Cuando alquilar se vuelve un lujo: cada vez más gente rescinde contratos

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Un informe de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires muestra el enorme costo que implica alquilar. Crece la recisión de contratos y el hacimiento.

La crisis económica y social revista múltiples rostros. Uno de ellos está indefectiblemente ligado a la cuestión de la vivienda. Por un lado, para quienes aspiran al hogar propio, esa posibilidad se ha convertido cada vez más en remota. Por el otro, para quienes solo pueden alquilar, la situación está lejos de ser mejor.

Un reciente informe del Programa de Atención a Inquilinos (PAI) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, da cuenta de esa crisis.

En el mismo se pone en evidencia la creciente dificultad para acceder o sostener el pago de un alquiler que sufren miles de familias porteñas.

El informe detalla los valores de los distintos tipos de departamentos y establece una comparación con los ingresos medios de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

El resultado arroja datos alarmantes. Por un lado, queda al desnudo que alrededor de la mitad de los habitantes de CABA no está en condiciones de afrontar los gastos correspondientes al pago de un alquiler.

Fernando Muñoz, coordinador del PAI, señala que “con ingresos familiares inferiores a $ 27.000, es imposible vivir dignamente pagando alquileres de dos ambientes que superan los 14.000 pesos”. Este valor surge de un análisis realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, el mismo ente que calcula los ingresos de la población.

Según esas mismas estimaciones, el 80% de los habitantes de la Ciudad tiene ingresos menores a $ 35.000. Al mismo tiempo, el informe Distribución porcentual de los hogares por tipo de hogar (2017) señala que el 36.8% de los habitantes de la Ciudad viven solos; el 11.4% de los hogares está compuesto por madres o padres, con hijos a cargo; el 26.1% de los hogares está compuesto por una pareja con hijos (independientemente si los hijos son de la unión actual o de parejas anteriores); el 19.2% de los hogares está compuesto por parejas sin hijos o que no conviven con ellos; el 6.6% restante está compuesto por hogares multipersonales no familiares o familiares sin núcleo.

El cálculo indica entonces que casi la mitad de la población afronta los gastos del hogar con un solo ingreso.

La consecuencia, casi inevitable, es una creciente rescisión de los contratos de alquiler. Muñoz también señala que “se está produciendo una desbordante situación de convivencia forzada: jóvenes que comparten habitaciones, hoteles familiares colmados, adultos mayores que son recibidos en viviendas de familiares; y una demanda cada vez más amplia que es recibida por propietarios que alquilan habitaciones en su propia vivienda”.

El ajuste que impulsan el FMI, Macri y los gobernadores peronistas atraviesa todos los niveles de la sociedad. La sufren amplias capas del pueblo trabajador.

Pero esta crisis no afecta por igual a toda la población. Las grandes constructoras, especuladores inmobiliarios y bancos no sienten los golpes de la misma. O, en todo, descargan los golpes sobre los trabajadores del sector.

La falta de vivienda y el consecuente hacinamiento no son problemas sin solución. Pero enfrentarlos hace falta cuestionar el esquema que los ubica como parte de un negocio y no como un derecho de la población trabajadora.

Es necesaria una reforma urbana integral que garantice el acceso a una vivienda digna a las amplias mayorías populares.



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