Denuncian a funcionarios y médicos de Jujuy y Tucumán por impedir el acceso a la ILE

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La asociación civil Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció ante la Asociación Médica Mundial a médicos y funcionarios médicos por impedir el acceso al aborto no punible a menores de edad.

La asociación civil Encuentro de Profesionales contra la Tortura realizó una conferencia de prensa este lunes y dio a conocer la denuncia realizada el 22 de marzo pasado ante la Asociación Médica Mundial (AMM), por “Falta Ética grave en ejercicio de la profesión a los médicos”.

Juan Manzur, ex ministro de salud del gobierno de Cristina Fernández y actual gobernador de Tucumán; Gustavo Vigliocco, Secretario de Salud; Roxana Chahla, ministra de Salud; Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este “Eva Perón”, todos de la provincia de Tucumán, fueron denunciados así por su actuación ante el caso de “Lucía”, la niña de 11 años víctima de violación, a la que mantuvieron más de seis semanas internada, negándole el acceso a la interrupción legal del embarazo.

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Denuncian también a Gustavo Briones, Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” ubicado en la Capital jujeña, y a Marcelo Villa, director del Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro, quienes impidieron la práctica del aborto no punible a una niña sanpedreña de 12 años, víctima de violación.

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En ambos casos que conmocionaron al país y a la opinión pública internacional, a pesar de la vigencia de la interrupción legal del embarazo por causales estipuladas en el Artículo 86 del Código Penal desde 1921, así como reguladas en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia en 2012, el Encuentro de Profesionales contra la Tortura denuncia que al impedir el acceso a este derecho, han sometido a estas niñas a “tratos crueles o degradantes y tortura”.

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El texto, que se puede leer completo en este artículo, advierte que “los profesionales aquí denunciados no sólo no han cumplido con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y sometiéndolas a una violencia institucional y mediática pocas veces vista violando su juramento médico, y avasallando sus derechos como menor, en particular el artículo 3 que declara que ‘Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

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En los fundamentos de la denuncia presentada ante la Asociación Médica Mundial, de la cual Argentina es miembro, la asociación civil desarrolla los tratados y declaraciones internacionales que rigen la ética médica y han sido violados en las provincias de Jujuy y Tucumán al impedir el derecho al aborto no punible.

Entre ellos, señalan que “Los principios de Ética Médica relativos al Rol del Personal de la Salud estipula que ‘es una grave contravención a la ética médica (…) que el personal de salud, en particular los médicos, tome parte activa o pasivamente, en actos que constituyen participación, complicidad o incitamiento o intentos de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante”.

Así mismo, los profesionales desarrollan el marco normativo vigente en Argentina, según el Artículo 86 del Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema que establece que las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, cuando el mismo representa un peligro para la vida o la salud (entendida en términos integrales) de la mujer o persona gestante o si el mismo es producto de una violación.

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En sintonía con la denuncia realizada por el movimiento de mujeres en Jujuy, Tucumán y todo el país ante el trato aberrante al que fueron sometidas estas niñas, los Profesionales contra la Tortura denuncian el incumplimiento del Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo establece que no se necesita autorización y/o denuncia judicial o policial, las víctimas de violencia sexual deben recibir atención inmediata y expeditiva, tienen derecho a la información clara y científica, así como a la confidencialidad.

ILE en Tucumán | Denuncia contra Juan Manzur y otros médicos by La Izquierda Diario on Scribd



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