Falta de vacantes: en el jardín del Hospital Ramos Mejía que cerraron había 1.600 inscriptos

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Familias, docentes y miembros de diversas agrupaciones se presentaron en el Ministerio de Educación por quinto año consecutivo a reclamar por las escuelas que faltan para garantizar el derecho constitucional de acceso a la educación pública.

Este martes familias, docentes y agrupaciones de izquierda se presentaron en el ministerio de educación porteño para solicitar una reunión para reclamar que den solución a los más de veinte mil chicos que se quedan sin vacante en la escuela pública cada año.

Patricia Pines del ‘Colectivo Vacantes para Todxs’, nos relata: “Nos atendieron dos personas del área de inicial que se negaron a dar sus nombres pero se “comprometieron” a gestionar una reunión con la directora del área de inicial Susana Basualdo y la subsecretaria de infraestructura. También bajó un hombre del área de Nivel Primario que reconoció la falta de escuelas pero no resolvió los dos casos que llevamos sin vacante para primer grado. Luego desplegamos la bandera de No al Cierre del Jardín Maternal Hospital Ramos Mejía y cantamos bien fuerte ‘El Ramos no se cierra’ para que llegue hasta el 9° piso donde estaba Horacio Rodríguez Larreta. Reclamamos las 9 escuelas que aún no iniciaron las obras del plan 30 escuelas, las 40 escuelas infantiles y las 35 de nivel primario que faltan y el pase de los CPI a educación”.

Las familias, junto a la docencia, vienen denunciando que el macrismo hace tiempo tiene la intención de desmantelar los jardines maternales –que reciben a niños de 45 días a tres años de edad– para reemplazarlos por espacios de cuidado, mediante la implementación de Centros de Primera Infancia. Así, dejan atrás las promesas de campaña electoral de construir jardines. El caso de mayor repercusión es el cierre del jardín del hospital Ramos Mejía, que no tiene oferta para la inscripción del año 2019, cuando años anteriores ofrecían más de 70 vacantes y en donde 1.600 familias lo habían elegido como primera opción para sus hijos e hijas este año.

Sobre la expansión de los Centros de Primera Infancia, Hernán Cortiñas, congresal de UTE por la marrón, señaló “los CPIs ya abarcan una población de más de 10.000 chicos. El Estado no paga los sueldos docentes, sino un monto fijo por cada niño o niña (este año es de $3.900). De este modo el Gobierno Porteño sale en la foto de la inauguración pero se desentiende de la superpoblación de las salas, la precarización laboral y los recortes de infraestructura y material didáctico, que estas entidades realizan para “garantizar” las ganancias de sus organizaciones bajo el paraguas legal de una ONG; un negocio redondo para todos, menos para nuestros pibes. Los CPIs ni siquiera son clasificados como espacios educativos ya que dependen del Ministerio de Desarrollo Social. Esto pone en riesgo no sólo los derechos de las docentes, sino también el de los niños y niñas, ya que en muchos casos el personal contratado es “no docente”, devaluando la importancia de la educación desde los primeros años”.

Estas medidas va contra la Constitución de la Ciudad y su artículo 24, además del artículo 18 de la Ley Nacional de Educación. El artículo 24, que ordena a la Ciudad “la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”. Los bloques del oficialismo y del peronismo de la ciudad desconocen está prioridad, el único que tiene un proyecto a la altura, planteando construcción de escuelas en base a la utilización de terrenos ociosos es el Frente de Izquierda.

Por ese motivo los legisladores del PTS-FIT Myriam Bregman y Patricio del Corro, junto a Federico Puy y Alicia Navarro y abogados del CeProDH también presentaron un amparo ante el Poder Judicial de la Ciudad para que se obligue al Gobierno a construir las escuelas que hacen falta. Además sostienen que la superpoblación de aulas y el transporte en micros esconden un número mayor de falta de vacantes. Las condiciones en que estudian los niños y niñas empeoran a cada momento. Los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires cínicamente acusan a los docentes por la crisis en materia educativa cuando ellos financian a la educación católica con el dinero que se necesita para la construcción de escuelas. Por eso hay que coordinar las peleas de los docentes, estudiantes y sus familiares en defensa de la educación pública.



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