El Gobierno de Córdoba quiere discutir una ley provincial sobre aborto

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En una nueva muestra de desprecio a la lucha histórica de las mujeres, que logró un importante triunfo el pasado jueves, desde el gobierno de Schiaretti anunciaron que, de aprobarse la ley en el Senado, discutirán cómo se aplicará en la provincia.

El anuncio fue realizado por Oscar González, presidente provisional de la Legislatura de Córdoba: “Desde mi perspectiva, creo que hará falta una ley provincial que trate el tema y haga efectiva la aplicación del derecho. Si bien la reforma del Código Penal es competencia del Congreso Nacional, son las provincias las que deciden cómo adaptarán sus estructuras sanitarias”, indicó. Agregó que “hay que adecuar la estructura sanitaria porque no todos los hospitales tienen servicio de ginecología y obstetricia. Hay que decidir dónde se hará atender, por ejemplo, la mujer que pida un aborto en Villa María de Río Seco”.

Hay que recordar que, a principios de mayo, los bloques de Unión por Córdoba y Cambiemos decidieron levantar una sesión especial en la que se debatirían proyectos sobre educación sexual, salud reproductiva y aborto presentados por los parlamentarios locales.

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Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud de la Unicameral, Daniel Passerini, también coincidió en que es necesario un debate en la Unicameral, pero aclaró que esperará por el texto definitivo.

La alusión al “texto definitivo” se debe a que varios senadores del peronismo han anunciado que pretenden modificar el proyecto que se aprobó en Diputados. Carlos Caserio, senador por Córdoba, expresó: “Estoy dispuesto a votar una ley que legalice el aborto en la línea que viene de Diputados. Pero también creo que la media sanción debe ser revisada por el Senado. No es justo que se les cargue el costo a las provincias, que ya realizan un esfuerzo tremendo al sostener la salud pública”. El misionero Maurice Closs señaló que “obligar a obras sociales y a todo el esquema de salud del país a realizar no sólo el aborto, sino también todo lo previo y lo posterior en materia de atención y contención no solamente es algo discutible, sino también hasta de dudosa justicia”.

Oportunismo recargado

El gobernador de Córdoba es uno de los pocos políticos que no ha declarado públicamente su postura sobre la legalización del aborto. Quienes sí lo hicieron fueron los diputados y diputadas del peronismo cordobés, que votaron en contra del proyecto que finalmente fue aprobado el pasado 14 de junio. La única que se abstuvo en la votación fue Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti.

Sin embargo, hace unos días el mandatario indicó que creará dos nuevos servicios en los hospitales: uno de Adolescencia y otro de Salud Sexual y Reproductiva: “Hoy, el tema de los anticonceptivos se trata en cualquier consulta ginecológica. A veces, los médicos están atendiendo urgencias y la prevención pasa a segundo plano”.

En esa línea se han expresado otros funcionarios del gobierno provincial. El ministro de Salud, Francisco Fortuna, se manifestó contra este derecho, explicando que “lo importante es la educación sexual integral desde edades tempranas”. Oscar González también planteó una opinión similar en su exposición en las audiencias previas a la votación del proyecto y en varios medios de comunicación. Dijo que el proyecto no contempla cómo asistirá económicamente la Nación a las provincias, que son las que deberán disponer más recursos para el área de salud cuando se reglamente la ley. También criticó que no haya especificaciones en los planes de educación que tendrá que implementar el gobierno nacional según lo contemplado en el proyecto: “Sin una adecuada cooperación, que incluya recursos, orientación y seguimiento, no habrá política pública posible”.

Es evidente el esfuerzo que ponen todos estos funcionarios para no decir explícitamente que están en contra de la legalización del aborto. Buscan otro ángulo y de paso cuestionan al gobierno nacional por “no ayudar a las provincias”. De todos modos, el planteo de que los sistemas de salud y educación públicas no darán abasto si se aprueba la ley suena cuanto menos ridículo si se nota que Unión por Córdoba gobierna la provincia desde hace 20 años.

La Red de Profesionales de la salud por el Derecho a decidir denunció en un comunicado el 28 de mayo las políticas de salud y educación del gobierno de Schiaretti. Allí dan cuenta de las trabas que tienen las mujeres de los sectores populares para acceder a la anticoncepción gratuita o a la ligadura de trompas si así lo desean: “Más allá de que existe desde 2003 la ley de procreación responsable, diariamente enfrentamos la situación de falta de insumos que nos obliga a responder a las usuarias que NO hay métodos anticonceptivos, que no llegan oportunamente, que se demoran, que faltan; listas de esperas para la colocación de implante, el método más eficaz en la actualidad que el estado provee a cuentagotas y con requisitos que solo algunas personas cumplen, restricciones para el acceso a las ligaduras tubarias”.

También recordaron que en Córdoba no se aplica el protocolo de aborto no punible por un amparo que la Asociación Civil Portal de Belén presentó en 2012: “Esto generó mucha confusión en la población y en los efectores de salud que suponen que el protocolo nacional vigente no es de aplicación en nuestra provincia. Cabe aclarar que un protocolo es una recomendación técnica pero dentro de la jerarquía jurídica es muy inferior al Código Penal y a los tratados internacionales a los que la Argentina ha adherido. Por lo que no impide realizar la práctica; sino que al contrario el no hacer es caer en incumplimientos”.

La Red de profesionales afirma también que, según estudios del mismo Ministerio de Educación de Córdoba, más del 40% de las escuelas no desarrollan ningún contenido que se relacione a la sexualidad.

Las organizaciones de mujeres que luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito no ignoramos que tenemos que pelear también por una educación y salud públicas acordes a las necesidades de las mujeres, de los trabajadores y el pueblo pobre. La educación sexual integral no puede ejercerse sin docentes, sin escuelas y mucho menos con jóvenes que deban abandonar sus estudios para ganarse la vida en trabajos precarizados.

El aborto legal no puede practicarse en hospitales sin insumos, sin personal idóneo y atiborrados de pacientes pobres y de familias trabajadoras que deberán recurrir a la atención gratuita. Esta pelea se vuelve más urgente frente al ajuste que está imponiendo el Fondo Monetario Internacional.

Dicen que no hay fondos pero el presupuesto necesario para salud y educación están: hay que dejar de pagar la deuda externa fraudulenta e ilegítima y dejar de subsidiar a la Iglesia. Esto solo puede conquistarse con la organización y movilización de las mujeres junto a las y los oprimidos y el conjunto de las y los trabajadores y sectores populares



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