Cannabis medicinal en Jujuy: salud pública vs. negocio privado

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Esta semana trascendió que el gobierno provincial acordó con la empresa norteamericana “Green Leaf Farms International” la producción de cannabis en Jujuy. Nuevo negocio de Gerardo Morales a costa del derecho a la salud.

De izquierda a derecha: Gastón Morales (hijo del gobernador), Gustavo Bouhid (Ministro de Salud), Gerardo Morales y Mark Bradley (CEO de Green Leaf Farms International).

El año pasado se aprobó la Ley Provincial Nº 6088 que crea Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava S.E.) presidida por Gastón Morales (hijo del gobernador de Jujuy). Esta norma abría las puertas al negocio privado en el cultivo de cannabis, ya que habilita al acuerdo con multinacionales extranjeras en la producción del mismo.

Este anuncio se da en el marco de que la OMS (Organización Mundial de la Salud) dictaminó que la planta de marihuana no es peligrosa y destacó su uso médico.

Hace dos años se sancionó la Ley Nacional 27350 (Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados), esta era una exigencia de las organizaciones y familiares que año a año se movilizan por la legalización de la marihuana. Esta ley no se cumple, ya que el aceite medicinal de cannabis debe ser provisto por el Estado de manera gratuita para múltiples enfermedades y actualmente exclusivamente se utiliza para el tratamiento de epilepsia refractaria, accediendo a un alto costo y de manera privada, para una patología que solo sufren los niños.

Al respecto Pablo Moesley, director de Mamá Cultiva Argentina afirmó: “Nos genera una tremenda incomodidad y molestia. Es un anuncio hecho con tanta grandilocuencia luego de dos años de no hacer nada y desconocer el trabajo que venimos haciendo. Es una noticia que sólo tiene beneficio para privados y extranjeros”.

El martes pasado trascendió que Gastón Morales (hijo del gobernador) obtuvo la autorización por parte de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich para llevar adelante un proyecto para producir y exportar cannabis junto a la multinacional norteamericana. Morales hijo, es actual Secretario Legal y técnico de la gobernación y fue nombrado presidente de Cannava S.E.

De una necesidad un negocio yanqui

“La tierra que se ha asignado para la Joint Venture (en referencia al proyecto) es casi 1.000 veces mayor que la mayor granja legal de cannabis en los Estados Unidos” dijeron ambiciosamente desde la empresa extranjera. Estos territorios pertenecen a la finca “El Pongo”, tierras que son del Estado provincial. El CEO de la empresa, Mark Bradley, explicó que los cultivos se llevarán a cabo en una granja histórica de 100 años de antigüedad y el contrato garantiza la provisión de agua alimentada por dos ríos.

Negocios con multinacionales extranjeras utilizando las arcas del Estado mediante subsidios o asociaciones mixtas (como este caso), ya lo hemos visto en la Planta solar, con el ingenio La Esperanza, etc. Arrodillarse ante las grandes mineras saqueadoras, como Toyota, Mitsubishi, Glencore – Mina El Aguilar. es la opción que toma el gobierno, permitiendo que dejen desbastado el medio ambiente y llevándose la riqueza al exterior. Saqueo y extractivismo que ejemplifica el negocio del litio, como denuncia la comunidad de la Cuenca de Guayatayoc en la Puna, mientras el Poder Judicial hace la vista gorda.

Hay extranjeros y extranjeros

El gobernador de Jujuy dá la bienvenida a empresas norteamericanas en el negocio, mientras a las y los hermanos bolivianos los priva de la salud.

Comparativamente es evidente la diferencia de trato que Cambiemos y el PJ implementa entre los CEO´S de las multinacionales, rematando la enorme riqueza natural que tiene la provincia de Jujuy y destilando xenofobia contra los migrantes extranjeros pobres que necesitan del sistema de salud, pretendiendo hacerlos responsables de la crisis social y económica.

Alentados por los vientos de derecha que vienen de Brasil, Morales junto a los Piccheto, Massa y Urtubey reproducen discursos y políticas de odio contra los extranjeros pobres, poniéndolos como chivo expiatorio de la crisis que (ellos) los capitalistas generaron, dándoles su impronta nacional(ista), buscando dividir las filas de los explotados. Según la ministra Patricia Bullrich desde su gobierno son los maestros de Moro y Bolsonaro.

Gerardo Morales y los cipayos peronistas pareciera que diferencian acepciones de la palabra extranjero según de qué clase social provenga. A los ricos los benefician, a los pobres discriminan.

Preso por cultivar marihuana

A fines del año pasado Patricia Bullrich reinvidicó su política represiva, gracias a la (mal) llamada “lucha contra el narcotráfico”, el 36 % de las detenciones son por consumo personal. En otras palabras, la ministra se jactó de que, en 2018, 17.718 personas fueron apresadas por tenencias mínimas.

En la misma sintonía, cuando se debatía en la legislatura provincial el uso del aceite cannabico, las diputadas del PJ Fellner y Cejas desplegaron todos los argumentos retrógrados que se utilizan para perseguir a los consumidores, ocultando el rol fundamental del Estado en el narcotráfico.

Dos de cada tres causas penales abiertas por infracción a la Ley de Estupefacientes son por consumo personal. Estos números muestran una clara persecución a los jóvenes, sobre todo en los barrios pobres. Mientras tanto, el gran negocio del narcotráfico continúa funcionando, con la complicidad de los funcionarios, los jueces y todas las fuerzas de seguridad.

La salud pública es un derecho

Legalizar la marihuana es parte de una política para combatir tanto el narcotráfico como el reforzamiento represivo del Estado que se apoya en este negocio. Mientras tanto ante el reconocimiento del uso medicinal del aceite cannabico desde el Frente de Izquierda presentamos un despacho en minoría alertando sobre el negocio privado que pretendía hacer el gobierno con un tema de salud pública. “Este despacho en minoría plantea por ejemplo la creación de la empresa estatal haciendo eje en la necesidad del suministro del aceite medicinal a todo aquel que lo necesite de manera gratuita en los hospitales e incorporado en la cobertura de las obras sociales.

Un punto relevante, a diferencia del proyecto oficialista, es que la empresa sea 100% estatal solventada con impuestos progresivos a los empresarios del tabaco y que la gestión de la producción esté en manos de los trabajadores con la participación de familiares o usuarios del aceite cannábico, sostuvo la diputada Natalia Morales. Hizo hincapié que mientras se legaliza el cultivo estatal abierto a los negocios del sector privado se sigue criminalizando a las personas que autocultivan, aspecto por el cual el PTS-FIT se pronunció en contra del mismo y planteó la legalización del cannabis para uso medicinal y recreativo como presentaron un proyecto en el Congreso Nacional años atrás Nicolás del Caño y Miryam Bregman.



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