A 10 años del voto "no positivo" de Cobos: el agropower en alerta defiende sus privilegios

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A 10 años del “no positivo” de Cobos, regresó el debate por las retenciones al campo de la mano del FMI. El organismo sugirió la suspensión del cronograma de baja de los derechos de exportación a la soja en 2019.

El 17 de julio de 2008 el entonces vicepresidente Julio Cobos volteaba con su voto “no positivo” la resolución 125 que establecía retenciones móviles para las exportaciones de origen agropecuario, medida que había desatado un fuerte conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las patronales agrarias que conformaron la Mesa de Enlace.

El choque, que tuvo en vilo al país durante cuatro meses, concluyó esa noche con el voto de Cobos para desempatar en Senadores, poniendo freno a la intención del gobierno de incrementar la carga impositiva a las exportaciones agrarias. Estas quedarían fijas en sus alícuotas de entonces (que para la soja era 35 %).

La historia del conflicto que se convirtió en “relato”

El conflicto se suscitó a partir de la Resolución 125, que buscaba aplicar un esquema de derechos de exportación –retenciones– móviles que aumentaba de manera considerable la carga impositiva a descontar sobre el valor de exportación de los granos de soja y de otros cultivos, aunque con los valores récord que estos registraban quedaba en pie una considerable ganancia para los empresarios.

El gobierno de Cristina Fernández afrontó entonces una derrota, ya que no pudo imponer la Resolución 125 ni plantear nuevos aumentos en las retenciones desde entonces. En el terreno político, el resultado fue más desparejo. Aunque el traspié del gobierno y el malestar creado por el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 dieron aire en las elecciones del 2009 a sectores opositores de adentro y de afuera del peronismo, el gobierno mantuvo un núcleo duro a partir del cual pudo recuperarse desde 2010, ayudado por la mística generada por este conflicto y por la recuperación que tuvieron en ese año los exportadores de commodities (incluida la Argentina) gracias a la tracción de la locomotora de la economía China.

Aunque la 125 tenía objetivos bastante moderados –apropiarse de una parte de la renta extraordinaria que había subido fuerte por los altos precios de los commodities– el kirchnerismo aprovechó la respuesta de las patronales agropecuarias para posicionarse como un adversario del “agropower”, concepto que sería acuñado por el periodista Horacio Verbitsky para definir al entramado de intereses que ligan a importantes sectores de la tradicional burguesía terrateniente: las sociedades agropecuarias, las grandes comercializadoras de granos, las semilleras y los proveedores de agroquímicos.

En esta “gesta” que produjeron los relatos afines al kirchnerismo para adornar un tironeo entre intereses capitalistas, el gobierno “nacional y popular” habría supuestamente enfrentado afanes destituyentes por parte de sectores que apuntaban a una regresión noventista de la política económica.

Suena a mucho para lo que estaba en juego. Sin duda había una disputa por el ordenamiento de la economía. Pero en ningún caso cuestionaba la integración subordinada y dependiente del capitalismo argentino, ni siquiera el rol protagónico del agropower en la economía nacional. El fondo de la pelea era que el kirchnerismo, para sostener las necesidades crecientes de su bonapartismo de caja, poder continuar presentándose como representante del interés general de la sociedad y continuar actuando en los hechos como armonizador de los intereses de las distintas fracciones de la burguesía, necesitaba avanzar en una apropiación de la renta agraria.

El “campo” (las patronales agrarias), por otro lado, quería captar una mayor porción de esta renta que se multiplicaba como maná caído del cielo gracias a los altos precios de los commodities agropecuarios.

El conflicto que enfrentó a las patronales agrarias y el gobierno de Cristina Fernández en 2008 fue, más allá de las representaciones, una disputa por una porción de la renta agraria diferencial, que venía en crecimiento continuo desde 2002. Una disputa, entonces, entre intereses capitalistas, en la que las aspiraciones de los trabajadores y los sectores populares eran convidadas de piedra.

La pelea fue el divorcio entre dos socios: desde 2002 los grandes propietarios y los capitales volcados en el agro amasaron fortunas y el Estado llenó sus arcas con las retenciones. Aunque desde la implementación de este gravamen en 2002 hubo pataleo del “campo”, la renta agraria repartida entre terratenientes y grandes capitales del agro no paró de aumentar hasta 2008 (y nuevamente en 2010 hasta 2013) y, con ella, el valor de la tierra. La ruptura de este sector con el gobierno evidenció el estrechamiento que empezaba a mostrar la economía: el gobierno intentó avanzar un poco más sobre la renta para sostener los crecientes subsidios que beneficiaban a otros sectores del capital.

No fue, desde ya, la primera vez que una disputa de este tipo se planteaba en la historia argentina. Lo novedoso fue la solidez del bloque campestre, que fue producto de cambios significativos de las últimas décadas. Los productores agrarios de menor envergadura abandonaron la producción para transformarse en rentistas, empujados por el aumento de la escala mínima para una producción rentable. Si en otros momentos históricos las condiciones de competencia asimétrica enfrentaron a grandes y pequeños capitalistas del agro, la conversión de decenas de miles de estos últimos en rentistas los llevó a marchar junto a los primeros, como propietarios, en rechazo de las retenciones móviles para defender su renta. También los medianos y pequeños capitalistas, en algunos casos propietarios y arrendatarios a la vez, se plegaron, ya que su rentabilidad se apoya también en la renta. Los administradores de pools y sociedades agropecuarias acompañaron esta postura en defensa de su ganancia, que logró elevarse por encima de la media no solo gracias a métodos ahorradores de trabajo, sino también a que consiguieron apropiarse de una parte de la renta. Sectores que no perdieron con las retenciones o incluso se beneficiaron (cerealeras y aceiteras) oscilaron entrela neutralidad y el apoyo a los rurales. Los grandes propietarios de la tierra lograron desdibujarse durante el conflicto de 2008, pero no por pérdida de protagonismo, sino porque se puso en movimiento todo este entramado.

