Bajo presión de la Iglesia católica y evangélica, Tucumán discute la ley de salud sexual

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La provincia es la única que no adhirió a la norma nacional aprobada en 2002.

La comisión de Salud Pública de la Legislatura de Tucumán fue el escenario para un debate postergado hace dieciséis años. En la comisión presidida por Renée Ramírez (legislador peronista y titular de ATSA) se trata la adhesión a la ley nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673), aprobada en 2002. La provincia es la única que no adhirió a la normativa, siendo uno de los principales reclamos del movimiento de mujeres.

El proyecto de ley que busca la adhesión, presentado por Stella Maris Córdoba y Christina Rodríguez, ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescentes, Adultos Mayores y Discapacidad, desde octubre de 2016. Desde aquel momento aguarda un dictamen por parte de la comisión de Salud Pública para ser llevado al recinto. De no haberlo hasta octubre, perderá estado parlamentario.

La reunión de comisión de hoy motivó una concentración por parte de los sectores oscurantistas, ligados a la cúpula de las iglesias católica y evangélica. En esta concentración, que logró ingresar a la Legislatura, también se expresó un rechazo a la ley de Educación Sexual Integral (26.150), aprobada en 2006, y que en Tucumán no se aplica.

“En la Legislatura vimos cómo abiertamente el lobby clerical presiona contra las leyes. Los bloques políticos actúan según los lineamientos oscurantistas, donde la Iglesia tiene poder de veto. Ya vimos cómo la Legislatura votó que Tucumán era una provincia ‘provida’ solo para congeniar con el Vaticano”, dijo Alejandra Arreguez, referente del PTS-FIT y la agrupación de mujeres Pan y Rosas de esta provincia.

Arreguez también destacó que el gobernador Manzur, que fue ministro de Salud del kirchnerismo, actuó de igual manera. “Han legislado y gobernado contra las mujeres que reclaman el derecho a decidir y también de los miles de jóvenes que demandan educación sexual integral. Esta ligazón del Estado con la Iglesia va acompañada de un sinnúmero de beneficios económicos, que lo terminamos pagando nosotros. Exigimos la inmediata adhesión a la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable como la plena implementación de la Educación Sexual Integral, en el marco de nuestra campaña por la separación de la Iglesia y el Estado”, sostuvo la referente de la izquierda.

Desde la Legislatura informaron que la próxima semana volverá a reunirse la comisión de Salud Pública y luego se elaborará un dictamen.



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