Carlos Lombardi: “Sin parasitar al Estado, la Iglesia sería una sociedad de fomento”

0
118


Abogado, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico. Una charla sobre la necesaria separación de la Iglesia y el Estado.

Carlos Lombardi tiene 53 años y vive en la ciudad de Mendoza. Es abogado y profesor universitario. Da clases de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo y de Derecho Administrativo en la Universidad de Congreso de la capital mendocina.

También se especializa en Derecho Canónico, la ley interna que rige la vida (y la muerte) de la Iglesia Católica. Y desde hace algunos años es el asesor jurídico y patrocinante letrado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico (filial argentina de la internacional SNAP fundada por la estadounidense Barbara Blaine).

Su testimonio es parte de No Abusarás (el mandamiento negado en la iglesia de Francisco), documental producido en 2017 por La Izquierda Diario (junto a Julián Maradeo) que desnuda el sistema institucionalizado desde el Vaticano para encubrir a violadores con sotana y darle condena eterna a las víctimas.

En este nuevo diálogo con La Izquierda Diario Lombardi explica por qué la campaña nacional por la separación de la Iglesia del Estado tiene sobrados fundamentos.

Privilegios de la cruz y la espada

Desde el punto de vista jurídico/normativo, ¿qué significa para vos el planteo de separación de la Iglesia del Estado?

  • Significa que el Estado, para asegurar la igualdad jurídica y libertades laicas, debe derogar todas aquellas leyes que representen un privilegio o prebenda para la Iglesia católica.

    ¿Cuále son las leyes más importantes en ese sentido?

  • En la actualidad existe un sistema de privilegios, que podríamos decir que se asienta en cuatro pilares. Se trata del artículo 2 de la Constitución Nacional, el Concordato con la Santa Sede firmado por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, el artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación y el conjunto de leyes “sancionadas” (así, entre comillas porque el Congreso estaba cerrado) durante la última dictadura genocida.

    Pero hay que decir que la separación no sólo debe plasmarse a nivel normativo. Ese sería quizás el primer paso. Debe proyectarse, también, al plano político.

    A trazo grueso, comparando Argentina con el resto de Latinoamérica y del “mundo católico” ¿en qué nivel está la relación Iglesia-Estado en nuestro país?

    En Latinoamérica las relaciones entre el Estado y la Iglesia tienen un patrón común a nivel normativo, más allá de algunos matices: el trato preferencial. Y en lo político, como sostienen los sociólogos, la dirigencia en sentido amplio ha naturalizado la presencia de los obispos en la vida pública. En Argentina, muchos dirigentes no conciben hacer política sin un cura u obispo al lado. Las excepciones son Uruguay, Chile y México.

    Lombardi hace mención al cuerpo de leyes y artículos que son fundamentales para entender por qué la Iglesia Católica tiene tanto peso en la vida política.

    La Constitución Nacional afirma en su artículo 2 (apenas después de fijar qué forma de gobierno tiene la nación) que “el Gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico romano”. Nada menos. Y vale decir que a ese artículo redactado en 1853 no se le tocó una coma en la reforma de 1994.

    Por su parte el Concordato firmado entre el Vaticano y el dictador Onganía el 10 de octubre de 1966 creó un enclave jurídico con el que la Iglesia se aseguró hasta el día de hoy su más amplia libertad de acción, tanto en asuntos internos como en su relación con el Estado, al punto que tiene propios tribunales para juzgar delitos comunes. Eso sí, constitucionalmente el Estado la sigue sosteniendo.

    Las negociaciones del Concordato se habían iniciado durante el gobierno radical de Arturo Illia, pero quien finalmente lo firmó por Argentina fue Nicanor Costa Méndez, el canciller de Onganía que, 16 años después, ocupando el mismo cargo pero en otra dictadura, sería una de las caras visibles de la derrota militar en Malvinas.

    El artículo 146 del Código Civil y Comercial de la Nación le da a la Iglesia Católica la misma categoría de un país, una provincia o un organismo compuesto por varios estados. Así, bajo la figura de “persona jurídica pública”, el código reformado durante el gobierno de Cristina Fernández reconoce a la institución dirigida por Jorge Bergoglio con un estatus insuperable.

