Corrupción K y M en las obras de las represas del río Santa Cruz

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De la licitación de las obras durante el kirchnerismo a la elaboración de los estudios de impacto ambiental durante el macrismo, las obras de las represas no han estado exentas de irregularidades.

Las obras de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic no han estado exentas de irregularidades. Recientemente se hizo de público conocimiento que el jurista y socio radical de Cambiemos Ricardo Gil Lavedra se presentó ante el exministro Juan José Aranguren como representante de la constructora China Gezhouba Group Company, cuestionada en todo el mundo por corrupción y desastres ambientales, para discutir cómo acelerar la marcha de la obra que se encontraba frenada desde hace dos años por un reclamo ambiental.

Gil Lavedra fue acompañado en dicha ocasión por Gerardo Ferreyra, vicepresidente de Electroingeniería, hoy detenido por el caso de los “cuadernos de Centeno”, y por Hu Zhijun, representante de la Unión de Empresas Transitorias que lleva adelante el cuestionado proyecto.

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Curiosamente, en agosto de 2013 Gil Lavedra, que oficiaba por entonces como presidente del bloque de diputados de la UCR, denunció en Comodoro Py a más de cinco funcionarios por irregularidades en la licitación de las represas que había ganado Electroingeniería. El radical denunció por entonces que el negocio parecía “armado para los amigos del poder”, señalando “anomalías” en el dictamen que preadjudicó la licitación a Electroingeniería. Este año le informó al Gobierno que representaría a la empresa china en su alianza transitoria con Electroingeniería e Hidrocuyo.

En noviembre de 2013 Hu Zhijun, que acompañó a Gil Lavedra ante Aranguren, había visitado al hoy detenido secretario de Obras Públicas de la Nación José López. Lo hizo en representación de China Gezhouba Group Company. Con él estaban en aquel momento el ingeniero Sergio Vestfrid (asesor de contratos de Electroingeniería) y el secretario de Recursos Hídricos Edgardo Bertolozzi. La reunión tuvo lugar en el despacho privado del intendente de El Calafate Javier Belloni (encubridor del asesinato del joven tehuelche Gabriel Hueicha). El objetivo era suscribir el contrato de obra que era el paso previo necesario para establecer el contrato de financiamiento para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic (hoy rebautizadas por la administración macrista como Cóndor Cliff y La Barrancosa).

En febrero de 2015 Cristina Fernández de Kirchner firmó en China la orden de inicio de las obras sobre el río. El acuerdo fue suscripto por funcionarios chinos y argentinos, y empresarios de ambos países. El acuerdo fue catalogado por la expresidente como una “alianza estratégica integral”. Sin embargo, en mayo de ese año el Banco Mundial incluyó a Gezhouba en una lista de empresas inhabilitadas para recibir financiamiento del organismo internacional por “fraude y corrupción”.

En diciembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia suspendió provisionalmente las obras debido al cuestionamiento al estudio de impacto ambiental realizado para la continuidad del proyecto. En agosto de 2017 el gobierno de Mauricio Macri ratificó la continuidad del acuerdo con China.

Datos claves de las irregularidades de la obra

Jorge Hugo Marcolini fue acusado de cometer los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Marcolini fue designado subsecretario de Energía Hidroeléctrica por Aranguren, pese a haberse desempeñado como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la consultora IATASA, empresa responsable del primer estudio de impacto ambiental (rechazado por falencias, omisiones y errores técnicos) y en la que contaría con acciones valuadas en $ 657.017,53. Posteriormente presentaría un segundo estudio, esta vez como director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA) -asumiría 47 días después de ser asignado funcionario- sociedad anónima de capitales estatales (el 99 % de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía) que no se encontraba inscrita en el Registro de Consultores de Impacto Ambiental perteneciente al Ministerio de Ambiente al momento de publicar el estudio. Por esta razón la fiscal federal Paloma Ochoa le solicitó al juez federal Sebastián Ramos que impulse una causa penal contra Marcolini, el exministro Aranguren y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La denuncia fue hecha por el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, Enrique Viale, y el senador Pino Solanas.

Organizaciones conservacionistas denunciaron al Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, por conflicto de intereses para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales. Saravia Frías había solicitado el levantamiento de la medida cautelar que impedía la construcción de las represas. Sin embargo, su estudio jurídico oficia de abogado del banco chino ICBC, que aporta el 30 % de los fondos para la obra.

