Arrancó el juicio por la violación de la niña wichi a la que le negaron el aborto

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Hay 8 hombres sentados en el banquillo de acusados del brutal ataque con acceso carnal a la hoy adolescente Juana, a quien Juan Manuel Urtubey en 2015 le negó el derecho al aborto no punible luego de saberse que estaba embarazada.

El juicio comenzó ayer, día de pañuelazo federal por el derecho al aborto en todo el país. Se llevará adelante durante diez días, finalizando el jueves 28 en la Ciudad Judicial de Tartagal.

El 29 de noviembre de 2015 Juana, quien en ese momento tenía sólo 12 años, fue abusada sexualmente en banda en la localidad de Alto La Sierra, en el departamento de Rivadavia. Producto del brutal hecho, quedó embarazada. La provincia en ese entonces contaba con el protocolo 1170 que regimentaba el acceso al derecho al aborto no punible. Fueron el gobernador de Salta y la Ministra de Derechos Humanos en ese entonces, la actual Fiscal de Estado Pamela Calletti, las caras visibles de la negativa a este derecho elemental.

#NiñasNoMadres

Luego de meses de lucha de su familia y el movimiento de mujeres, finalmente el 3 de junio de 2016 la niña, quien corría riesgo de vida, fue intervenida quirúrgicamente. El bebé nació anencefálico y murió a los segundos. Ocurrió horas antes de las movilizaciones masivas en todo el país por #NiUnaMenos que en Salta visibilizaron también el caso de Juana.

La cesárea que se le hizo a la niña, vulnerando todos sus derechos, es la misma práctica que vemos replicarse en la Jujuy de Gerardo Morales con el caso que emergió en enero. Una menor de la misma edad, 12 años, a quien quisieron obligar a maternar luego de ser violada.

De un lado y otro del límite provincial la política misógina de los gobiernos y la justicia para las niñas pobres fue la misma. A la vez que la fuerza del movimiento de mujeres y sectores LGBT se hace escuchar, cada vez con más fuerza en todo el país.

El fiscal y el juez

La causa está desde 2016 a cargo de los fiscales penales Pablo Cabot y Federico Obeid. El primero fue quien reemplazó en junio de ese año a Armando Cazón, apartado por “posible desvío del fiscal respecto a sus deberes de objetividad, buena fe y lealtad procesal, tal como lo establece el artículo 284 del Código Procesal Penal”.

Sobre Cabot y el juez de Garantías N° 2 de Tartagal Héctor Fernando Mariscal Astigueta, quien también tomaba parte de la investigación, recayó un pedido de jury de enjuiciamiento que luego la justicia y el senado misóginos se encargaron de rechazar para encubrir a estas instituciones oscurantistas y medievales.

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