El Gobierno busca despegar a las empresas de la corrupción y salvar la inversión en las PPP

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    En las licitaciones de corredores viales a través de la Participación Público Privada hay proyectos que fueron adjudicados a empresas que están implicadas en la causa de los cuadernos. Respaldo oficial con financiamiento para “sostener” la obra pública.

    El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich en conferencia de prensa, anunció la creación de un fideicomiso para garantizar la continuidad de los proyectos de seis corredores viales ya adjudicados a empresas a través del mecanismo de Participación Público-Privada (PPP).

    El funcionario afirmó que ” hemos decidido constituir un fideicomiso, que va a permitir que los aportes de los bancos para financiar (las obras) vayan a través de este fideicomiso del Estado a las empresas” y agregó que “es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados”.

    Según Dietrich, “la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las obras públicas, pero éstas obras no se van a detener y las de PPP van a comenzar”.

    El fideicomiso intermediará entre los préstamos de corto plazo que las empresas y los bancos estaban negociando para el comienzo de las obras. Cuando avancen con las etapas las empresas obtendrán trimestralmente títulos de reconocimiento por la inversión. Según Dietrich, “el asunto son las etapas de arranque y las de cierre. El fideicomiso es para la primera etapa”.

    El presidente del Banco Nación, González Fraga, afirmó que el BNA decidió “prestar a este fideicomiso entre U$S 200 y U$S 300 millones en condiciones de mercado, y comprometimos una línea de $ 30.000 millones para el financiamiento de la obra pública”.

    A pesar de las declaraciones optimistas del Gobierno, un informe de S&P advirtió que “consideramos que el programa de participaciones público-privada (PPP) de Argentina también podría retrasarse debido al caso “cuadernos”. La primera ronda de proyectos de PPP, consistente en seis concesiones viales, registró ofertas a principios de junio de 2018, pero el cierre de estas ofertas puede tornarse desafiante, al menos dentro del horizonte de tiempo estipulado en los contratos. Los proyectos cuyos contratistas están bajo investigación corren más riesgo de demoras”.

    Malas experiencias de PPP

    Los contratos de Participación Público Privada (PPP) fueron impulsados por el Gobierno para promover la obra pública a través del ingreso del sector privado. Mecanismo cuestionable por los beneficios y el escaso riesgo para los privados y las experiencias fallidas con deudas para el Estado como en Inglaterra o en España. El saldo fue notables sobrecostos en las obras realizadas.

    En América Latina el 70 % de las obras por la modalidad de PPP debieron renegociarse. Un informe del CECE (Centro de Estudios para el Cambio Estructural) aseguró que “entre las causas de la renegociación de acuerdos pueden mencionarse la mala, defectuosa e incompleta confección de los contratos, la evaluación deficiente de los riesgos asociados en cada obra y el costo financiero de los proyectos”.

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    A pesar de las malas experiencias, avanzaron las licitaciones de PPP en Argentina. La urgencia de Cambiemos por recortar el gasto y el déficit fiscal llevaron a depositar las expectativas de la obra pública en la modalidad de PPP esperando la inversión de los privados.

    La obra pública fue uno de los motores del crecimiento económico en 2017, y de la creación de empleo en el sector privado tras el derrumbe en 2016. Pero cumplir con metas fiscales austeras y posteriormente la crisis, el acuerdo con el Fondo llevaron a achicar aún más los fondos a la obra pública.

    En julio, el gasto de capital (obra pública) realizado por el Estado cayó un 19,2 % en términos nominales. Esto significa una baja de 50 % en términos reales.

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    La esperanza de Macri para el aumento de la construcción y la infraestructura eran las PPP. Pero se destapó el caso de los “cuadernos”, donde está cuestionada la obra pública y los empresarios y políticos son protagonistas.

