Amplio rechazo a la habilitación de María Eugenia Vidal para fumigar escuelas rurales

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Trescientas organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos declararon oponerse “a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos”.

Un amplio rechazo generó la resolución 246-MAGP-18 del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que habilita fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos sin restricción. Unas trescientas organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos emitieron un comunicado en donde declararon: “Nos oponemos con firmeza a esta norma que busca promover el modelo de agronegocios basado en el uso indiscriminado de agrotóxicos, poniendo en riesgo no solo la salud de toda la población sino la afectación del medioambiente y la soberanía alimentaria”.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran el CELS, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados, las dos CTA de provincia de Buenos Aires, la Unión de Trabajadores de la Educación (PBA), la Asociación de Trabajadores del Estado (PBA), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la multisectorial Paren de Fumigarnos, la ONG MAR y diversas Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, entre otras. Entre las personalidades que adhirieron al reclamo se cuentan el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel, la actriz Cecilia Roth, el abogado ambientalista Enrique Viale y el investigador superior del Conicet Jorge Marcovecchio, entre otras. El espectro político que adhirió al rechazo abarcó desde el GEN de Margarita Stolbizer y el kirchnerismo hasta la izquierda trotskista.

Según la resolución provincial, a partir del 1° de enero de este año se incorporan dentro de la zona de amortiguamiento “lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales”. Pese a que la resolución 246-MAGP-18 (firmada por el ministro de Agroindustria de la provincia y ex CEO de Monsanto, Leonardo Sarquis), fue aprobada el 17 de octubre, recién se dio a conocer el 17 de diciembre en el Boletín Oficial N° 28422 de PBA.

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“Esta resolución autoriza la fumigación de cultivos con agrotóxicos en toda la Provincia de Buenos Aires, (…) sin especificar ningún tipo de distancia mínima entre la aplicación de los agroquímicos y las viviendas donde reside la población”, señalaron las organizaciones. “El único límite a la aplicación de agrotóxicos de acuerdo a la resolución 246-MAGP-18 es el horario escolar”.

Según los denunciantes, “a fin de proteger el derecho a la salud y al medioambiente, varios municipios en la provincia de Buenos Aires han prohibido el uso de agrotóxicos, fomentando la agroecología como modelo de cultivo. Otros, sin prohibir los agrotóxicos, han regulado limitaciones a su aplicación en lugares residenciales, fijando distancias mínimas, como es el caso de General Pueyrredón”.

Uno de los casos más emblemáticos a nivel nacional en el último tiempo ha sido el fallo inédito de la Justicia de Entre Ríos, la provincia más fumigada del país, que prohibió fumigar a 1000 metros de las escuelas rurales y a 3000 metros en caso de fumigación aérea. Por otro lado, desde mayo del 2016 viene funcionando una Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología (RENAMA), entre cuyos objetivos está el asesoramiento a los municipios y sus productores en materia agroecológica, tanto en producciones extensivas como en urbanas y periurbanas.

“En este contexto, la resolución 246-MAGP-18 se presenta como una norma manifiestamente regresiva que busca reabrir el debate en torno a las limitaciones a los agrotóxicos, habilitando la modificación de normas municipales para hacerlas más permisivas”, señalaron.

“Corresponde aclarar que, si bien la resolución cita como antecedentes a la Constitución Nacional, Provincial y a las leyes ambientales, su contenido es contrario a la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, al mismo tiempo en que tiene consecuencias devastadoras para el ambiente. Los agrotóxicos contaminan la tierra, el aire y el suelo progresivamente”.

Finalmente, también se rechazó que “la resolución 246-MAGP-18 debilita el ya débil control del Estado en la aplicación de agrotóxicos, al delegar en los ingenieros agrónomos contratados por las empresas y los privados que requieren la aplicación de agrotóxicos, la decisión de con qué y cómo fumigar, sin mencionar la necesidad de contar con una receta agronómica a través de la cual el Estado ejerce actualmente un control de la fumigación”.



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