El Gobierno prepara un nuevo ataque a los jubilados

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A la medida del FMI, los cambios que tiene en agenda el gobierno sobre el sistema previsional implican un nuevo golpe a los jubilados y pensionados. Aumento de la edad jubilatoria, limitación de pensiones y cambios en la fórmula de cálculo del haber inicial, en la lista de Triaca y Lagarde.

Comenzaron a filtrarse los primeros adelantos sobre los cambios que prevé realizar el gobierno en la reforma jubilatoria. El Consejo de Sustentabilidad, un grupo de 25 personas (supuestos representantes de empleadores y trabajadores) elegido a dedo por el ministro Triaca para aparentar “diálogo” y “consenso” con “los sectores sociales”, comenzará a funcionar en agosto y preparará la letra de la nueva ley jubilatoria que se remitirá al Congreso en 2019.

La ley menemista 24.241 del año 1994, que creó el SIJP (que establecía un régimen mixto de reparto y capitalización) será reformado de acuerdo a lo establecido en la reciente ley 27.260 de “Reparación Histórica”, de 2016.

Allí se establece como declaración de principios que el nuevo régimen previsional será “universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto”. Pero en estos conceptos hay mucho lugar para la interpretación y si algo preocupa hoy al gobierno es estrictamente la “sustentabilidad” como sinónimo de recorte y ajuste.

La información brindada por I Profesional, indica que el principal objetivo del gobierno para la reforma del sistema previsional es achicar su “déficit fiscal estructural”.

Cabe aclarar que si el sistema tiene déficit no es por su “elevado gasto”, dado que la mayoría de los jubilados percibe la mínima, sino justamente el persistente desfinanciamiento, plasmado últimamente en la reforma tributaria que redujo las contribuciones patronales y los recursos tributarios (como la asignación de la recaudación del impuesto a las ganancias a la ANSES).

Entonces, de acuerdo a I Profesional, los cambios se centrarán en la modificación de los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para acceder al beneficio jubilatorio (años de aporte y la edad jubilatoria) y cómo se va a financiar el sistema, lo cual en cierta forma puede abrir la puerta a los negocios privados.

Los principales cambios previstos

Según trascendió, el año pasado, antes de la creación del Consejo de Sustentabilidad en mayo de este año mediante el Decreto 255 del Ministerio de Trabajo, una comisión previa estuvo trabajando en diferentes lineamientos que se sumarían a los que desarrolle el nuevo Consejo.

– Aumento “gradual” de incremento de la edad jubilatoria a 70 años. Dentro de las hipótesis más firmes, este cambio es incuestionable para el gobierno, también en línea con las condiciones del FMI, pero no sólo: ya el mismo gobierno sentó en la Reforma Previsional de diciembre las bases para un sistema previsional excluyente (esquema de tres pilares, ver abajo) y también el aumento de los años de trabajo hasta los 70 años, permitiendo al trabajador “optar” continuar en actividad.

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Ahora directamente se espera fijarlo como un límite legal siendo las mujeres las más perjudicadas al eliminar el piso de 60 años. Para los hombres, no se tratará de una suba de 5 años de un “saque”, sino más bien escalonada.

“En la actualidad, las mujeres se jubilan a los 60 años, pero sólo el 15% completa los 30 años de aporte necesarios a esa edad”, señala el abogado previsionalista Adrián Tróccoli.

“En el caso de los varones, la situación está un poco mejor, ya que el 40% cumple con los requisitos al alcanzar los 65 años”, completa.

Pero esta profunda disparidad de género y previsional, en lugar de tratarse como un problema a resolver urgentemente, se toma como un castigo, aumentando la edad de jubilación.

Según trascendió, se apuntará a ir acercando la edad entre ambos, pero no a la equiparación. Es importante recordar que la diferenciación que se hace actualmente se debe a la labor de la mujer por el trabajo no remunerado en su hogar. Se estipula que destina un promedio de 27 horas a tal fin contra solo 3 del hombre.

Según afirmó Tróccoli, se analizará una suba gradual de la edad jubilatoria para que no se vea afectada la expectativa de quienes están cerca de acceder al beneficio. En cambio, “afectará completamente a aquellos que les falten 15 o 20 años”.

De esta manera, lo que se está planteando (aún sin definirse formalmente) es:

  • Quienes estén a 10 años del retiro, podrían jubilarse a los 66;
  • A los que les falten 12 años, se le extendería a los 67;
  • Y así sucesivamente hasta llegar a los 70 años.

    – Esquema de “tres pilares”. Tal como recomienda el FMI, se mantendrá un ingreso de miseria para una mayoría que no alcance los requisitos para jubilarse, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y se agregará al sistema contributivo (segundo pilar), un “tercer pilar” voluntario para una minoría privilegiada que tenga capacidad de ahorro.

    Esta división entre jubilados de primera y de segunda ya está implícita en la Reforma Previsional de diciembre de 2017, que no sólo modificó la movilidad de los haberes sino que también introdujo un falso 82 %, no móvil, y sobre el salario mínimo, del que quedan afuera los jubilados por moratoria.

    – Nuevo cálculo para la jubilación inicial: Se busca extender el período a considerar para el cálculo del haber inicial: 25 años en lugar de los 10 actuales.

    Sin embargo, el problema es que “en un contexto inflacionario, como el que suele tener constantemente el país, esto derivará en que el ingreso sea menor”, indica Tróccoli.

    Efectivamente, este cambio paramétrico busca precisamente que, mediante un artificio matemático, las jubilaciones sean más bajas.

    – Nueva reducción de contribuciones patronales. Otra de las cuestiones enunciadas apunta un nuevo beneficio a los empresarios con más reducción de contribuciones. Las aplicadas en la Reforma Tributaria (ley 27.430) de diciembre pasado ya implicaban un regalo de $ 150.000 millones anuales y un fuerte desfinanciamiento de Anses. Pero el gobierno quiere más.

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    – Limitación de las pensiones vitalicias: Se impondrá un límite a la acumulación de la jubilación y la pensión. En este sentido, se manejan dos opciones:

  • Que entre ambas prestaciones se cobre la del beneficio más alto (por lo general, la jubilación)
  • Que valide la alternativa más elevada y un proporcional de la otra

    Lo que sí es un hecho es que en la futura ley no convivirán ambas prestaciones al 100% para un único beneficiario.

    Además, se baraja la idea de un sistema de “compensaciones” y no un derecho vitalicio. Por ejemplo, que a una persona que enviuda a los 35 años y que estuvo 10 años casada, se le pague la prestación por ese tiempo (para luego perder el beneficio).

    Además, se apunta a extender la edad de los hijos que perciben pensiones por el fallecimiento de los padres hasta los 25 años (para ello debe acreditar que estudia).

    – ¿Los derechos de los trans? De nuevo relegados. La libre opción de la identidad es un “problema” para el régimen. Así, se buscará “evitar” otro caso como el famoso “Sergia”, en el que un varón pidió el cambio de sexo y con ello accedió al derecho a jubilarse antes. Para el sistema patriarcal heteronormativo lo primero es el “ahorro” y estos casos deben ser “combatidos”.

    – Recorte y modificación de regímenes diferenciales de trabajo insalubre. Es decir, el de aquellas actividades que pueden derivar en envejecimiento precoz u otras que se desarrollan con algún grado de disminución física, tales como ceguera o minusvalía.

    En la actualidad, pueden obtenerse el beneficio a los 55 años. El gobierno está analizando cada uno de ellos y, en algunos casos, buscará elevar la edad, acusando “avances tecnológicos” que habrían eliminado las condiciones de insalubridad.

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