Córdoba: en un año se desconectaron 54.000 usuarios de la red de gas por el tarifazo

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En el último año, el 8 % de los usuarios se dio de baja del servicio por no poder pagar la boleta. En la provincia solo hay 76 localidades con gas natural.

Una de las obras más publicitadas del Gobierno de Córdoba fue la de los gasoductos troncales, que permiten llevar el gas natural a 282 localidades del interior. Esto representa que, en toda la provincia, los usuarios podrían llegar a 972.000.

Pero detrás de la propaganda de Schiaretti se esconde otra realidad. Una nota de La Voz del Interior de este domingo informa que durante el último año, 54.000 usuarios se desconectaron de la red de gas, un 8 % de los 637.000 que registró la Distribuidora Gas del Centro (Ecogas) en 2018. La mayor parte fue por mora, pero también hay una gran cantidad de bajas voluntarias. Aunque las alternativas al gas natural son mucho más caras, permiten controlar el gasto y no tener que esperar a que llegue la boleta para saber si se podrá pagar o no. Por el lado de las nuevas conexiones “puras”, sumaron solo 10.200 el año pasado.

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La tarifa de gas natural aumentó, para la categoría de referencia en Córdoba (R2-3), más de 1.600 % en tres años y la dificultad para pagar se refleja no solo en las bajas sino en un menor consumo. En dicha categoría están los usuarios que consumen entre 800 y 1.000 m3 anuales, lo que representa un calefón, calefactor de uso muy moderado y cocina. Solo el 11 % de los usuarios de Ecogas entra en esa franja, mientras que el 46 % consume menos de 800 m3 anuales.

Conexiones caras y alternativas peores

Los datos del Gobierno de Córdoba muestran que ya hay 76 localidades con gas natural, pero la decisión de hacer la conexión domiciliaria también está sujeta a las posibilidades económicas, ya que tiene un costo de $ 60.000 y requiere una obra importante en el hogar.

Por este motivo, cuando en 2017 Ecogas presentó sus planes de expansión en la Secretaría de Energía, preveía que solo el 30 % de los más de 30.000 nuevos usuarios potenciales se conectaría en los siguientes cinco años.

Donde no llega el gas natural, las opciones para cocinar y calefaccionarse son las garrafas, los tubos de gas licuado o directamente la leña.

Todas estas alternativas son mucho más caras que el gas natural y su costo aumenta al mismo ritmo que la tarifa de Ecogas. La garrafa de 10 kg sale $ 430 (en el caso de la subsidiada, $ 330) y puede durar una semana en una estufa, mientras que el tubo de gas de 45 kg cuesta entre $ 2.200 y $ 2.500 y equivale a cuatro garrafas y media. La tonelada de leña, en tanto, sale entre $ 5.000 y $ 6.000 y sirve para un mes de calefacción. En promedio, con cualquiera de estas opciones una familia tipo gastará unos 12.000 en los tres meses de invierno, solo para calentar el ambiente.

Los empresarios no pierden

Según refleja La Voz del Interior, en el Enargas advierten este fenómeno en las distribuidoras de todo el país y están estudiando la posibilidad de instalar medidores inteligentes más fáciles de leer, y que también pueden servir como prepagos si es necesario. Es decir, que, si el usuario tiene dinero, puede usar gas. Cuando se acaba la carga, el gas se corta. Algo que ya sucede con la electricidad en 180.000 hogares de Buenos Aires, donde los medidores prepagos fueron instalados compulsivamente por Edenor.

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Mientras miles de familias tienen que hacer malabares para cocinar y calefaccionarse, las empresas distribuidoras de gas natural ganan millones gracias a los tarifazos. En el caso de la Distribuidora Gas del Centro, que abarca Córdoba, Catamarca y La Rioja, el año pasado tuvo ganancias netas por $ 1.429,9 millones, un incremento del 84,89 % con respecto al 2017.

El incremento en las utilidades se debe principalmente al aumento del precio de la distribución (que, junto a los incrementos en el valor del gas propiamente dicho y en el transporte explican los tarifazos) y solo una pequeña parte por una mayor cantidad de clientes.

La sociedad que controla Ecogas, con un 44 % de las acciones, es nada menos que Central Puerto S.A., una de las empresas del holding SADESA (Sociedad Argentina de Energía SA), que tiene entre otros accionistas a Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg, y a Nicolás Caputo, amigo personal del presidente Mauricio Macri.

Los servicios son un derecho, no un negocio

Queda demostrado que, en el sistema capitalista, las ganancias de los empresarios, sobre todo si son amigos del poder de turno, prevalece por sobre el derecho de la población de contar con servicios indispensables. Esto no sucede solo bajo el gobierno de Mauricio Macri, ya que durante los 12 años de gobierno kirchnerista tampoco se retrocedió en las privatizaciones de los 90, durante las cuales se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución.

Mientras los servicios públicos estén en manos de empresarios que lucran con ellos, millones de personas seguirán sin poder acceder a los mismos, ya sea por los tarifazos o porque la lógica empresarial impide la expansión de las redes. Por otro lado, las empresas estatales gestionadas por el gobierno también se enfocan a los intereses de los negocios empresarios y no aseguran la prestación de un servicio accesible y de calidad. Por eso, además de la nacionalización y reestatización sin pago de todas las empresas privatizadas, el Frente de Izquierda propone que sean puestas bajo control, administración y gestión de trabajadores y control de los usuarios populares. Así se podrán establecer los términos para la prestación del servicio a un precio que garantice el acceso sin restricciones, segmentando las tarifas con criterio progresivo, al mismo tiempo que asegurando la sustentabilidad del sistema.



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