    Y respecto a los decretos “sagrados” firmados por Videla, Galtieri y Bignone, fijaron privilegios y beneficios como el pago estatal de sueldos y jubilaciones especiales para obispos y sacerdotes, subsidios para seminaristay diversas leyes leyes que reglamentan el sostenimiento del culto. Esos decretos siguen intactos. Ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Kirchner, ni Fernández ni Macri osaron tocarlos.

    Parásitos

    En una reciente columna de opinión titulada “Aborto y religión en el escenario público”, Lombardi asegura que “sin parasitar al Estado, la Iglesia Católica estaría reducida a una especie de asociación de fomento”. Tal afirmación se basa en que hace tiempo que “la alta y baja clerigalla no asume su rol secundario en la toma de decisiones de la sociedad” y que “como no saben dónde ubicarse socialmente -porque se extinguió para siempre la organización religiosa de la sociedad- continúan enquistados en el poder político”.

    ¿Qué dos o tres ejemplos concretos podés dar para demostrar ese parasitismo de la Curia argentina?

  • El primer ejemplo son los sueldos que el Estado les paga a los obispos, gracias a ese mandato constitucional anacrónico y esas leyes dictadas por los genocidas. El segundo son los cuantiosos fondos públicos que se destinan a la educación confesional privada, la que debería ser sostenida por los padres de los alumnos que asisten a ellos. El Estado no tiene por qué financiar el mito y la superstición. El tercero son las exenciones impositivas.

    Ni hablemos de las cuestiones inmobiliarias y prebendas procesales que permiten a los obispos no concurrir a un tribunal si son citados a declarar, lo hacen por escrito.

    El Estado es una entidad indispensable para la iglesia. Algo tiene que sacarle. No puede vivir sin él.

    ¿Por qué afirmás que el “mandato constitucional” del sostenimiento del culto católico es anacrónico?

  • Por un lado, porque ha perdido vigencia sociológica. La mayoría de los argentinos no practican la religión católica, sólo hay una mayoría nominal. Y por otro lado, el principal argumento del sostenimiento, que dice que el Estado le confiscó cuantiosos bienes inmuebles a la Iglesia y por eso debe compensarla, es netamente abusivo.

    Si fuese como la Iglesia dice, se trataría de una especie de indemnización. Pero toda indemnización tiene plazo y vencimiento.

    Las preguntas que habría que plantear entonces son ¿hasta cuándo habrá que pagar esa compensación? ¿Cuál es el monto que se les debe? ¿Tan rica era la Iglesia, y tanto dinero perdió, que hasta en siglo XXI hay que compensarla?

    Vos también afirmás que la Iglesia juega un rol de “veedora moral del sistema político”. Además de lo que vimos en el debate por la legalización del aborto, ¿a través de qué elementos o prácticas juega ese rol?

  • Ese rol lo ha cumplido, históricamente, mediante sus documentos, declaraciones y elaboración doctrinaria.

    Recordemos que todo ese bagaje es elaborado por el clero. Los laicos, el católico “de a pie”, no participa en nada de eso. Solo cumple. Es tal la invasión a su privacidad y el papel de sujeto pasivo que se le da que los curas les dicen hasta cómo tener relaciones sexuales.

    Y también se ejerce mediante el lobby formal e informal en diversas esferas de poder. No solo la votación del aborto, sino todos aquellos proyectos de leyes, políticas públicas y sentencias judiciales que pudieran representar el ejercicio de las libertades de decisión y elección, pasaron por el “filtro moral” clerical. Se ve claramente en lo que hace a la educación sexual.

    Ese rol de “veedora” se da lógicamente en función de sus intereses. ¿Quiénes son las víctimas de ese lugar que el Estado le da a la Iglesia?

  • ¡Los ciudadanos! Quienes no pueden proyectar su libertad de intimidad, hacer su proyecto de vida, por esa constante invasión e intromisión de la Iglesia, apañada por el Estado.

    El problema en este punto es que las religiones, incluida la católica, ya no organizan a la sociedad. Ese nuevo rol es el que no aceptan. Las mujeres, y cada vez más los varones, no toman sus decisiones pensando en “modo religión”.

    Reacciones

    La campaña de los pañuelos naranjas, que propone la separación efectiva de la Iglesia y el Estado y que surgió al calor del debate nacional sobre la legalización del aborto, ya tiene diversas expresiones. Una de ellas es la iniciativa impulsada por el diputado Nicolás del Caño y las diputadas Myriam Bregman y Nathalia González Seligra del PTS-FIT, por la “derogación de los privilegios de la Iglesia Católica”, que ya cuenta con casi cien mil firmas en pocos días.

