El “trabajo sucio” no pasó, ¿cómo enfrentar el ajuste del FMI?

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El ajuste de Cambiemos recae con dureza sobre los trabajadores, y multiplica los niveles de pobreza. Esto es sólo el comienzo de una catástrofe social y economica mayor como se vió en el 2001 o en Grecia, consecuencia de las medidas exigidas por el FMI. Romper el acuerdo y no pagar la deuda se vuelve indispensable para enfrentar este ataque.

La crisis económica en curso cambia de ritmos con la agudización de sus contradicciones, en estos días la preocupación creciente por el descontrol del nivel general de precios- que en marzo fue de 4,7 % y acumula un 54,7 % interanual- interrumpió la racha bajista del dólar que duro 10 jornadas consecutivas.

La inflación que golpea con fuerza el poder de compra de los sectores más bajos y de todos los trabajadores – y que para 2019 llegaría al 40 % según estudios de la Universidad Di Tella- empujó al macrismo a lanzar un plan de “contención” hasta octubre, con marcado tinte kirchnerista. Sin embargo, un amplísimo arco de economistas anticipó el fracaso inevitable de estas medidas de congelamiento de precios, en todos sus niveles.

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Los “mercados” tampoco acompañan, el riesgo país supera día a día sus niveles máximos y este martes llegó a 866 puntos, acentuando las sospechas sobre la incapacidad de pago de deuda.

Una comparación con la crisis de 2001

Partiendo de aclarar que las crisis económicas no son idénticas, una comparación entre los datos económicos actuales y los de la crisis de 2001, serviría para poner en niveles el grado del ataque en curso.

Sólo tomando algunos indicadores como el desempleo tenemos que en junio de 2002este alcanzó una tasa récord en 21,5 % con 3 millones de personas sin empleo, si a estos números se suma los considerados subocupados demandantes, el número asciende a un total de 5 millones de personas. En 2018 la última medición del Indec confirmó que la tasa de desempleo alcanzó al 9,1 % con 1.750.000 desocupados, todo parece indicar que la tendencia es alcista.

Si miramos los datos de pobreza, vemos que en octubre de 2002 los niveles contabilizados por el Indec confirmaron un pico de 57,8%, alcanzando a 20,8 millones de personas y 10 millones de indigentes. Es decir, casi el 70 % de la población estaba bajo la línea de pobreza o indigencia (bajo la medición de acceso por ingresos a canasta de consumos básicos). En 2018 el mismo organismo confirmó que la pobreza subió a 32 % alzando a 14 millones de personas; un dato apenas 2 puntos porcentuales por arriba del 30 % que la UCA estimo a finales del kirchnerismo en diciembre de 2015 (ellos no medían pobreza porque era estigmatizante”).

Otro indicador a tener en cuenta es la relación del stock de deuda con el PBI, que en el año 2002 era de 147,7 %, mientras en 2018 esta asciende casi al 100 % del PBI. En relación al PBI en 2002 la economía se hundió un 10,9 %; mientras en los años previos desde 1999 al 2001 la caída acumulada en términos reales fue del 8,6 % (FMI). Al momento el PBI en 2018 ha caído un 2,6 % en 2018 y para 2019 las perspectivas indican una caída cercana al 1,9 %.

La crisis del 2001 fue la más reciente, pero hubo el país atravesó otras crisis previas como con la dictadura militar del ‘76 o la hiperinflación del ‘89. Esto nos permite contemplar las distintas dinámicas de los saqueos que transcurrieron en Argentina, sin mecanicismo, pero concluyendo que en todos los casos se avanzó con ataques al movimiento obrero.

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Sin buscar relativizar el ataque en curso que está recayendo con fuerza sobre los trabajadores y sectores vulnerables, se trata de marcar que el ataque brutal o “trabajo sucio” aún no pasó, por eso se desprende la necesidad de enfrentarlo con una fuerza material de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

¿Es posible iniciar un nuevo ciclo de “crecimiento”?

De la mano del macrismo Argentina se encamina hacia una crisis de deuda, según el observatorio ODE-UMET las emisiones de deuda bajo la gestión de Cambiemos totalizan 187.706 millones de dólares. El año pasado para evitar un colapso por las corridas cambiarias desenfrenadas el macrismo pidió un “rescate” al FMI, acordando un préstamo Stand By, el mayor en la historia del fondo.

En total los vencimientos de deuda hasta 2026 sumaban U$S 323.075 millones al IV trimestre de 2018, lo que equivale aproximadamente a un 60 % del PBI. Con esas “obligaciones” por delante y una economía hundida, el riesgo de default, se mantiene latente y se expresa en las subas del riesgo país.

Por otro lado, el mayor ajuste fiscal basado en una teoría del “déficit cero” (“no gastar más de lo que se produce” según el FMI) continuara achicando el gasto público hasta alcanzar un superávit fiscal que le permita al país generar los fondos necesarios para pagar la deuda sin la necesidad de continuar pidiendo plata el FMI. Una primera contradicción (entre tantas) muestra que los resultados de la política de ajuste y “déficit cero” alejan más al gobierno de sus metas, al ocasionar una recesión económica que reduce la recaudación (la recaudación lleva nueve meses consecutivos de crecer por debajo de la inflación, es decir cae en términos reales).