Un conflicto limitado

Pero la derrota del kirchnerismo en el conflicto de 2008 fue menos por la homogeneidad y fuerza social del bloque que se le opuso, que resultado de la desproporción entre la supuesta “gesta” contra la oligarquía que se dibujaba en el discurso del gobierno y el alcance real de la disputa. El gobierno solo buscaba más renta para subsidiar a otras fracciones del empresariado.

Desde sectores progresistas afines al oficialismo se intentó presentarla como una batalla para contener el costo de vida. Incluso hubo alguna mención a las terribles condiciones de los peones rurales, como si fuera una novedad y como si, antes o después del conflicto, el oficialismo hubiera tomado alguna medida para cambiarlas. En esta disputa por el reparto del excedente entre fracciones del capital, los intereses en juego eran completamente ajenos al pueblo trabajador. Se explica entonces la incapacidad del kirchnerismo de encolumnar tras de sí a importantes sectores obreros y populares, fuera de la fracción de la intelectualidad que agitó el fantasma “destituyente” y fundó Carta Abierta, y de la mayor parte de la burocracia sindical en la que por entonces se alineaba, con un Hugo Moyano aliado del kirchnerismo. Por si quedaran dudas de la distancia entre relato y realidad, la propia presidenta Cristina Fernández explicó años después que en verdad toda la responsabilidad del conflicto se debió a una impericia técnica del entonces ministro de Economía Martín Lousteau.

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A pesar de la virulencia que adquirió el conflicto, la “gesta” de 2008 nunca puso en cuestión el derecho de un estrato social a percibir un ingreso por el mero hecho de monopolizar la propiedad del suelo. No hay sorpresa: sería impensable que un gobierno de este Estado, cuyo fin es garantizar la reproducción social del capitalismo y, por tanto, la propiedad privada de los medios de producción (incluyendo la tierra), avance en liquidar la propiedad terrateniente, ya sea mediante la expropiación o bien con un impuesto verdaderamente “confiscatorio”, es decir, que buscara seriamente apropiarse de toda la renta. Con las retenciones en la tasa actual, solo en el último año el Estado se acercó a apropiarse de toda la renta, como resultado de una fuerte caída en los precios internacionales de los granos. A menor renta, mayor participación de las retenciones dentro de la masa total.

El campo, beneficiado por Macri, nuevamente en alerta

En 2015, las ciudades campestres, que se mueven alrededor del negocio agrario, favorecieron ampliamente a Mauricio Macri en todas las instancias (desde las primarias hasta el balotaje). A pesar de que, excepto los últimos años del ciclo kirchnerista que registraron precios a la baja, los años kirchneristas fueron prósperos para las patronales agrarias, estas cosideraron siempre un agravio las retenciones que les sacaban una parte de la renta agropecuaria.

Mauricio Macri los retribuyó generosamente. En diciembre de 2015, ya en la presidencia, las patronales agrarias recibirían como premio una reducción de las retenciones para la soja de 5 puntos porcentuales (pasaron de 35 % a 30 %) y una eliminación del gravamen para los demás cultivos. La misma vino acompañada de una devaluación del peso que acrecentó el valor el pesos de los ingresos de exportación de los empresarios del agro. Esta multiplicación de ingresos de las patronales agrarias por la combinación entre devaluación y baja de retenciones superó en 2016 los 10 mil millones de dólares.

Desde enero de 2018, por disposición del decreto 1343/16, el gobierno instrumentó el programa para la reducción progresiva de las retenciones a la exportación de la soja a hasta diciembre de 2019, a un ritmo de 0,5 punto porcentual al mes para el grano, su aceite y harina derivados. La alícuota pasará en diciembre de 2019 desde el 30% actual a 18% el grano, y de 27 % a 15% para su aceite y derivados.

A pesar de estos obsequios, que significan dejar toda la renta agraria para que sea repartida dentro del entramado del agropower, la producción y exportación agraria no superó el estancamiento.

Pero ahora, el FMI metió la cola. El intento, que ya realizó el ministro de Hacienca, Nicolás Dujovne un mes atrás, de frenar el recorte mensual de las retenciones de soja, desactivado entonces por la presión de la Mesa de Enlace, está en el informe técnico del organismo, como una de las recomendaciones para el ajuste que el gobierno debe realizar.

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La iniciativa vino de la mano de los técnicos del FMI, que anticipadamente al informe de evaluación de la situación argentina, tras el acuerdo rubricado por un préstamo contingente a tres años de plazo por hasta USD 50.000 millones, dejaron trascender que iban a proponer “la suspensión en 2019 del cronograma de baja de las retenciones”, para obtener por esa vía un ahorro equivalente a unos USD 500 millones, un 0,1% del PBI estimado para el próximo año.

Por ahora el gobierno asegura que no realizará cambios. Pero las patronales agrarias, que están multiplicando sus ganancias gracias a la devaluación, aunque la baja de los precios internacionales de la soja complique sus números, están en alerta ante cualquier freno a la rebaja.

En la Argentina de Macri, aún con la presión del FMI, por ahora el ajuste no llega a todos. El negocio de la soja y otros granos, que mueve millones de dólares con márgenes formidables, que contamina con el uso indiscriminado de agrotóxicos, y que da a los grandes pulpos cerealeros, multinacionales la posibilidad de no liquidar dólares de sus ventas al exterior durante diez años, ampliando todavía más lo que ya de por sí es un verdadero monopolio privado del comercio exterior, tiene coronita.

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