El servicio de diálisis y el negocio privado en la salud de Jujuy

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A fines de diciembre se conoció la noticia de que 82 pacientes renales de bajos recursos podrían quedarse sin tratamiento de diálisis por las deudas del estado nacional a institutos privados que prestan el servicio. Pese a los anuncios del gobierno, la provincia cuenta con sólo con 4 módulos de diálisis.

El Programa Federal Incluir Salud, ex PRO.FE, está destinado a pacientes con bajos recursos que reciben pensiones no contributivas, entre los que se encuentran pacientes renales que necesitan de las diálisis para poder vivir.

Durante el mes de diciembre, medios periodísticos locales informaron que el mismo acumula una deuda de 30.000.000 de pesos correspondientes a los últimos 12 meses y que las prestadoras sólo tendrían insumos para dos meses más.

Esta situación no es nueva, durante todos estos años, además de la falta de pago a las prestadoras privadas poniendo en riesgo la vida de las y los pacientes, sobre todos los más pobres, la cobertura es cada vez más restringida.

En la provincia de Jujuy, el sistema público de salud cuenta con sólo 4 módulos de diálisis en el Hospital Pablo Soria, que son totalmente insuficientes para la necesidad de pacientes de toda la provincia con problemas renales, que si quieren acceder al servicio tienen que trasladarse durante horas, dos o tres veces por semana. Las y los que cuenten con obra social, (un 50 % de las personas en Jujuy), tendrán la opción de hacerlo a través de los institutos privados que existen en la provincia, hoy subvencionados por distintas vías por los gobiernos de turno, tanto Cambia Jujuy, como el PJ, que lucran con la salud de todos nosotros.

Ajuste para la salud pública, negocio para el sector privado

El financiamiento estatal al negocio privado de la salud se combina con un ajuste del 10% en el presupuesto de la salud en la provincia que se suma al 60% de recortes de nación que afecta directamente a los programas nacionales que benefician a las provincias, entre ellas Jujuy El presupuesto provincial ($6.864.494.385) no suplanta esos recortes de nación sino que los aumenta en un 10%, mientras en los hospitales y puestos de salud ya existe el desabastecimiento de materiales de uso biomédico, medicamentos y falta de personal o precarización laboral. Por otro lado se favorece a los que mas tienen, el presupuesto local cuadruplicó la deuda estatal para negocios empresariales, y además rebajó a la mitad impuestos como los ingresos brutos, para empresarios azucareros, del tabaco o las mineras.

Si bien este presupuesto tiene un incremento del 40% con respecto al 2018, si se tiene en cuenta que la inflación proyectada en el presupuesto 2018 perdió 15% frente a la inflación real del año (30% proyectada, frente a 45% real) y se prevé una inflación para 2019 de 35%, el aumento necesario para no perder frente a la inflación debería ser por lo menos del 50%, es decir 10% más del presupuesto votado.

A esta situación de recorte se le suma el destino y manejo de los fondos, como también el negocio tras las compras de equipamientos y licitaciones. Muchos trabajadores y trabajadoras de la salud comentan que existirían sobreprecios en la compra de equipamiento e insumos, así como negocios con instituciones de salud privada a las cuales el estado deriva pacientes cuando no tienen capacidad en aparatología en los hospitales producto del vaciamiento.

La política planificada de vaciamiento de la salud pública va de la mano de privilegiar el desarrollo de la salud privada. Parte de ello es el llamado Plan Estratégico de Salud que precisamente afianza y refuerza el negocio empresarial con la salud pública, así como la Ley 7648 que decretó Morales para darle cobertura legal a la injerencia del sector privado para hacer negocios con la salud del pueblo jujeño.

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Un ejemplo de esto se puede observar en el caso mencionado de los pacientes que necesitan la realización de diálisis de manera crónica. Según la deuda con las prestadoras privadas difundida en los medios, el estado a partir del programa PRO.FE le entregaría a las mismas una suma cercana a los $2.500.000 mensuales, mientras por ejemplo la compra de 14 máquinas de hemodiálisis saldrían una suma de $4.500.000, es decir que con 5 meses de pago a los privados el estado dispondría de 40 máquinas, 5 más de las que anuncio el gobierno provincial en julio de este año y que los pacientes todavía siguen esperando, mientras el negocio con la salud continúa.

La salida de las y los trabajadores junto a los pacientes y la comunidad

En el 2.018 los y las trabajadoras de la salud se hicieron escuchar en las calles a nivel nacional con la denominada “marea blanca” en contra del Decreto precarizador a los y las enfermeras que impulso el gobierno de Buenos Aires, que se inició en la lucha de los trabajadores del Hospital Posadas contra los despidos y que Jujuy también fue parte con varias movilizaciones numerosas y acciones en distintos puntos de la provincia, a pesar de la inacción de los gremios y la persecución que existen en las instituciones de salud.

Esa enorme fuerza puede organizarse democráticamente y multiplicarse en los lugares de trabajo, hospitales y puestos de salud, junto a los pacientes afectados por los recortes de salud, con la comunidad que asisten a los centros de salud público. Las conducciones gremiales de APUAP, ATE, ATMA, SUPEJ, UPCN y AMEJU tienen que dejar de ser cómplices de este ajuste e impulsen asambleas y plenarios para definir planes lucha contra los recortes presupuestarios y la privatización del sistema de salud pública, la precarización laboral, y por salario acorde a la canasta básica familiar, en coordinación con el resto de los gremios de la provincia para derrotar las políticas de ajuste del gobierno de Cambiemos, el PJ y los gobernadores contra el pueblo trabajador.

Trabajador@s de la salud – Movimiento de Agrupaciones Clasistas



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