El Estado obstaculiza la autoorganización de la guardia comunitaria Washek

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En el Sauzalito, provincia de Chaco, más de un centenar de personas del pueblo wichí comenzaron a organizarse, en torno a la creación de la Guardia Comunitaria Washek, para poner un freno al avance empresarial y del narcotráfico sobre los territorios ancestrales.

Las comunidades y parajes originarios wichis de la zona habitan un territorio del alrededor de 100 mil hectáreas, territorio que se encuentra en la entreverada trama de los negociados de la deforestación, la pesca a gran escala y la usurpación de privados con el aval del gobierno provincial.

En las antípodas de la rentabilidad empresarial los territorios exhiben los signos de la colonialidad: ausencia de centros de salud y atención médica, prohibición y criminalización de las prácticas curativas ancestrales; una pretendida educación intercultural bilingüe que a un tiempo niega la inclusión de contenidos propios de la nación originaria y sostiene la aculturación por medio de procesos de traducción en los primeros años de socialización de los niños. Esto sumado al avance continuo de la deforestación que va mellando la capacidad del monte como proveedor de alimentos y medicamentos.

Meses atrás, el 30 de enero, la Guardia comunitaria Washek emergió a la vida pública mediante un comunicado que daba cuenta de su nacimiento. “Nuestra lucha es sencilla y clara: defensa del territorio, lucha contra el neoliberalismo, el narcotráfico, la tala indiscriminada y la deforestación”, culminaba el comunicado.

La noticia despertó las alarmas de medios locales y nacionales que no dudaron en hablar de paramilitarismo, aún cuando ninguno de sus integrantes haya expresado objetivo alguno de constituirse en fuerza irregular ni de llevar adelante un enfrentamiento frente a un enemigo concreto; mucho menos la acción armada como horizonte.

En conversaciones con La Izquierda Diario, el vocero de la Guardia de El Sauzalito, Ariel Fabián, a tono con los varios comunicados emitidos por la propia Guardia, explica que el objetivo principal es la defensa integral de los territorios. Asimismo, manifestó que su intención es obtener el reconocimiento legal por parte del Municipio y la Provincia, lo que permitiría establecer los límites y las atribuciones que tendría la Guardia en una posible articulación con las fuerzas del Estado.

Por su parte, el ministro de seguridad de Chaco, Daniel Chorvat, dio a conocer la existencia de un diálogo tendiente a dicho reconocimiento y la realización de reuniones entre la Guardia, autoridades provinciales y la policía local. En la misma línea de despejar cualquier fantasma de desborde institucional expresó cuáles deberían ser las atribuciones de la guardia, las que sintetizó en que “no usarán armas, no atacarán y su única función será defender los intereses de la comunidad”, sin mayores especificidades.

En diálogo con el diario La Nación, Chorvat expresó que se realizarán investigaciones para averiguar de dónde surge el financiamiento de la Guardia comunitaria. En este punto, los engranajes, tanto a nivel nacional como provincial, reaccionan siempre de manera veloz para desarticular cualquier instancia de organización que surja por fuera de la encorsetada institucionalidad a contrapelo de la lentitud que muestran a la hora de los reconocimientos territoriales y políticos.

Así fue que el Presidente del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas, Félix Díaz, viajó desde Buenos Aires hacia Misión Nueva Pompeya, también en la provincia de Chaco. Allí, la experiencia de organización de El Sauzalito replicó dando lugar a la conformación, también, de una Guardia Comunitaria. De esta manera, Félix Díaz, impulsado por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y funcionarios provinciales oficia una vez más como vaso comunicante de una política estatal de contención ante el mínimo atisbo de cuestionamiento del régimen y de cualquier reclamo mínimo ya que, en última instancia, el problema de la tierra no puede ser resuelto dentro de los márgenes del sistema capitalista.

Es en este sentido que la alarma por una posible radicalización de la lucha del pueblo wichí, tal como sucede con la nación mapuche, preocupa tanto a nivel provincial como nacional, a pesar de los esfuerzos del Ministro de Seguridad Provincial por definir cómo son y cómo no son los wichis (en contraposición con su definición de cómo son y cómo no son los mapuches) construyendo discursivamente la imagen del pueblo wichi inmersa en la pasividad de un pueblo dominado y sumiso expectante de las dádivas estatales. Tras las incursiones antropológicas de Chorvat, el propio Félix Díaz, se mostró, de acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, en línea con el funcionario provincial y seguro de que desde el Instituto del aborigen chaqueño (IACH) se vienen construyendo relaciones con las comunidades indígenas. Lo que omite decir Félix Díaz, quien conoce el funcionamiento del IACH en Chaco o su homólogo Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) en Formosa, es que la norma del funcionamiento institucional de dichos organismos es la cooptación, la persecución y las amenazas a los dirigentes originarios que son electos para desempeñarse en esos organismos viciados por todo tipo de prácticas coloniales, impotentes para llevar adelante cualquier lucha, tal como expresó el vocero de la Guardia.

La existencia de otras experiencias de guardias comunitarias en la región, se circunscriben a la colaboración con las fuerzas políticas e institucionales de la provincia. Lo novedoso de la Guardia Comunitaria Washek reside en un equilibrio ambiguo entre un intento de adaptación institucional mixturado con elementos de un cuestionamiento de raíz. El peligro de que se imponga la lógica de la adaptación, acuna en sí mismo la anulación de cualquier elemento progresivo de una crítica al centro nodal del problema. En la imposición de esa lógica están puestas las energías tanto de los funcionarios locales y nacionales como de las expresiones indígenas institucionalizadas y cooptadas por dichos poderes.

La tan nombrada “articulación” esconde la relación asimétrica entre el aparato del Estado y la autoorganización a la vez que oculta la preeminencia de las fuerzas represivas (Policía local y Gendarmería Nacional) en los territorios, así como de las bandas armadas al servicio de los terratenientes , lo que se traducirá en un reforzamiento del aparato represivo y de la criminalización. Esconde, a su vez, la connivencia del Estado Nacional y Provincial para la existencia de los males que la Guardia quiere combatir: ya sean el narcotráfico o la instalación de grupos empresarios y empresas privadas en los territorios originarios sin mediar ningún tipo de consulta previa, libre e informada.

La autoorganización se impone como una necesidad de la misma manera que la independencia frente al Estado y sus instituciones represivas que no han dudado ni una vez en masacrar, torturar y asesinar a quien cuestione mínimamente el orden establecido.

Desde la constitución del Estado Nacional y sus intentos por disciplinar, proletarizar y exterminar a gran parte de la población originaria hasta la bala en el pecho de Ismael ramírez median casi 100 años, un centenio plagado por los mojones de las represiones y masacres que el Estado ejecutó. Desde el puente General Belgrano a la represión en el Ingenio Las Palmas cuando los años 20´ amanecían; desde Margarita Belén hasta las masacres de Napalpí y el Zapallar, pasando por las represiones en Pampa del Indio y de 2014 en Resistencia son sólo algunos algunos de los hechos donde las balas membretadas por el Estado vomitaron su ferocidad sobre los cuerpos rebeldes.



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