Uno de los estudios de impacto ambiental no cumplía una de las pautas específicas del contrato firmado por el Estado argentino con la República Popular China, en el cual quedaba de manifiesto que el estudio debe hacerse con las dos represas hidroeléctricas junto con la evaluación de impacto ambiental del tendido eléctrico. Este último está ausente en los informes presentados. El propio Ministerio de Ambiente en su Informe Técnico reconoció que no se ha realizado la ampliación del estudio del megaproyecto que incluya la línea de AT de 500 KV, por lo que de proseguir la obra se estaría infringiendo la Ley General de Ambiente.

Juan Pablo Milana, investigador principal del Conicet, doctor en Ciencias Geológicas y profesor de glaciología de la Universidad Nacional de San Juan, declaró en una audiencia pública que los datos del estudio de impacto ambiental de la represa Néstor Kirchner -la más cercana al Lago Argentino, cuyas aguas se sitúan en el Parque Nacional Los Glaciares- se encuentran adulterados, lo que pondría en riesgo a los glaciares Perito Moreno, Upsala y Spegazzini, afectando en consecuencia la biodiversidad en el último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar. Para el investigador, lo más peligroso del diseño de la represa es la posibilidad de embalsar agua muy por encima del nivel definido como mínimo para el Lago Argentino. Milana también indicó que el estudio reconoce que los caudales del lago Argentino y del río Santa Cruz dependen principalmente del derretimiento de nieves glaciares, pero no analiza el potencial impacto sobre los glaciares.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del Conicet, había remarcado que “la revisión preliminar del informe de EBISA sugiere que existen importantes inconsistencias y omisiones en la información relativa a los glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos debería ser objeto de un estudio específico”.

Conservacionistas denunciaron que si las represas no son operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente sobre el Parque Nacional Los Glaciares. “Que el futuro del glaciar Perito Moreno dependa de esta empresa [Gezhouba] es inadmisible. El proyecto no garantiza que, bajo cualquier circunstancia, no va a haber impacto sobre el lago Argentino y los glaciares”, había señalado Pedro Friedrich de Banco de Bosques.

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó un convenio marco de colaboración con Gezhouba, que fue asesorada por Gil Lavedra en un intento de dar transparencia a las compras y contrataciones del proyecto y limpiar de polémicas a las represas del sur. El Programa de Integridad habilitaba la utilización de los “recursos humanos, profesionales y técnicos de la UBA para el emprendimiento”. Las otras empresas beneficiadas con el acuerdo son Hidrocuyo y Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra.

Las represas podrían provocar la extinción del Macá Tobiano, ave endémica del río Santa Cruz. En Argentina ya se había extinguido el Pato Serrucho, especie de la región paranaense, por la construcción de la represa sobre el arroyo Urugua-í. Según Hernán Casañas, de Aves Argentinas: “No hay compensación posible para un área tan frágil e importante que se destruye como el estuario del río Santa Cruz”.

La Administración de Parques Nacionales elaboró un informe diciendo que la mayor parte del río Santa Cruz es un área prioritaria para la conservación, mientras la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) envió una nota al presidente Mauricio Macri expresando su preocupación por la construcción de las represas y la conservación del Macá Tobiano.

Según el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía, las megarrepresas Kirchner y Cepernic no pueden ser consideradas energía renovable, ya que generarán 1310 MW. La Ley 27.191 establece que “el límite de potencia establecido por la presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será de hasta cincuenta megavatios (50 MW)”.

Sergio Nahuelquir, de la comunidad tehuelche Mapu Per Jur, había declarado en una audiencia pública su “total desacuerdo con la construcción de estas megarrepresas, sobre todo en la forma en que se quieren llevar adelante e instalar sobre el río Santa Cruz, ya que no coincide con la forma de vida que tenemos los pueblos originarios”. “Algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros es a hipotecar, a coartar, a vender o a comprometer el futuro de nuestras poblaciones. La idea de condicionar la biodiversidad no nos parece aceptable”.

Un informe técnico presentado por la Comisión Nacional de Lugares y Bienes Históricos del Ministerio de Cultura señaló que las medidas de mitigación contenidas en el estudio de impacto ambiental de EBISA “no guardan relación con la magnitud de la pérdida irreversible de patrimonio arqueológico que provocará la construcción de las represas”. Recientemente la directora del área de Conservación y Patrimonio provincial declaró que fueron hallados sitios sagrados de pueblos originarios en las obras.

Las organizaciones denuncian que “las represas sepultarán definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi diez mil años esta meseta esteparia. Un sitio particularmente sensible es el cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir ‘piedra pintada’. Si se construye el embalse Jorge Cepernic se inundarán dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas, aleros y cuevas, más gran cantidad de material lítico y restos óseos.

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