Exigieron la interrupción del embarazo para la niña tucumana víctima de violación

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En la Casa de la provincia de Tucumán, exigieron que se garantice el derecho de la niña, de 11 años, a la interrupción legal del embarazo.

Foto: Osiris Martí.

Para manifestar su rechazo ante una nueva negativa a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE), esta vez para una niña embarazada consecuencia de una violación, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convocó a una concentración frente a la Casa que representa, en el microcentro porteño, a la provincia de Tucumán.

Al grito de “Niñas no madres”, acompañadas por organizaciones sindicales y de la izquierda, leyeron una declaración que elaboraron para presentar ante las autoridades tucumanas y denunciaron que la nena de 11 años sigue sin poder acceder a este derecho elemental, que contempla ya desde 1921 el Código Penal argentino.

El lobby de los grupos fundamentalistas vinculados a la jerarquía de las iglesias, las maniobras de la justicia y del sistema de salud y el accionar del propio gobierno provincial, a cargo del peronista Juan Manzur, fueron ejes centrales en la denuncia que realizaron muchas de las presentes.

“Es muy importante denunciar el valor que han tomado los sectores antiderechos junto a las jerarquías de las iglesias”, dijo la diputada del PTS/Frente de Izquierda, Nathalia González Seligra. También recordó que este viernes Macri abrirá las sesiones ordinarias en el Congreso. “Se cumple un año de ese gran acto de demagogia que hizo el presidente, diciendo que iba a habilitar el derecho al aborto mientras por otro lado hacían acuerdos con la Iglesia para impedirlo”.

Para Seligra, nada impidió que las mujeres sigan levantando el pañuelo verde y lo unieran al naranja. “‘Iglesia y Estado, asunto separado'”, enfatizó, y remarcó que “eso significa hoy denunciar la situación que está viviendo esta nena en Tucumán”, preparar una gran movilización el 8 de marzo y multiplicar nuestras fuerzas.

Las declaraciones del Secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Gustavo Vigliocco, que sostuvo que la niña “pesa más de 50 kg”, que “no importa la edad”, y que está en condiciones de parir, despertaron también un amplio rechazo entre las presentes, que exigieron su renuncia.

Desde el 23 de enero, la niña espera la interrupción legal de la gestación forzada, que ya lleva 23 semanas y media, y lo hace estando internada en un hospital de Tucumán, a dónde acudió para solicitar que se el aplicara el ILE junto con su mamá. Como consecuencia de las vejaciones a las que sigue siendo sometida, intentó suicidarse.

La negativa recuerda a la que sufrió también una niña en la provincia de Jujuy el mes pasado, bajo las órdenes del propio gobierno de Morales. En el caso de Tucumán, Juan Manzur, gobernador de la provincia y ex ministro de salud del kirchnerismo, parece querer emular a su par cambiemita Gerardo Morales en su cruzada contra los derechos de las mujeres, aunque ya había sentado un importante precedente al garantizar la injusta prisión de la joven apodada Belén.

Aliado indiscutible de la jerarquía de la Iglesia, Manzur estuvo al frente de las marchas celestes contra el derecho al aborto, y también frente a la negativa de aplicación efectiva de la ESI. Como denuncia gran parte del movimiento de mujeres, el gobernador convirtió a la Legislatura en una oficina de los antiderechos, declarando a la provincia como “pro vida”.

“Dos fiscales, dos defensorías de menores, un juzgado de familia, el sistema de salud público de Tucumán, el Estado y grupos de fundamentalistas antiderechos ejercen, hace 23 días, presión para someter a la niña a una internación aislada e innecesaria con el fin de obstaculizar su acceso a la ILE”, denunció la Campaña en su comunicado. “Forzar a una niña a continuar con un embarazo resultado de abuso sexual y someterla a prácticas médicas riesgosas, como la cesárea, es tortura”, sostuvieron.



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