Córdoba: el Tribunal Superior de Justicia falló a favor del aborto no punible

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La Guía para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles estaba suspendida desde el 2012. Se realiza un pañuelazo en Tribunales.

Hace minutos, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirmó la vigencia de la Guía Provincial de Procedimiento para la Atención de Pacientes que soliciten Prácticas de Aborto no Punibles, para los casos de embarazos producto de violaciones o que ponen en riesgo la salud de las madres. Por mayoría de cuatro contra tres, el TSJ resolvió hacer lugar al recurso de casación promovido por el Gobierno Provincial como parte demandada, y revocó la sentencia de Cámara de Apelaciones que había declarado inconstitucional la guía de procedimiento. Distintas agrupaciones de mujeres realizaban un pañuelazo frente al edificio de Tribunales I a espera de la sentencia.

Laura Vilches, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda y dirigente de la agrupación Pan y Rosas, declaró: “Este fallo es producto de la movilización de las mujeres, después de casi siete años de dilaciones por parte de la Justicia, que dio lugar al amparo de una asociación católica. Como venimos denunciando desde la banca del PTS, la Iglesia mantiene privilegios enormes como exenciones impositivas, que le dan un poder económico para lanzar todas las campañas en contra de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales, como hicieron oponiéndose a la legalización del aborto y a la educación sexual integral. Ahora que la denuncia de Thelma Fardin y Actrices Argentinas vuelve a estar en debate público la violencia hacia las mujeres, es muy importante este fallo porque la Iglesia es una de las instituciones que reproducen esta violencia, al igual que hizo la Justicia en el caso de Lucía Pérez y tantas otras. En un año en que las mujeres nos manifestamos por miles en las calles, responsabilizando al Estado y sus instituciones por todas las opresiones que vivimos, tenemos que seguir luchando por todos nuestros derechos; contra la violencia machista, por el aborto legal y por la separación completa de la Iglesia del Estado”.

En marzo de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en el llamado “fallo F.A.L.”, que todos los embarazos productos de violaciones son susceptibles de ser interrumpidos sin que pueda haber persecución penal contra el profesional médico o la niña, adolescente o mujer víctima. La Corte también decretó que no es necesario que una denuncia penal para realizar la práctica, y que basta la declaración jurada de la víctima. La Nación elaboró un protocolo de acción para estos casos, que en Córdoba está vigente en los hospitales nacionales: el Clínicas y la Maternidad.

El 30 de marzo de 2012, la Provincia publicó el propio, más restrictivo, pero manteniendo el criterio de no exigir la denuncia penal. A los pocos días, la asociación Portal de Belén presentó un recurso de amparo al considerar que el protocolo médico es inconstitucional. En agosto de ese año, el juez de primera instancia Fernando Ossola determinó que la interrupción legal de embarazo por violación sólo era posible si mediaba una denuncia penal, y no una declaración jurada anexada a la historia clínica.

Desde ese momento, el Portal de Belén presentó numerosos planteos que, sumados a la falta de decisión política del TSJ, fueron demorando la resolución. La organización ya planteó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



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