Clausuran obras ilegales de Gustavo Pierri que destruyeron humedales en reserva Laguna de Rocha

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“Es una primera victoria”, aseguró Martín Sarina, integrante del Colectivo Ecológico Unidos por la Laguna de Rocha. “Nuestro objetivo máximo es que haya una reconstrucción ambiental”.

A raíz de las obras ilegales de relleno y tala de árboles, responsabilidad del empresario Gustavo Pierri, hermano del dueño de Telecentro, en un sector de 30 hectáreas de la reserva natural Laguna de Rocha -un humedal clave para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo-, los vecinos de Esteban Echeverría y el Colectivo Ecológico Unidos por la Laguna de Rocha se movilizaron y consiguieron que el municipio de Esteban Echeverría clausurara las construcciones.

“Es una primera victoria”, aseguró uno de los integrantes del grupo ecológico Martín Sarina. “El segundo paso es que le quiten las autorizaciones. Nuestro objetivo máximo es que haya una reconstrucción ambiental, que deje todo tal como estaba”, afirmó.

El lunes 18 de marzo, vecinos y agrupaciones ambientalistas se movilizaron para exigirle al municipio respuestas sobre estas obras que no tenían permiso ni cartel. “Muchas personas se acercaron para saber qué era lo que pasaba”, contó Sarino, y aseguró: “La marcha fue un éxito”.

Debido a la presión que venían ejerciendo, el municipio intimó a Gustavo Pierri, hermano de Alberto Pierri, dueño de Telecentro y exfuncionario menemista, que muestre los planos y las habilitaciones. Para eso le dieron un plazo de 72 horas que no cumplió y sus obras fueron clausuradas.

“No sabemos si presentó los papeles y eran ilegales o si no presentó nada”, aclaró Sarino sobre la falta de información. Tampoco saben si entregó esos documentos cuando el pasado 20 de febrero Acumar y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) realizaron una intervención en la zona y le exigieron explicaciones al empresario.

Luego de la marcha, a las 20.30 horas, el subsecretario de Medio Ambiente del municipio citó al grupo ecologista y a los vecinos para contarles que habían enfrentado al empresario porque habían hecho una evaluación del lugar con Obras Particulares del municipio y habían encontrado los humedales destruidos.

“Es un conflicto de tierras de especulación inmobiliaria. Es especular con la tierra esperando que aumente el valor mientras se destruye un lugar natural para hacer este tipo de emprendimientos”, sentenció Sarina. Según Pierri, él quería construir “cuatro casas para sus hijos y no sabía que estaba prohibido”.

“Estamos esperando que Acumar, OPDS y el municipio nos den una respuesta sobre si van a reclamar judicialmente una recomposición ambiental”, concluyó Sarina. En el caso de que no lo hagan y sólo se conformen con el cartel que dice clausurado, los vecinos en lucha junto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) van a recurrir a la justicia. Primero, esperan a que lo hagan esas instituciones ya que sería innecesario hacer una segunda denuncia.

Según explicó el integrante del grupo ecologista, lo que provoca este sector destruido es un “desbalance hídrico”, algo lamentable para un sector de la Cuenca Matanza-Riachuelo que, aunque tenga “contaminación orgánica”, está mucho “más cuidado” que otros sectores en cuanto a su “biodiversidad”.

Según informó al respecto la Red de Áreas Protegidas Urbanas (RAPU), “el panorama es desolador para una de las áreas protegidas más importantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y su población aledaña. El relleno de tierra crea un dique de 700 metros que aisló parte del humedal del resto del ecosistema, lo cual generará daños a la biodiversidad y un desequilibrio capaz de generar inundaciones en los alrededores”.

Este conflicto comenzó en abril de 2018 cuando los vecinos observaron un paredón perimetral que ocultaba las obras ilegales de tala y relleno de los humedales. En ese momento hicieron la denuncia, pero “la serie de acciones de las autoridades no llegaron a nada”. Se le informó al municipio y al OPDS. “Los primeros en actuar fueron los guardaparques, pero a nivel administrativo no hubo sanciones”. Se elaboraron certificados de ilegalidad y el municipio mandó el cese de obras, pero nada se detuvo. Acumar hizo tomas aéreas y frenó en un momento las obras con la policía, sin embargo, la destrucción de humedales continuó.

Desde RAPU sostienen que “esta situación implica un incumplimiento de las funciones del Estado provincial, en especial del OPDS y el Ministerio Público Fiscal, que no actúan de oficio frente a un daño eminente a los bienes públicos” y que “puede considerarse un delito federal por hallarse ubicado en el territorio de la Causa Mendoza, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, sobre el saneamiento del Matanza Riachuelo, responsabilidad de ACUMAR y el Estado Nacional”.

En 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó sanear el Riachuelo. El mes pasado, ACUMAR firmó un convenio para realizar el Inventario de Humedales de la Cuenca Matanza Riachuelo con el objetivo de delimitar y caracterizar los humedales como herramienta para la supuesta gestión sustentable de estas zonas.

La Laguna de Rocha, ubicada en la avenida Jorge Newbery km 27.3 de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, fue declarada reserva natural por la ley provincial N° 14488 en 2012. Aproximadamente, tiene una extensión de 1400 hectáreas donde 300 son de agua y sólo 630 están protegidas por ley.

Según RAPU, “abarca nueve ecosistemas distintos, que alojan alrededor de 162 especies de aves, otras tantas de anfibios, reptiles y mamíferos. Además de su diversidad biológica es uno de los últimos pulmones verdes y poco afectados de la Cuenca Media del Matanza Riachuelo, fundamental para su saneamiento”.



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