"Cuando les dije a los policías que soy un chico trans no quisieron asentar que me violaron"

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Lucas Mathías Gargiulo, un joven trans tucumano de 24 años y activista por los derechos de la diversidad sexual, tuvo que denunciar el ataque que sufró la madrugada del miércolesen un video en Facebook porque en la comisaría no le creyeron nada.

Lucas tiene 24 años y es activistas por los derechos de la diversidad sexual, Fue perseguido, golpeado y violado por tres hombres. Luego en la comisaría desoyeron la denuncia y en un hospital le dijeron que no tenían personal para atenderlos. El odio hacia las personas trans al orden del día.

“Empecé a caminar por Paso de los Andes y antes de llegar a la Italia me interceptan tres tipos que venían en una moto. Comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que yo era un chico gay, porque me decían ‘ahora te vamos a hacer machito, puto”, contó Lucas.

Pero eso no fue todo, en la fiscalía “no pusieron nada, pero nada, de la violación. Se los dije, que dejaran constancia, y me cambiaban de tema, no me escuchaban. Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, pero por las lesiones, no por la agresión sexual. Estuve dos horas esperando y recién me dijeron que el médico no iba a llegar, que venga a ver si lo encontraba a las seis de la tarde o que directamente fuera mañana”, denunció.

El hecho, además, ocurrió a dos cuadras de la Comisaría Sexta, a tres cuadras de la Subjefatura de policía y a seis del ex Comando Radioeléctrico, donde ahora funciona la base de los patrulleros y motoristas del 911.

Basta

En la Argentina de la Ley de Identidad y la Ley de Matrimonio Igualitario, la diversidad sexual y las mujeres tienen un largo camino por recorrer. En la “década ganada” también ganó Bergoglio, que se convirtió en el papa Argentino y dijo que las personas trans eran “bombas nucleares”, luego de declarar la “Guerra de Dios”.

Mención aparte merece el Código Contravencional que rige en Tucumán fue implementado durante la última dictadura y permanece vigente, aunque haya sido declarado inconstitucional. Otorgándole el poder de “juez y parte” a la Policía, funciona como una herramienta para el control de los barrios pobres, hostigar a la juventud, y como una “caja chica” de ingreso de dinero. Se estima que en un mes son detenidas 500 personas y que la mitad de ellas cumple los siete días de arresto. La mayoría son jóvenes, los motivos son arbitrarios (“desorden en la vía pública”, “merodeo”).

El “sentido común” no nace de la nada, la Iglesia, la policía y los partidos patronales que la financian son responsables de seguir reproduciendo un discurso reaccionario, y frente al cual se amparan, por ejemplo, los atacantes de Lucas.



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