no fue aprobada.

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El pasado viernes 13 de abril se cumplieron 3 años de la muerte de Melisa Nuñez, joven estudiante quequenense (del partido de Necochea, al sureste de la costa bonaerense). Tenía 19 años el día en que llegó a su casa más temprano que de costumbre, a las tres de la tarde, luego de cursar durante varias horas materias de la tecnicatura en Enfermería. Durmió una siesta hasta que se despertó alarmada porque no podía respirar, y llamó a su novio para que acuda a asistirla. Dos horas después se declaraba su muerte por un paro cardiorrespiratorio agudo. ¿Qué había sucedido? Horas antes, la empresa de fumigaciones Shipinsuarence S.A. había derramado intencionalmente un producto utilizado para fumigar depósitos de cereal, llamado Phostoxin. Este producto contiene fosfuro de aluminio, sustancia que entrando en contacto con humedad genera combustión, emanando el gas tóxico llamado fosfina. Este gas produce un envenenamiento para el que no hay antídoto. Lo que sucedió ese día es que, por una copiosa lluvia que humedeció el depósito de la empresa, que se encontraba en mal estado y sin habilitación legal, los dueños de la empresa decidieron deshacerse del peligroso producto en mal estado arrojándolo a las cloacas. Así, afectó a los vecinos de todas las casas lindantes, generando intoxicaciones masivas y una víctima fatal: Melisa. Tras la autopsia, en todos sus órganos se hallaron restos de fosfuro de aluminio. Un caso real, pruebas irrefutables tanto desde la medicina como desde la justicia y de quienes protagonizaron esa jornada del terror en el barrio portuario quequenense. Pero para Barañao son solo fundamentalismos. Y para las empresas que lo producen, como Agromil Ltda, Fugran S.A., Don Agro, es el fumigante más utilizado en el mundo, a pesar de reconocer que puede generar un gas venenoso.

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Existen dueños de la ciencia. Existe,un pool de “respetables”, gente a la que desinteresadamente le gusta la gestión y oficia en oficinas, directorios, secretarías, ministerios… Gente, por ejemplo, que entre 1999 y 2000 fue presidente de la Comisión de Tecnología de CONICET, de 2003 a 2007 presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva desde el año 2007. Al presente, Lino Barañao ha permanecido más días en el ministerio de ciencia que los que duró Domingo Felipe Cavallo en el de economía. ¿Se llega a ministro a fuerza de publicar papers? ¿Se trabaja en un laboratorio para despertar una mañana con un piquete de trabajadores despedidos en el hall del ministerio?

Nadie puede estar tan cegado por el ideal de la meritocracia para creer esto. El carrerismo del “alto clero” de la ciencia es un paseo por institutos, secretarías, agencias y ocasionales (pero memorables) incursiones en el sector privado. Gente que se conoce entre ella, que tiene contactos y que, como el clero, nadie elige. Impulsores del ideal (o mito) de la objetividad de la ciencia para propio beneficio, cultores de la productividad y la eficiencia. Puestos gerenciales les llaman. Chief Executive Officers, CEOs, les queda mejor.

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Actualmente, una asamblea ambientalista de Necochea está tomando la lucha contra la instalación de una nueva planta de fertilizantes en la ciudad. La empresa en cuestión se llama Pier Doce SA, que acopia un fertilizante sólido conocido como urea, y también de un fertilizante líquido que contiene nitrato de amonio. Este último componente puede ser altamente explosivo, y aquí el riesgo se incrementa por estar ubicado al lado del depósito de fuel oil de la termoeléctrica, ubicado a menos de 150 metros de la planta. Los funcionarios gubernamentales y portuarios, al igual que el Sr. Ministro, minimizan el impacto ambiental y el potencial riesgo para los habitantes, catalogándolos de “extorsiones mediáticas” para impedir el progreso en Puerto Quequén. Es que los borrachos de poder, fundamentalistas del gran capital, ponen a las ganancias empresariales por encima de las vidas y el medio ambiente. El “costo humano” se convierte en un mero “daño colateral”.

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El impacto ambiental de la profundización de un modelo científico basado en aportar al desarrollo del agromodelo y la megaminería, genera a su vez consecuencias laborales. Fenómenos cada vez más frecuentes son los aluviones de “científicos descartables”, reciclados en profesores particulares, desocupados transitorios, desesperados doctores empujados a emprendimientos personales ante la expulsión del sistema científico nacional, luego de 5 o 7 años de formación de posgrado. Pululan desorientados, después de estar meses apretando los dientes, arrancándose las mechas hasta fin de diciembre, cuando sobre fin de año son notificados los escasos ingresos a carrera -es decir, planta permanente-. Esta situación se naturaliza cínicamente y no hay intención de revertirla, sino más bien, todo lo contrario. Como dijo Barañao, entre fundamentalismo y ebriedad el 11 de abril en Tucumán: “Actualmente un becario argentino que concluye su doctorado tiene un 30% de posibilidades de obtener un puesto en Conicet”. Esto significa que 7 de cada 10 becarios quedan anualmente fuera del sistema. Son los números que al Ministro le cierran.

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Divorciar la práctica del científico de los problemas que sufre la inmensa mayoría de la población es la supuesta práctica “objetiva” opuesta a los fundamentalismos. Un término desarrollado, según el ecólogo Richard Levins, para “que la clase dominante se sienta satisfecha acerca de lo que está haciendo”. “Borrar el conocimiento inconveniente es una de las tareas intelectuales principales de los gobernantes”, continuaba. Hay pocas cosas más objetivas que enfermedades, deforestación, inundaciones, y quienes las sufren demandan entenderlas. Siendo trabajadores y científicos, lejos de las reuniones de los dueños de la ciencia, tenemos que rechazar esta caricatura interesada. Siendo trabajadores, los científicos tenemos el derecho de reclamar el conocimiento como el producto propio de la clase trabajadora, al servicio de la emancipación de los explotados y oprimidos.



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