    El ministro Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, con el anuncio buscó dar un mensaje “tranquilidad”. En una entrevista con Bloomberg aseguró que “los contratos serán respetados y las compañías no serán castigadas por lo que los empleados puedan haber hecho” y agregó que “no limitaremos las compañías, a menos que un juez diga lo contrario”. Es decir, seguirán protegiendo a las empresas.

    Cuadernos y las empresas implicadas

    La Comisión Evaluadora de Vialidad Nacional en junio firmó la resolución para adjudicar los primeros seis nuevos corredores licitados a partir del esquema de PPP para 7.200 kilómetros de rutas nacionales. Los seis corredores ya firmaron sus contratos a fines de julio.

    Carlos Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, empresario “arrepentido” nombró en su declaración a Vial Agro SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA., empresas que fueron adjudicadas para construir dichos proyectos viales.

    En tanto, otro empresario involucrado en los Cuadernosgate, Hugo Eurnekian, es parte de grupo empresario que obtuvo dos licitaciones bajo la misma modalidad.

    Además, hay otros directivos involucrados en la investigación judicial como Paolini, INC, Green SA, Panedile, Eleprint, Copasa, Rovella Carranza, JCR SA y Mota-Engil, según publicó La Nación.

    El corredor A (dos tramos de rutas en la Provincia de Buenos Aires con una inversión calculada en casi U$S 1.000 millones) fue adjudicado a un consorcio empresarial conformado por Vial Agro SA, Paolini Hnos. SA e INC SA.

    José Cartellone Construcciones Civiles SA, fue el ganador de la licitación del corredor C (rutas nacionales en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, con una inversión aproximada de U$S 630 millones). Cartellone además licitó por los corredores A y F, pero no las obtuvo.

    Otro empresario que se presentó a declarar fue Hugo Eurnekian, presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC), el sector energético del grupo Corporación América, y sobrino del empresario Eduardo Eurnekian, quien confesó que pagó U$S 200.000 para la campaña electoral de 2013 del kirchnerismo y trató de desvincular a su tío y a su grupo de de empresas, según difundió el diario La Nación.

    La empresa Helport es la rama constructora del grupo Corporación América, cuyo titular es Eduardo Eurnekian. Los corredores viales E y F (rutas en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, con una inversión que se estima en U$S 2.500 millones) fueron adjudicados a un consorcio integrado por Eleprint, Helport, Panedile, y Copasa.

    Desde Helport declararon al sitio Chequeado que “Hugo es el titular de CGC, que nada tiene que ver con la licitación PPP por los corredores viales”, y agregaron que esto “no repercute” en las obras licitadas.

    ¿Avanzarán las obras?

    Los cuadernos de Centeno afectaron el financiamiento de la obra pública en general y en particular los proyectos bajo el esquema de PPP. Habrá que ver si con el anuncio del fideicomiso es suficiente para que se concreten las obras.

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    El temor del Gobierno es el parate de la obra pública. No sería un buen momento para que esto suceda. La economía profundiza sus desequilibrios y cerrará el año con caída del Producto Interno Bruto (PIB). En 2017, los motores que permitieron que la actividad económica repunte fueron la obra pública, el endeudamiento y la entrada de capitales golondrina, pero ya se agotaron.

    En particular, la estrella de las PPP para obra pública está cuestionada y está en duda si se pueden concretar proyectos. Macri espera el milagro de una buena cosecha para 2019, pero sería insuficiente para remontar del declive de este año.

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    El caso de Cuadernogate dejó al desnudo la corrupción y los negociados de los empresarios en la obra pública, que no fueron únicamente durante el kirchnerismo sino que comenzó décadas previas y donde también se benefició el clan Macri.

    Para terminar con la Patria Contratista es necesaria la apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública, para que sean investigadas por trabajadores y especialistas de las universidades públicas.

    Un verdadero plan de obras públicas para cubrir las necesidades del pueblo trabajador sólo pueden llevarlo adelante los trabajadores, junto a la comunidad.

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