    Otra acción, impulsada por diversas agrupaciones, plantea la “apostasía colectiva”, es decir la renuncia formal a ser consideradas y considerados miembros de la Iglesia Católica por el solo hecho de haber sido bautizados en la niñez. Vale decir que la Curia recibe cuantiosas sumas de dinero en base a ese poco confiable “padrón de afiliados”.

    ¿Qué consecuencias tendría para la Iglesia una apostasía colectiva general en Argentina?

  • ¡No les gusta para nada! Pondría en evidencia que sus miembros, es decir quienes están bautizados, lo son por obligación, porque las familias presionan, o por costumbres y tradiciones. La principal consecuencia sería la mayor pérdida de influencia social y política.

    En 2006 el Vaticano se negó a suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw -siglas en inglés-). Y la Conferencia Episcopal Argentina fue la más ferviente opositora a que el Estado argentino ratificara esa convención. ¿Cuáles fueron los argumentos?

  • Principalmente planteaban que esa convención permitía introducir el aborto en la Argentina. Sin embargo, el aborto es legal en ciertos casos desde 1921.

    Pero la verdadera razón, que no dijeron ni van a decir, es que no toleran que las mujeres sean autónomas y decidan sobre sus cuerpos. Cabe recordar que la Iglesia se opuso al voto femenino…

    ¿Hay otros ejemplos como ese, de negación institucional del Vaticano y los obispos a reconocer derechos elementales de las mujeres?

  • Respecto a Argentina, son incumplidores de tres convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres: la Cedaw, Belém do Pará y la Convención de los Derechos del Niño. Curiosamente, tres convenciones que integran la ley 26.485 de protección integral de las mujeres.

    Tristes, deprimentes y represivos

    En la misma nota que escribió en este diario, Carlos Lombardi asegura que la Iglesia Católica detenta una “cosmovisión triste y deprimente por su antropología negativa y altamente represiva”. Lo dice tras años de lidiar con los más rancios y conservadores exponentes de la institución.

    Como asesor legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico y especialista en Derecho Canónico, Lombardi avanza unos pasos más en la caracterización de esta multinacional con casa matriz y banco central ubicados en el Vaticano y con CEO argentino desde 2013.

    ¿Cuáles son las “coordenadas” generales de esa cosmovisión triste y deprimente y de esa antropología negativa y altamente represiva?

  • En verdad eso es lo que dicen teólogos disidentes con el pensamiento oficial católico. Por ejemplo el español Juan José Tamayo. Desde la perspectiva teológica, la antropología católica es pesimista por cuanto considera que los seres humanos, sean creyentes o no, estamos sometidos al dios cristiano, somos dependientes, carecemos de autonomía en el pensar y actuar, de modo que antes de seres con derechos somos pecadores y difícilmente portemos dignidad. Eso explica los códigos morales con prohibiciones y amenazas de castigos, en especial, el castigo eterno.

    ¿Vos creés que la separación efectiva de la Iglesia del Estado es una cuestión de tiempo o pensás que si no se da una lucha a brazo partido ese parasitismo eclesiástico puede durar por los siglos de los siglos?

    En parte es una cuestión de tiempo, porque las generaciones jóvenes no están tan ligadas a la religión. En la sociedad, la presencia de la religión es una manifestación cultural más, una especie de folclore, de tradiciones.

    En ese sentido la secularización, que es la presencia en menor o mayor medida de la religión, es un fenómeno que no se detiene. Hoy prima lo individual.

    Ahora bien, la laicidad, es decir el hecho de que las políticas públicas y leyes no necesitan un fundamento religioso, eso hay que consolidarlo. Y no se logrará sin la separación de estas dos entidades. Es fundamental.

    En ese sentido, a fines de julio acompañaste en Mendoza a Noelia Barbeito, a Nicolás del Caño y al senador Víctor Da Vila en la presentación del proyecto de Ley para eliminar los privilegios de la Iglesia Católica

  • Por supuesto. Es muy importante la iniciativa del diputado Nicolás del Caño y otros integrantes del Frente de Izquierda, volcada en el proyecto de separación. Sin dudas hay que acompañarlo. Y les pido a los ciudadanos y ciudadanas que no abandonen la lucha, que no aflojen en el activismo a favor de las libertades, en especial, de las mujeres.



  • Source link