Aborto no punible: por decisión de la justicia, volvería a regir el protocolo de Jorge Lemus

0
42


Por decisión del Tribunal Superior de Justicia porteño, volvería a estar vigente el protocolo para la realización del aborto no punible en los hospitales públicos, elaborado en 2012 por el ex ministro de salud, Jorge Lemus. El protocolo, considerado uno de los más restrictivos del país, había sido suspendido en varios de sus artículos a raíz de la presentación de diversos amparos.

Con un documento que comenzó a circular esta mañana, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el máximo tribunal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se expidió sobre distintos amparos presentados respecto al protocolo de aborto no punible elaborado en su momento por el ex ministro de Salud, Jorge Lemus.

La sentencia, emitida el pasado 10 de octubre, declara “mal concedidos” diversos recursos de inconstitucionalidad interpuestos en 2016 por distintas organizaciones, como la Asociación por los Derechos Civiles, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Tras la decisión de la justicia porteña, esos amparos que en su momento limitaron la aplicación del restrictivo protocolo de la Ciudad, quedarían sin efecto, dando lugar a la aplicación del protocolo en todas las partes.

Así, según pudo conocer La Izquierda Diario, volverían a regir los artículos que hacen referencia al límite gestacional de 12 semanas para la interrupción legal del embarazo (artículo 17) y la cuestionada “objeción de conciencia” para cada caso de aborto en particular (artículo 19). Como demostró la enorme marea verde que ganó este año las calles del país, se trata de dos aspectos centrales para el ejercicio de este derecho elemental, que está vigente en el Código Penal desde 1921 y sobre el que se expidió incluso en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el conocido fallo F.A.L.

La resolución del Tribunal puede leerse en este marco como un guiño de la justicia porteña hacia el gobierno de Rodríguez Larreta, que junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y a la vicepresidenta Gabriela Michetti, jugó un rol fundamental para impedir que avance la legalización del aborto, en sintonía con la exigencia de la jerarquía de las iglesias y de los grupos fundamentalistas vinculados a ella. También, claramente, es un guiño hacia el ex ministro de Salud, que en el año 2012 se vio obligado a renunciar justamente a raíz de este cuestionado protocolo.

El mayor guiño, sin embargo, es el que recibe el presidente Mauricio Macri, que en 2012, cuando era jefe de gobierno porteño, vetó la ley sancionada por la Legislatura para regular estos procedimientos. En esa oportunidad, Mauricio Macri, al que se llegó a catalogar como el “feminista más impensado”, argumentó que la ley aprobada en el recinto “excedía” lo establecido por la Corte Suprema en 2012, dejando “vigente” la resolución del ex ministro de Salud.

Según trascendió hasta el momento, con la decisión del Tribunal también volverán a estar vigentes otros artículos que también se encontraban en suspenso, como el artículo 2, que dispone la intervención de un equipo interdisciplinario para la realización del aborto y el inciso a) del artículo 9, que dispone la obligación del médico interviniente de incluir en la historia clínica los detalles del caso, a la vez que dispone la intervención del Director/a de todo hospital público en la confirmación del diagnóstico y la procedencia de la práctica.

Otro polémico artículo que entraría nuevamente en vigencia es el que hace referencia al consentimiento informado y a la restricción a menores de 18 años, para quienes se exigirá el consentimiento de su representante legal o, en su defecto, del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los incisos b y c del artículo 11, referidos a la aplicación del aborto no punible para casos de violaciones a personas con discapacidad mental, también volverán a exigir la declaración jurada de consentimiento del representante legal y la constancia certificada sobre la discapacidad de la mujer.

((En desarrollo))



Source link