Empresarios, obra pública y coimas: ¿llegó el Lava Jato criollo?

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Con información brindada por el chofer de Roberto Baratta -mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido- se desató una verdadera operación judicial y mediática. Hay 12 detenciones y varios prófugos en el entramado de exfuncionarios y empresarios de la “patria contratista”, de ayer y de hoy.

Este miércoles el juez federal Claudio Bonadío puso en marcha un importante operativo que incluyó 34 allanamientos y más de 20 detenciones en Capital Federal y GBA, en el marco de la causa que investiga irregularidades y coimas a los contratistas de obra pública bajo el Gobierno de Cristina Kirchner.

También citó a prestar declaración indagatoria el 13 de agosto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y a Julio De Vido, Oscar Parrilli, Norberto Oyarbide y Juan Abal Medina, entre otros.

Detrás del estallido de la mega causa por el pago de coimas millonarias denunciadas en el cuaderno del chofer de Roberto Baratta -número dos de Julio De Vido- parece haber una evidente vuelta a los carpetazos como modo de “hacer” política.

Algunos analistas han resaltado que este hecho podría situar el comienzo de una larguísima carrera electoral. Bajo esa mirada, la denuncia vuelve a poner frente a frente a macrismo y kirchnerismo.

Lo cierto es que la noticia tiene lugar el mismo día en que se anuncian nuevos tarifazos de la luz (30 %). Al mismo tiempo, se trata del peor momento en cuanto a la imagen del Gobierno, envuelto por ejemplo en el caso de las denuncias por aportantes electorales truchos.

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Sin embargo, cuando de obra pública se trata los empresarios contratistas del Estado son siempre oficialistas. Franco Macri, padre del presidente, realizó negocios millonarios bajo la última dictadura genocida (nacionalizando parte de su deuda privada) y, posteriormente, con todos los gobiernos que le siguieron. La llamada “patria contratista” tiene décadas de vida y enormes ramificaciones.

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Las similitudes con el escándalo brasilero de corrupción vía obra pública, conocido como Lava Jato, implica también la pata estatal. En este caso los ex funcionarios acusados son varios. Los detenidos, hasta el momento, son Roberto Baratta (ex secretario de coordinación del Ministerio de Planificación), Hugo Martín Larraburu (exsubsecretario de Legales), Walter Fagyas (expresidente de ENARSA), Nelson Lazarte (secretario de Baratta), Rafael Llorens (director de Asuntos Jurídicos de Planificación) y Oscar Centeno, el chofer de Baratta y autor de los “diarios de la corrupción”.

IECSA, Calcaterra y la patria contratista

Los cuadernos de Centeno guardaban en detalle los movimientos de trasladados de bolsos con dinero para coimas a empresarios. De allí salieron los nombres de quienes fueron detenidos ayer.

Entre ellos está el presidente del Grupo Albanesi, Armando Losón, empresa energética que ayer tuvo que suspender una colocación de bonos por USD 25 millones.

El caso de BTU especializada en servicios de ingeniería para obras energéticas, cuyo dueño Carlos Mundín quedo apresado, no es nuevo. Ya en 2007 el empresario fue investigado por el presunto cobro de sobreprecios para la construcción de la planta de Lumbreras (Salta), denunciado por la propio Transportadora del Gas del Norte (TGN). Así y todo, Enargas le entregó la licitación.

El cordobés Gerardo Ferreyra, dueño de la constructora Electroingeniería, también está detenido. La empresa se presenta como “dedicada a la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de grandes obras y servicios electromecánicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento, de conducción de fluidos y otras especialidades asociadas”. Este holding supo crecer durante el kirchnerismo.

Sin embargo, el mismo día en que Ferreyra iba preso, se le otorgaron beneficios fiscales al consorcio UTE Represas Patagonia. Entre quienes lo integran figura Electroingeniería. Lo logrado es la eximición “del pago de derechos de importación y de tasas estadísticas para el material y la mercadería no producida en el país que será destinada a las obras de ambas represas sobre el río Santa Cruz.”

De la mano del mismo entramado, fue detenido ayer Jorge Guillermo Neira, exdirector del Grupo Eling S.A. El grupo incluye empresas radicadas en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y España.

Por el lado de los amigos-socios & co. de los Macri, fue detenido Héctor Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA, la constructora que el primo de Mauricio, Ángelo Calcaterra, le compró a la familia presidencial. Una empresa que supo manejar muchos contratos bajo el gobierno kirchnerista.

La firma ya estuvo investigada por su asociación con la constructora brasileña Odebrecht durante la obra del soterramiento del tren Sarmiento. Hace ya más de un año fue vendida al grupo Pampa Energía, que pertenece a Marcelo Mindlin, otro amigo personal de Mauricio.

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Claudio Javier Glazman, empresario de la rama inmobiliaria fue otro de los detenidos por tener relación con el círculo de empresarios amigos de la obra pública. Él es director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A., vicepresidente del Grupo Mck del Plata S.A., accionista en Premium Apartments S.A., Glator S.A., Emprendimientos Las Barrancas S.A., Emprendimientos de La Imprenta S.A. y Niceto Vega 5765 S.A.

Empresarios wanted

Otros empresarios que aparecen en los cuadernos de Centeno con pedido de detención y permanecen prófugos. Entre ellos están: Carlos Wagner, un pez gordo, presidente de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, rama muy ligada al entramado de la obra pública por excelencia.

También se lee el nombre de Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Pescarmona (Impsa), que recibió favores durante el kirchnerismo, particularmente para obras en Venezuela, Brasil y Paraguay.

Otro prófugo que se entregaría al “volver de sus vacaciones” es Juan Goicoechea, de Isolux, la empresa que ganó la licitación para construir la Usina Termoeléctrica de Río Turbio. También están siendo buscados Oscar Thomas, ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá; Hernán Gómez, ex asesor del ministerio de Planificación; y Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

El “cuadernogate” desatado por los escritos de narrativa ultradetallista de Centeno, ha desatado un nuevo escándalo de corrupción vía obra pública, es decir, con dinero que sale del Estado para construir obras con sobreprecios.

Este tipo de manejos entre funcionarios y empresarios parasitarios, conformando un entramado muy rentable, son habituales en momentos de bonanza económica, cuando el gasto público puede aumentar.

Sin embargo, en momentos de crisis económica o ajuste como la actual, el gasto se reduce y eso en parte puede explicar la denuncia. La misma podría “limpiar” de competidores la obra pública hacia el futuro. Mientras alguno quedarán fuera de carrera, otros estrecharán lazos con el gobierno.

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En ese marco, es importante entender que la denuncia llega en momentos en que al gobierno lo único que le sobran son las malas noticias. Sin embargo, esa investigación difícilmente pueda tapar los efectos de la crisis económica en curso, la suba del costo de vida y los salario retrasados, despidos cada vez mayores y una recesión económica con caídas fuertes en la industria y en la actividad.



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