El Estado argentino sostiene prácticas de tortura de la época de la dictadura militar

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Un pasaje del informe preliminar del enviado de la ONU, Nils Melzer, que estuvo en nuestro país entre el 9 y el 20 de abril, plantea: “Parte de la arquitectura militar opresiva del pasado, aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad y disimulado en el marco de la política de seguridad pública (…).

A Melzer y a la delegación que lo acompañó solo les bastó visitar centros de detención de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Formosa, entrevistar a varias personas privadas de su libertad, familias con denuncias hacia la Policía por casos de gatillo fácil, organizaciones no gubernamentales y representantes de pueblos originarios, para llegar a las conclusiones de ese informe.

También se reunió con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que le presentó un detallado análisis de las denuncias de tortura, vejámenes varios, que viven a diario no sólo los detenidos, sino también sus familias, que es parte de lo que sistemáticamente vienen denunciando.

El “relator”, tal el nombre del cargo del enviado de la ONU, deberá presentar su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo en marzo de 2019.

Más allá de sus tiempos burocráticos, de que las indicaciones, basadas en las conclusiones a las que arriban la delegaciones que visitan distintos países, no son nunca vinculantes para los gobiernos a las que van dirigidas y aún teniendo en cuenta que las Naciones Unidas es un organismo controlado por los principales países imperialistas que buscan mostrar un rostro humanitario con que cubrir las masacres, guerras o hambrunas a las que arroja el sistema capitalista a millones de personas en todo el mundo.

Más allá de eso, decíamos, el informe viene a confirmar lo que ya muchos organismos de derechos humanos y víctimas de la violencia policial e institucional vienen denunciado: que en el período constitucional, que lleva 35 años, en las cárceles argentinas y en distintos centros de reclusión se tortura, hay sometimiento a prácticas degradantes, que hay una política de persecución sobre los jóvenes que muchas veces terminan víctimas de gatillo fácil.

Además de ser un golpe para el gobierno de Cambiemos que se jacta de llevar una política de seguridad responsable pero que para aplicar su política de mano dura defiende el accionar de la Policía (doctrina Chocobar) y de la Gendarmería (caso Maldonado).

Macri en sus discursos en el exterior dice defender valores democráticos pero apoyó el golpe contra Dilma Roussef en Brasil y defiende que la derecha judicial encarcele a Lula para proscribirlo, celebra el triunfo en Paraguay de un derechista defensor de la dictadura de Stroessner, muestra cada vez que puede su gran afinidad con el Estado genocida de Israel, y así podemos seguir con una larga lista.

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La dureza del informe viene a demostrar que internamente, en estos dos años su gobierno no ha hecho otra cosa que empeorar la situación, en cuanto a políticas de seguridad se trata, de los sectores más empobrecidos de la población.

El apartado sobre “violencia policial” describe: “numerosas denuncias de violencia policial durante manifestaciones pacíficas contra el desalojo forzoso, o al intentar presentar quejas o pedidos de cualquier índole a las autoridades competentes (…) particularmente adolescentes, adultos jóvenes y mujeres provenientes de segmentos marginados de la sociedad, dieron cuenta de que la violencia policial se utilizaba con frecuencia para acosarlos, provocarlos o intimidados o, en algunos casos, para obligarlos a confesar un supuesto delito o denunciar a otras personas…” Y continúa: “También recibí varias denuncias sobre el uso de técnicas de asfixia conocidas como “submarino” tanto “mojado” (sumergir la cabeza en un líquido) como “seco” (colocar una bolsa de plástico sobre la cabeza), particularmente durante los traslados en los patrulleros… agentes policiales que hacían un uso excesivo de las armas de fuego (“gatillo fácil”) al momento de la detención, incluso como medio de intimidación”

La conclusión sobre el accionar policial y del Servicio Penitenciario –una vez que los detenidos son arrojados a las cárceles- afirma: “la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad y carcelarias parece ser generalizada y la impunidad enorme”.

Violencia carcelaria y sobrepoblación: Es sabido que hace ya muchas décadas las cárceles de nuestro país se encuentran superpobladas, pegando un salto en los últimos años, llegando a casi un 60% la población carcelaria sin condena firme.

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En el informe preliminar se pueden observar las denuncias sobre requisas corporales violentas e invasivas, además de robo de pertenencias y de alimentos de los reclusos, por parte del Servicio Penitenciario.

Melzer afirma: “En las Comisarías provinciales N°. 1 y 5 (Provincia de Buenos Aires(…) y en varios pabellones de las penitenciarías en Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires) numerosos hombres duermen sin colchón, en el piso, sobre el cemento o sobre el elástico desnudo de las camas de metal. Cuando disponen de frazadas y colchones, los mismos están sumamente gastados, rotos y se están desintegrando”.

En otro tramo: “Muchos hombres y mujeres manifestaron haber sido detenidos por la policía durante períodos prolongados de varias semanas y hasta más de seis meses, muchas veces sin haber visto a un juez o a un defensor público y sin acceso al aire fresco ni a la luz solar”.

En cuanto a los centros de detención de jóvenes: “firmemente a las autoridades a ponerle fin al encierro excesivo en centros de detención de menores, y a garantizarles el acceso a escuelas y oportunidades para la reinserción de los internos adolescentes”

La “herencia recibida”

Como podrá advertir el lector, esta situación agravada por la política de disciplinamiento sobre los sectores populares que viene aplicando el macrismo, con estas nefastas consecuencias, no surgió con el gobierno de Cambiemos, los 12 años del autoproclamado gobierno nacional y popular también fue responsable de esta situación. En honor a la verdad, cada gobierno que se sucedió desde el ´83 a esta parte, aportó lo suyo para llegar a esta situación.

Esto es así, porque ninguno revirtió las prácticas que la última dictadura cívico militar imprimió en las fuerzas represivas. Y por otro lado viene a demostrar que las políticas de “seguridad democrática” del kirchnerismo, fueron un fracaso rotundo, sencillamente porque es imposible pretender reformar instituciones que son el brazo armado de un Estado gobernado por los grandes empresarios, cuya razón de ser es la ganancia capitalista y la defensa de la propiedad privada.

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Un dato que viene a corroborar esto, nos lo dio Roberto Cipriano de la CPM. Durante el último año de la gobernación de Scioli en la Provincia de Buenos Aires, los detenidos sin condena fueron 1700, esto que ya era un salto significativo, se agravó sustancialmente durante los dos años de la gobernación de María Eugenia Vidal, al sumar 4700 las personas privadas de su libertad, sin que ningún juez haya fallado en su contra.



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