Ajuste contra los más débiles: peligran prestaciones de salud de personas con discapacidad

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Son más de un millón y es porque el Estado demora hasta siete meses en pagar a los prestadores. Historias de vida que generan odio.

Ana tiene 34 años y es mamá de Alan que tiene síndrome de Down.

“Bety”, como le gusta que le digan aunque se llama Beatriz, tiene 43 años y es mamá de Pablo que padece un retraso madurativo y un problema motriz, producto de una secuela neurológica al nacer.

El “Cordobés”, como lo llaman todos por su marcada tonada que evidencia su origen, es el compañero desde hace más de 25 años de Elena, a quien un accidente cerebro vascular (ACV) la dejó en una silla de ruedas y con dificultad para hablar.

Todos los jueves a eso de las 15 hs se encuentran en la sala de espera de un centro de salud, en el barrio porteño de Palermo, que es un prestador de obras sociales y el Estado.

Algunos salen de sus terapias, otros entran. Algunos hacen tiempo tomándose un mate cocido que las “chicas” administrativas con la amabilidad de siempre ponen a disponibilidad de aquellos que a veces pasan horas en esa sala de espera. Es que los pacientes que allí se atienden requieren varias terapias que forman parte de un plan integral, no sólo para lograr algunos avances en su salud, sino directamente para que su salud no se deteriore aún más.

Esa sala de espera es testigo a diario de decenas de historias de vida que combinan penurias, tristezas, angustias y mucha bronca.

“¿Podés creer que me fui a tomar el bondi en Puente La Noria para venir para acá y justo me llama la integradora del nene para decirme que la disculpe pero que no puede seguir porque hace seis meses que no cobra?”, dice Ana con una angustia que la deja al borde del llanto. “¿Qué voy hacer a esta altura del año? ¿Además, sabes lo que me costó conseguirla?”.

“Decímelo a mí. Medio año antes arrancó a buscar. Cuesta un montón encontrar con la miseria que cobran y lo atrasado de los pagos. Todos los años es la misma historia”, le retruca “Bety”.

El Estado es responsable

El programa Incluir Salud es el sistema de cobertura de salud que brinda el Estado, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad -que sigue órdenes de la vicepresidente Gabriela Michetti- a las personas con discapacidad que no tienen obra social ni prepaga y a destinatarias de pensiones no contributivas. Hoy, las prestaciones de 1.012.336 titulares de estas pensiones están en peligro porque el Estado no paga o lo hace con atrasos que pueden llegar hasta siete meses. Razón por la cual muchos prestadores han comenzado a suspender sus servicios.

Uno caso emblemático, y que ha tomado repercusión en los últimos días, es el famoso “Cottolengo Don Orione”, en Claypole. Por allí pasan más de mil personas con discapacidad, entre los que viven y se atienden de manera ambulatoria. Según denunciaron sus trabajadores mediante un comunicado el Estado “no abona las prestaciones que se le brindan a sus beneficiarios hace siete meses, ha suspendido la entrega de medicamentos, no entrega los insumos dietoterápicos para las personas alimentadas por dispositivos enterales o sondas nasogástricas y no otorga cobertura de elementos ortopédicos y pañales”.

El retraso en el pago de las prestaciones también incluye a transportistas, ya que muchas de las personas con discapacidad no pueden moverse de manera autónoma y requieren de este tipo de ayuda para trasladarse, centros de apoyo a la integración escolar y a aquellos que prestan servicios de acompañamiento terapéutico o escolar de manera independiente.

Esto es un duro golpe para niñas, niños y adultos cuyas vidas son muy difíciles y que por supuesto no tienen el dinero suficiente para correr con los gastos de un plan integral de salud y escolar acorde a sus necesidades.

Un tratamiento para una niña, niño o adolescente que está en edad escolar que incluye integración escolar más cuatro sesiones, de apenas media hora cada una, de algunas de las terapias como puede ser psicopedagogía o kinesiología tiene un costo aproximado que supera los $25.000. Esto sin contar ningún otro tipo de gastos, como transportes, elementos ortopédicos, medicamentos, etc

Como siempre pasa, las políticas de ajuste del Gobierno, que han pegado un salto producto del acuerdo con el FMI, repercuten de manera más brutal en los sectores más pobres y vulnerables. La grave crisis social que atraviesan los sectores con menos poder adquisitivo (producto de la alta inflación, los tarifazos constantes que se han vuelto impagables, la precariedad laboral que muchos sectores soportan con suspensiones o despidos) en el caso de las personas con discapacidad tiene un componente más.

Y es que la abrumadora mayoría de esas personas están imposibilitadas de trabajar. Según un informe de la consultora Adecco correspondiente al 2017, el 75 % de las personas con discapacidad no trabaja y el 44% es “cabeza de hogar”. Es decir, que son personas en un estado de vulnerabilidad extrema y que en muchos casos dependen para vivir exclusivamente de la pensión otorgada por el Estado que es de unos miserables $ 6700.

Ahora, el Gobierno nacional pretende ir por más y pone en peligro el derecho a acceder a un plan de salud. Las prioridades del oficialismo son claras. El pasado lunes anunció, vía resolución del Boletín Oficial, que autorizaba gastos adicionales para seguridad, mientras dejan sin efecto partidas para infraestructura y ciencia y tecnología.

Vale recordar que el Gobierno de Cambiemos no es la primera vez que impulsa políticas que atacan los intereses de las personas con discapacidad, ya sea desde endurecer los requisitos para acceder al cobro de pensiones hasta recortarlas directamente. Uno de sus funcionarios, Guillermo Badino, que luego fue removido de su cargo, llegó a decir que “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara”, para justificar el aberrante recorte.

Problemas que no son nuevos

Por supuesto que la política criminal por parte del Estado para las personas con discapacidad no es nueva, ni privativa del macrismo. Las deficiencias en las prestaciones, el abandono y la marginalidad en que las sumerge el Estado y el sistema capitalista que no les ofrece, por ejemplo casi ninguna oportunidad laboral, viene desde hace años.

A esta administración y a las anteriores los emparenta la concepción de que las personas con discapacidad, como los pobres, los jubilados, son un estorbo. Un sector de la sociedad, que según el último censo del 2010, representa más de un 12 % de la población, pero que sin embargo no merece acceder a derechos elementales como salud y educación.



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