Una segunda contradicción importante son las tendencias de la economía internacional encaminadas hacia un enlentecimiento del crecimiento global y de aumento en la incertidumbre y riesgo financiero según sostuvo el propio FMI -muy distinto a los años de “boom” de precios de commodities que empujaron la etapa de recuperación post 2001-2002- augurando en mayor medida recuperaciones débiles y lentas (tal es el caso EE.UU. post 2008 o Brasil en la actualidad) y no ciclos de crecimiento a tasas chinas.

Bajo las condiciones del FMI no existen posibilidades de recuperación. El ajuste de Cambiemos es duro, pero es insuficiente con respecto a las necesidades de la burguesía para restablecer un nuevo ciclo de crecimiento.

Las crisis de deuda en países como Grecia o Portugal, son útiles para dar cuenta de la catástrofe que nos amenaza. La tragedia de Grecia que entre 2010 y 2018 recibió 3 “rescates” financieros por parte de la Troika (FMI, Comisión Europea y BCE) muestra en concreto los efectos de los planes de austeridad fiscal y reformas estructurales.

Así los primeros dos “rescates” fueron entre 2010 y 2012; el tercero se “negoció” en 2015 ya bajo el gobierno de Syriza, por el carácter ajustador de las condiciones del acuerdo se realizó un referéndum donde el 60 % de los griegos votaron por rechazar las condiciones de austeridad de la Troika. Tsipras no rompió las negociaciones con los chantajistas de la Troika y aceptó aplicar un ajuste brutal sobre los griegos, a pesar de la victoria del NO a la austeridad.

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Las medidas de austeridad incluyeron: aumento del IVA al 23% y del impuesto de sociedades en 2015 del 26 al 28%. Reducción de la planta estatal (350 mil despidos). Plan de privatizaciones masivas que incluyeron: la venta de 14 aeropuertos; áreas de Marina, la totalidad del sistema de energía, telecomunicaciones y el correo. Con respecto a las reformas se avanzó con la laboral, previsional (reducción de pensiones por discapacidad, suba de la edad jubilatoria de 60 a 65 años); sanitaria (recorte del gasto en salud y despido de enfermeros y médicos), educativa (eliminación de materias en los planes de estudios, despidos y recorte de fondos). Para hacer pasar estas medidas, Syriza aplicó restricciones el derecho de huelga. Luego de 8 años de programas de rescate la economía griega, no ha podido recuperar el hundimiento del PBI de 25 %, y el crecimiento mostrado en los últimos 2 años fue menor al 3 % del PBI; la desocupación sigue siendo alta en un 18 %.

En el caso de Portugal, el ajuste fuerte o “trabajo sucio” se aplicó al comienzo de la crisis, estas incluyeron reducción del gasto social, de los sueldos de empleados públicos de hasta 12,5 % y extensión de su jornada de 35 a 40 horas semanales, privatizaciones en gran escala, aumento del IVA de 10 % a 23 %. Reforma previsional y una brutal reforma laboral que redujo las indemnizaciones por despido, facilitó los mecanismos para que las empresas echen trabajadores; redujo los pagos por horas extra, días de vacaciones y feriados, y se implementó un esquema similar al banco de horas: una bolsa de 150 horas extra a disposición de la empresa, que decide en qué días se las utiliza y se congeló el salario mínimo. El plan de austeridad profundizó la caída del PBI, en el peor momento de la crisis el desempleo llegó al 18 %.

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El economista Alfredo Zaiat señala en una nota publicada en Página 12: “Sin liberarse del FMI, no por lo que significa sino por la política económica que viene de su mano, no hay posibilidades de comenzar la reconstrucción desde las ruinas que dejará el nuevo fracaso de otro ciclo neoliberal.” Para el periodista “liberarse del Fondo” es pagar y eso se hará luego de una nueva catástrofe con un ataque a los trabajadores- como lo fue en Argentina en 2002 luego de la devaluación del 300 % y de 30 % de caída del salario real- que permita a la burguesía apropiarse una tajada mayor de plusvalor. Sobre ese saqueo se recuperó la rentabilidad e impulsó el crecimiento luego de la crisis de 2001.

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En 2002 el peronismo personalizado en Eduardo Duhalde consumó el ataque, al día de hoy las variantes peronistas (de Kicillof a Lavagna) proponen “negociar” con el FMI y continuar pagando. No hay posibilidades de recuperación sin ataque previo. El “trabajo sucio” le tocará al gobierno que gane en octubre, cualquiera sea, porque bajo el chantaje del FMI no hay manera de evitar sus exigencias de mayor ajuste fiscal y aplicación de las contrarreformas laboral, previsional y fiscal que preparan. Sin romper con el FMI el destino para los trabajadores y los sectores populares será de un ataque mayor, sólo el Frente de Izquierda plantea una salida para que la crisis la paguen los capitalistas.

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imagen * Martín Cossarini/Enfoque Rojo



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