CABA: no a la reforma laboral en salud

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Este jueves, en la Legislatura de CABA, el oficialismo intentará aprobar un proyecto que modifica la Carrera Profesional en Salud, apuntando a precarizar y explotar aún más al sector, además de atacar otros derechos como los gremiales.

El macrismo sacó el primer dictamen del proyecto el 24 de octubre, en simultaneidad con la votación del presupuesto de ajuste. Lo hicieron con cordón de seguridad y tras biombos para evadir el repudio de diferentes trabajadores de la salud que se acercaron a la Legislatura porteña.

El gobierno ha dejado en claro que la salud no es prioridad. A nivel nacional, no sólo mantiene las condiciones de precariedad anteriores, sino que despide y vacía el Hospital Posadas, intentó el cierre del Hospital del Cruce de Florencio Varela, degrada el Ministerio de Salud a Secretaría y se apura a aprobar, con la ayuda del PJ, el Presupuesto 2019, diseñado en función de las exigencias del FMI y los especuladores.

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El mismo propone una caída de recursos destinados para el sector del 4%, 17% menos para los hospitales que tratan enfermedades complejas, mientras destina 4 veces más presupuesto para pagos de la deuda externa, profundizando así el deterioro de la salud pública.

Por su parte, Larreta en la Ciudad hace lo suyo con el decreto que pretende unificar 5 hospitales monovalentes en el predio del Muñiz, el intento de cierre del jardín del Ramos Mejía, y ahora con un tratamiento exprés de esta reforma de la ley de la Carrera Profesional, la cual no es otra cosa que una reforma laboral para el sector de la salud, en línea con la CUS. Desde nuestras bancas del Frente de Izquierda la rechazamos y acompañaremos la movilización convocada para este jueves cuando se trate en la Legislatura.

La reforma laboral en salud en CABA

● La misma se enmarca en los lineamientos de la CUS al señalar que se rige por los principios de “eficacia y eficiencia” en la prestación del servicio (art. 2), es decir, una lógica orientada hacia la mercantilización de la salud en detrimento de la calidad de la atención y las condiciones laborales adecuadas para la misma. En el mismo sentido propone los siguientes puntos, que implican un aumento de la jornada de trabajo, mayor flexibilización, ataque a derechos gremiales, entre otros.

● Continúa la exclusión de los licenciados en Bioimágenes e Instrumentadores Quirúrgicos, además de los licenciados en Enfermería, que hace años pelean por su inclusión en la carrera. Sutecba se opuso a dicha inclusión para no perder sus afiliaciones, es decir, para defender sus propios intereses. De esta manera, estos trabajadores siguen percibiendo un salario menor, derecho a menos días de licencia por estrés, no reconocimiento de licencias para capacitaciones, entre otros derechos negados. En el caso de Psicopedagogía, al no existir instituciones que extiendan el título para la licenciatura, terminan también siendo excluidos (art 6).

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● Ataque de derechos gremiales: en el art 2 se plantea la “conformación de organismos paritarios encargados de prevenir y solucionar los conflictos colectivos de trabajo y garantizar la prestación de los servicios esenciales de salud”, es decir, se pretende reemplazar la organización sindical con la intención de atacar el derecho a huelga. A su vez, el art. 49 enmarca los derechos de quienes sean electos para desempeñar “cargos electivos o representativos por elección popular” en la ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que establece de manera ambigua que aquéllos “tendrán derecho de gozar de licencia automática sin goce de haberes”, abriendo la posibilidad a maniobras como la suspensión automática del salario sin que medio pedido. De esta forma, se desalienta la postulación para estos cargos y hace recaer sobre el sindicato el percibimiento de un haber para el trabajador, resultando de conjunto en un ataque a la organización sindical.

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● Aumento de la jornada laboral. Se eleva de 24 a 30 el mínimo de horas semanales que deben cumplir los trabajadores, también de 30 a 40 las horas semanales para quienes tengan cargos de conducción (art 107). Además, el art. 133 establece que la capacitación debe realizarse en el horario y la institución de trabajo, por lo que se aumentan las horas de servicio que deben prestar sin subir el salario y restringiendo las capacitaciones en otras instituciones.

