El Frente de Izquierda exige que el Congreso apruebe el #CupoLaboralTrans

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Con un proyecto de ley que propone la creación de un Plan nacional de inserción laboral en planta permanente para personas transgénero, transexuales y travestis, los diputados de la izquierda Nicolás del Caño y Nathalia Gonzalez Seligra propusieron que la Cámara baja garantice su incorporación al trabajo formal.

Entre otras cosas, el proyecto presentado en el marco de los preparativos de una nueva marcha del orgullo LGTTTBI, dispone que la ley de capacitación e inserción laboral tenga alcance en todo el país para todas las personas trans, hayan accedido o no al cambio registral que establece la ley N° 26.743, de identidad de género.

A diferencia de las iniciativas y ordenanzas aprobadas y debatidas hasta ahora en distintas legislaturas y Consejos, los diputados del PTS/Frente de Izquierda proponen que las personas a las que se dirige el proyecto puedan acceder a este derecho través de un cupo mínimo del 5% en todos los organismos y dependencias del Estado, en cargos de planta permanente y con un salario no menor al costo de la canasta básica familiar.

Otro aspecto que distingue al proyecto es el que hace a los “requisitos” para acceder al cupo laboral. Para el Frente de Izquierda, la “idoneidad” requerida en muchas de las iniciativas presentadas debe entenderse como “la capacidad para cumplir con las tareas que requiera el cargo a cubrir”, por lo que el proyecto también sostiene que “la falta de antecedentes laborales y educativos” no puede ser un impedimento para acceder a los derechos que reconoce esta ley.

Junto a la capacitación laboral obligatoria y remunerada, el proyecto también se distingue por promover informes y balances públicos, campañas de difusión masivas del plan nacional y convenios con las universidades públicas nacionales.

“En la actualidad, pleno siglo XXI, los derechos más elementales de las personas transgénero, transexuales y travestis siguen siendo violentados por no elegir la heteronorma como destino, como expresión de su deseo, de su identidad, de su sexualidad”, sostiene el proyecto del FIT, que parte de recordar a Laura Moyano y a Diana Sacayan. “Sus nombres son los de cientos de personas asesinadas, perseguidas y atacadas por defender su identidad y sus derechos”.

Asimismo, el proyecto plantea que “a pesar de haber conquistado, luego de décadas de lucha, demandas como las que reconocen las leyes 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; 23.592 sobre Actos Discriminatorios; 26.618 de Matrimonio igualitario; o 26.657 sobre Derecho a la Protección de la Salud Mental, esa igualdad que reconoce la ley, no garantiza en absoluto igualdad ante la vida”.

Como advierten desde la izquierda, “es imposible conquistar la libertad frente a la opresión mientras se sostenga un sistema que privilegia el lucro y la ganancia empresaria frente a la vida de las mayorías trabajadoras y populares”. “Para la clase capitalista, se trata a lo sumo de un número en algunas estadística, y eso explica entre otras cosas que ni las empresas ni los Estados concedan, hasta el día de hoy, el derecho trabajo genuino para las compañeras y compañeros transgénero, transexuales, travestis, para evitar que caigan en la miseria, en la desocupación o en trabajos precarios”, agregan.

Una medida mínima, básica y elemental

Son pocos, de hecho, los ejemplos donde este reclamo ha sido conquistado. Y en los casos en que sucedió, esos derechos laborales reconocidos por las leyes han sido siempre parciales y limitados, sin responder a la realidad que cotidianamente atraviesan la amplia mayoría de las personas trans.

No es un dato menor. Según un estudio realizado por la agencia Presente y el colectivo Economía Femini(s)ta, investigaciones del año 2014 -las últimas que aportaron datos serios- mostraron que sólo el 18% de las personas travestis y trans habían accedido a un trabajo formal hasta ese año. Además, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución y tiene un promedio de vida de 35 años. Según datos del INDEC, 7 de cada 10 personas travestis, transexuales y transgéneros quiere tener otra fuente de ingresos.

Aunque no soluciona de fondo esa situación, el cupo labora trans es una medida mínima, básica y elemental para promover una salida de urgencia. Sin embargo, las pocas leyes que existen, si bien son progresivas, tampoco han garantizado una respuesta efectiva a esta realidad alarmante. Así, por ejemplo, la legislatura bonaerense aprobó en 2015, por unanimidad, la ley 14.783 “Amancay Diana Sacayán, pero ésta sigue sin estar reglamentada. Esa ley, que establece para el Estado la obligatoriedad de ocupar un cupo del 1% de su personal para personas travestis, transexuales y transgénero, ha sido adaptada a algunos municipios, con réplicas limitadas. En la ciudad de La Plata, por ejemplo, se aprobó una ley de emergencia que adhiere al cupo trans, pero no lo garantiza.

Otras legislaciones y ordenanzas locales proponen un cupo aún menor. Este año, en Chubut, fue aprobada una ley que lo establece en un 0,5 por ciento de los cargos del Estado, con inalcanzables requisitos, sin garantizar la permanencia en el puesto y un salario igual al costo de la canasta básica familiar, como sucede también con la mayoría de las leyes y proyectos relativos al tema. Sólo el proyecto del FIT, de hecho, contempla estos elementos. Algo similar sucede en Las Heras (Mendoza), Rosario (Santa Fe) y Chaco, por mencionar algunas localidades.

Atendiendo a esta situación, el proyecto de Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra busca reforzar el reclamo de acceso al empleo en un mínimo del 5%, con un salario igual al costo de la canasta básica familiar, con permanencia en el puesto y sin trabas en el acceso. “Se trata de una medida elemental que debe garantizar sin más dilaciones el Estado”, afirmaron, y destacaron que “es indispensable avanzar en la aprobación de este proyecto, para garantizar el derecho al trabajo de un sector que ha sido históricamente estigmatizado, violentado y perseguido”.

“En el marco de un ajuste brutal, como el que se disponen a profundizar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, de la mano del plan impuesto por el FMI, ésta situación, lamentablemente, no puede más que agudizarse”, sostuvieron, y destacaron que “esto redobla la importancia de fortalecer la lucha en las calles para conquistar éstas y otras postergadas demandas, al mismo tiempo que promovemos y exigimos que cada persona trabaje 6 horas, 5 días a la semana, repartiendo las horas de trabajo entre personas ocupadas y desocupadas”.

El proyecto, en fin, se apoya en un planteo de fondo: “mientras las personas transgénero, transexuales y travestis no tengan derecho al libre ejercicio de su sexualidad y sean juzgadas socialmente si lo hacen; mientras no tengan el control de sus propios cuerpos; mientras existan leyes que otorguen algunos derechos a las personas, de los que son privados otras personas sólo por su identidad de género o su orientación sexual; mientras las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis sigan siendo perseguidas, criminalizadas, discriminadas o patologizadas por este motivo, seguiremos exigiendo la igualdad ante la ley, y seguiremos luchando incansablemente por la igualdad ante la vida”, argumentaron los diputados de la izquierda.



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