Deportistas y vecinos rechazan la privatización del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo

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Este 7 de febrero la comunidad deportiva, educativa y vecinos realizaron un abrazo simbólico al Cenard ante la reciente firma de un decreto de Macri que avanza en la venta y privatización del predio.

Atardecer de un día soleado y caluroso de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, en la esquina de las calles Miguel Sánchez y Avenida del Libertador, unas 800 personas cantan a toda voz consignas contra la venta del predio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) mientras agitan banderas y carteles con leyendas tales como “No a la privatización del deporte”, “No al traslado del Romero Brest”, “No al cierre y venta del Cenard” y “Deportistas unidos”.

Este abrazo simbólico se realiza en el marco de una situación de incertidumbre total ante el futuro de las instituciones educativas y deportivas que conviven en el predio de 11 hectáreas que se encuentra en esta codiciada zona del barrio de Núñez, donde el metro cuadrado de tierra llega a costar 4 mil dólares. Luego de que Macri y Larreta lograran organizar en la ciudad los Juegos Olímpicos de la Juventud, se dieron a conocer sus planes inmediatos: el traslado del Cenard y la Escuela Media N° 3 al predio de Villa Soldati, y del Instituto Superior Romero Brest al Parque Sarmiento.

El año pasado el Gobierno macrista logró vender una parte del Tiro Federal, lindero al predio del Cenard, por 5.600 millones a un fideicomiso bajo el nombre de Buenos Aires Landmark, que tiene entre sus dueños a la familia Werthein, de vínculos estrechos con el Gobierno, ya que Gerardo Werthein oficia a su vez de presidente del Comité Olímpico Argentino (COA). Para casualidad parece todo demasiado bien organizado.

Trasladar no, sumar sí

El pasado martes 29 de enero Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 92/2019) que convierte a la Secretaría de Deportes de la Nación (SDN) en una Agencia. Según informó a través de su sitio personal el periodista Enersto Rodríguez, quien investigó a fondo el tema: “El DNU creó una entidad mixta que inicialmente mantiene la infraestructura de la SDN y recibe del Estado las partidas presupuestarias establecidas para el ejercicio 2019 (981 millones de pesos), pero al conformarse jurídicamente como una entidad mixta, técnicamente queda habilitada para establecer contratos privados y generar recursos a partir del alquiler o ventas de bienes y espacios deportivos, arancelamiento de actividades y todo tipo de acuerdo comercial. Es decir, una virtual privatización del deporte estatal. Además deja en el buen entender del director ejecutivo De Urquiza –quien mantiene la jerarquía de secretario de Estado y un sueldo base de $ 210.000– la posibilidad de tercerización de los más de 500 puestos de trabajo directamente vinculados a la ADN, así como impone un enorme signo de interrogación sobre las más de 800 hectáreas sobre las que tiene control la ADN, diseminadas entre el Cenard, la Pista Nacional de Remo en Tigre, los dos Centros de Deportes en la Naturaleza de Ezeiza, el estadio nacional de béisbol lindero con el campo de la AFA, a metros del aeropuerto Ministro Pistarini, y el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo en Esteban Echeverría”.

Martín Barabino, que es profesor de atletismo, comentó para La Izquierda Diario: “Estamos acá para salvaguardar el deporte y la educación. El Gobierno nacional junto al de la Ciudad pretenden bajo un decreto vender, enajenar o alquilar el predio del Romero Brest y el Cenard, el método es aprobar sin que se entere nadie y favoreciendo a grupos económicos. Quieren instalar la idea de que trasladan, que no se afecta nada, lo cual es una falacia porque no se debe trasladar sino sumar. Entrenan acá un montón de disciplinas, es un predio enorme con infraestructura deportiva certificada internacionalmente y puesta a nueva hace poco tiempo. Incluso hay canchas de tenis que Macri inauguró el año pasado. Tiene un centro médico de primer nivel, escuela que forma atletas, es una estructura que tarda años en trasladarse y la idea no es trasladar y cerrar sino sumar”.

El profesor Daniel Peña, de la Escuela N° 3 tomó la palabra “para denunciar el negociado inmobiliario que quieren hacer con estos terrenos” y el cierre de las inscripciones para el año que viene, lo que entienden es una clara señal de que el Gobierno pretende cerrar el colegio, única escuela bachiller del barrio, y trasladarlo hasta Villa Soldati, a 24 km de distancia.

“Desde la escuela trabajamos todos los días para garantizar la inclusión, no solamente educativa, sino que garantice la inclusión social y garantizar el derecho a la educación, un derecho humano más que a este gobierno no le interesa y enfrenta permanentemente”, agregó el profesor. Y comentó sobre la situación laboral precaria de los docentes: “De 63 docentes, nueve (que son titulares) quedarían en disponibilidad o echados. El resto, interinos o suplentes, automáticamente quedamos en la calle. Esto es lo que hace este gobierno, genera desastres en la educación pública”.

Por su parte, los profesores y alumnos del Instituto Superior de Educación Física Romero Brest, quienes resistieron todo el año pasado al proyecto UNICABA, se oponen a un eventual traslado al Parque Sarmiento de Saavedra, del que fueron informados por Santilli y la ministra Acuña. Traslado que los vecinos de Saavedra, que ni siquiera fueron consultados al respecto, rechazan contundentemente, ya que utilizan ese parque como espacio verde y “reservorio de agua” ante las inundaciones que suelen sufrir por las importantes tormentas.

La vicerrectora del Romero Brest declaró “para nosotros es muy triste esta situación, estamos hace un año de lucha por la Unicaba y luego contra el traslado. Nos prometieron un lugar mejor que no existe. Este año el Instituto cumple 114 años y ha formado profesores en todos los niveles y áreas, hemos compartido espacio con el Cenard y el colegio, formamos atletas que puedan continuar con la docencia. Si todo esto desaparece y vamos a distintos lugares todo esto desaparece. Nos vamos a quedar y vamos a exigir que usen el presupuesto para completar los arreglos de infraestructura que nos deben hace 20 años, como la pileta y la pista de atletismo, para que puedan ser usadas por toda la comunidad”.

No le será fácil al Gobierno pasar la topadora por encima de este predio de primer nivel y con este nivel de compromiso de la comunidad para levantarse ante esta avanzada privatizadora. El sol va ocultándose y la marcha continúa avanzando mientras cantan “Si Macri quiere guita que vaya a trabajar”. No están dispuestos a bajar los brazos ni dejarse encantar ante promesas de traslados y beneficios que, ya saben, no se cumplirán.



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