El Gobierno declaró la “emergencia penitenciaria” tras llenar las cárceles de pobres

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En tres años creció un 34 % la cantidad de presos en el Servicio Penitenciario Federal. Seis de cada diez no tienen condena. Para “solucionar” la crisis, el ministro Garavano creó una “comisión”.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano declaró el lunes la “emergencia en materia penitenciaria” por un período de tres años. La resolución fue firmada por el propio titular de la cartera nacional.

Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, las personas detenidas en cárceles federales eran 10.274 al 31 de diciembre de 2015 mientras que ese número ascendió a 13.773 a mediados de marzo, lo que representa un aumento del 34 %.

Los datos oficiales, en este terreno siempre manejados con una discrecionalidad que permite sospechar del rigor, dicen que en estos momentos en las cárceles del SPF tienen una sobrepoblación superior al 12 %. Eso significa que hay más personas que “plazas” disponibles (celdas, camas, baños, etc.).

Según la resolución de Garavano, la población del Servicio Penitenciario Federal “ha experimentado un incremento significativo” en los últimos años. Lo cual, obviamente, no es ninguna novedad.

Pero además hay que tener en cuenta un dato escalofriante: casi seis de cada diez personas presas en las cárceles federales del país (el 57 %) no tienen condena, es decir que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

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Crear una comisión…

A Juan Domingo Perón se le atribuye la frase respecto a que lo mejor “para que una investigación no avance es crear una comisión”. Pues bien, casi como un homenaje al General, Garavano ordenó conformar, paralelamente a declarar la “emergencia penitenciaria” por tres años, una “Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria”.

Ese espacio, una vez constituido, se reuniría cada quince días para eleborar “propuestas de políticas públicas tendientes a resolver el déficit habitacional en el SPF, mejorar las condiciones de privación de la libertad y promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad, especialmente para grupos vulnerables”.

La comisión (que tendrá vigencia hasta marzo de 2022) estaría integrada por un miembro de la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio, un miembro de “la Comunidad Académica” y un integrante de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario.

Es realmente hipócrita que el mismo ministro de Justicia y Derechos Humanos que habla de emergencia en las cáceles sea uno de los máximos promotores (junto a su par de Seguridad Patricia Bullrich) de las más variadas leyes penales que, precisamente, desde diciembre de 2015 no hicieron más que profundizar la terrible situación carcelaria en el país que se arrastra desde hace décadas, haciendo explotar los índices poblacionales y de habitacionalidad de las dependencias del SPF.

Sin ir más lejos, el mismo día que Garavano anunciaba la “emergencia penitenciaria” su propio gobierno ingresaba al Senado el proyecto oficial de reforma del Código Penal de la Nación. Un proyecto que, digitado por Estados Unidos, promete sobrepoblar aún más las cárceles a través de la criminalización de la pobreza y de la protesta social.

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La intención de Germán Garavano y sus funcionarios desde ya no es “despoblar” las cárceles, garantizando un avance en las libertades y garantía democráticas de la población.

Por el contrario, posiblemente detrás de la declaración de “emergencia penitenciaria” se esconda algún proyecto de construcción de nuevas unidades penitenciarias, seguramente favoreciendo en el camino a las grandes empresas constructoras de obra pública.

Foto Perfil



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