Control social en la juventud: una cuestión de clase

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Los Jóvenes fueron y son el objeto predilecto de la persecución punitiva por parte del Estado, una manera de gobernabilidad de la cuestión social.

El miércoles se conoció la noticia de que el gobierno creó mediante la resolución 598/2019 el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” dejando así en manos de la Gendarmería, responsables de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la formación de jóvenes de 16 a 20 años de edad que se inscriban voluntariamente.

Pero esto no surgió de la noche a la mañana y forma parte de un eslabón más de la cadena de control social que históricamente se fue construyendo en Argentina según las necesidades del capital.

La Ley de Patronato de Menores (Ley 10.903/1919), también conocida como Ley Agote estuvo en vigencia casi 100 años, y es así que aquello que parece muy lejano en el tiempo , no lo es tanto en cuanto a la vida de los niños, niñas y adolescentes.

Si bien durante el año 2005 se promulgó la ley 26.061 de protección integral a niños, niñas y adolescentes,la cual los convierte en sujetos de derecho,pero muchas cosas no han cambiado para la juventud.

La igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida

Distintas políticas de control social y criminalización a la juventud continuaron durante todos esos años y algunas se han profundizado sobre todo en zonas donde habita la llamada juventud “ni-ni”, la cuestión social se ponía de manifiesto y los distintos gobiernos no son ingenuos a la hora de pensar qué consecuencias tiene para la clase trabajadora y los sectores populares las medidas económicas que aplican a beneficio de los grandes empresarios, en una década que se la llevaron en pala como decía la ex presidenta Cristina Kirchner.

En el año 2003 y mediante un acuerdo entre el gobierno nacional y provincial se desplegó un dispositivo de ocupación de las fuerzas federales de seguridad como la Gendarmería y la Prefectura en los bordes de tres barrios característicos de la pobreza que genera este sistema : el Complejo Habitacional “Ejército de los Andes” de Ciudadela , conocido como “Fuerte Apache”, el “Barrio Carlos Gardel”, ubicado en Morón y La Cava en San Isidro.

Pero esto no fue todo, los siguientes años se implementaron diferentes programas y operativos que profundizaron aún más el control social hacia los sectores populares y la juventud empobrecida.

De esta manera el Ministerio de Seguridad dispuso en 2010 a “fuerzas federales para la pacificación” y custodia a través del conocido Operativo Cinturón Sur. Esta es la respuesta que el Estado tiene para los jóvenes, mientras se pagaba millones de una deuda completamente ilegítima. La pobreza en nuestro país y la falta de trabajo seguía creciendo. La unica manera de pasar los planes de ajuste es mediante la represión y la impunidad de fuerzas de seguridad.

Así nos arrebataron a Luciano Arruga quien tenía 16 años y estuvo desaparecido durante 5 años y 8 meses desde el 2009.

Basta con mirar el último informe anual sobre la represión policial presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que da cuenta como durante el gobierno de Cristina Kirchner cada 28 horas un joven era asesinado por la Policía y su “gatillo fácil”.

En la era de Cambiemos esa cifra se redujo a cada 25 horas , una práctica institucional que día a día se ve en cada barrio y en cada ciudad del país, recordemos a Aníbal, Camila, Danilo y Gonzalo quienes fueron las víctimas de la Policía Bonaerense en San Miguel del Monte.

Su seguridad no es la nuestra

Cacheos arbitrarios, torturas, humillaciones “aleccionadoras” , en los barrios se vuelven una constante, no podemos permitir que esto se siga profundizando, la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que crea un servicio cívico voluntario y pone en manos de la Gendarmería la formación de los jóvenes mientras recorta el presupuesto educativo y tenemos escuelas sin estufas, sin comida, pero el argumento de Patricia Bullrich es que este voluntariado es para “los chicos que no estudian ni trabajan”, cuando sin embargo en el expoempleo realizado hace semanas en la rural más de 30.000 jóvenes han participado con el sueño de conseguir un trabajo y ni hablar de los jóvenes que ni llegaron a tener para cargar la sube y acercarse a la rural.

El Estado es ni-ni

Ahora en plena campaña electoral se debe poner sobre la mesa si van a pagar la deuda, porque la alternativa no es “renegociar” como plantean desde la oposición peronista y así aceptar una deuda que no contrajo el pueblo trabajador, el pago de la deuda representa lo que sale construir más de 42 mil escuelas o equivale a 415 mil viviendas del plan Procrear.

Hay que cambiar de cuajo las prioridades en función de los intereses de las grandes mayorías, para que nuestra juventud reciba educación, salud, y trabajo digno y no una baja de edad de punibilidad, hambre y desocupación.



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