● El art. 8 faculta al Poder Ejecutivo a incluir otros profesionales de la salud a la carrera “en consulta con las asociaciones sindicales pertinentes” y “de acuerdo con las prioridades fijadas por la política sanitaria para el Sistema Público de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, condiciona el “reconocimiento” a la política del gobierno de turno y la negociación gremial. Las únicas avaladas para el reconocimiento de los profesionales son las instituciones que los forman y matriculan.

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● El art. 9 refleja la discriminación e inequidad entre profesionales al considerar como “especialidad profesional” solo a las reconocidas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social del Gobierno Nacional, que como es sabido toma por válidas las especialidades médicas y escasas de las otras profesiones a la fecha. De esta forma profundiza el modelo médico hegemónico y desconoce las leyes que reglamentan el ejercicio de las distintas profesiones. Apoyado en la arcaica Ley n° 17.132 de Onganía busca atacar condiciones laborales y salariales de las especialidades no médicas. Se trata de un ataque al conjunto del equipo de salud, ya que deteriora el trabajo interdisciplinario y atenta contra la atención integral del paciente.

● Discrecionalidad y persecución patronal. En el capítulo XIX titulado “Del régimen disciplinario”, y en otros artículos de la ley, se proponen sanciones y penas para los trabajadores: por no tener una conducta “digna y decorosa”, ante “falta de respeto a los superiores”. Es decir, deja las sanciones a discrecionalidad y arbitrariedad de los cargos jerárquicos. Además, impide el ingreso a quienes “estuviesen procesados con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente” (art 11), es decir, a personas que no cuenten con una condena.

● Achicamiento hospitalario y precarización laboral. El art. 66 establece 6 meses de inestabilidad laboral bajo el eufemismo de “modalidad transitoria”. A su vez, el art. 86 establece la duración de 4 años en la función de conducción, es remunerado con un suplemento de “mayor dinamismo e intercambio” y habilita el cese en la misma con la excusa de “redefinición funcional o de la estructura organizativa”. Es decir, una suma de arbitrariedades define la remuneración y estabilidad, en un contexto de cierre de hospitales, como el del Proyecto Complejo Hospitalario Sur, conocido como 5×1, de Larreta.

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● Los art. 139 y 140 anulan el ascenso automático de categoría cada 4 años, introducen el régimen de evaluación de desempeño cada 2 años y con el pase a disponibilidad ante dos evaluaciones negativas. (Rad- Ley 471).

● Ataque a las guardias. Se propone que las licencias del personal de guardia queden a criterio del El Poder Ejecutivo según “la aplicación de los principios de proporcionalidad, razonabilidad y prudencia sobre la labor encomendada”. De un gobierno que está vaciando la Salud Pública no se puede esperar más que el cercenamiento de derechos.

El ataque a la salud pública se puede derrotar

Para sacar este dictamen, el oficialismo no sólo contó con los incondicionales votos del bloque de Lousteau, sino que también, como se menciona en el proyecto, Médicos Municipales sumó su amparo a este ataque. Por su parte, Federación presentó como un triunfo tibias modificaciones que de todas maneras dejan intactos todos los puntos anteriores. Es que, al igual que con el presupuesto, el peronismo y las burocracias sindicales hacen discursos encendidos para luego dejar pasar (y en algunos casos directamente acompañar) el ajuste, taponando la bronca y el repudio de los trabajadores. Nuestro voto desde el PTS en el Frente de Izquierda volverá a ser negativo y con nuestra agrupación Marrón Clasista en el MAC estaremos presentes para manifestar nuestro repudio.

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También lo estaremos cuando el presupuesto se trate en el Senado. Exigimos que las centrales opositoras dejen la tregua, que no se repita el faltazo para ir a la peregrinación de Luján, convocando a asambleas y a un paro general y movilización al Congreso el día que se vote. ¡Defendamos la salud pública!



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