Gerardo Morales criminaliza estudiante que regalaba aceite de marihuana medicinal

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Hoy se dio a conocer que el estudiante de Ingeniería de la UNJu que producía y regalaba aceite de cannabis medicinal para ayudar a personas enfermas, fue procesado. Gerardo Morales tiene su negocio y pretende meter preso por narcotráfico a quién lo suministra de manera gratuita.

En la causa está probado que el estudiante de Ingeniería le proveyó de aceite medicinal a la hija de una paciente con Parkinson y a dos madres: una con un niño con síndrome de Down y la otra de una niña con epilepsia refractaria.

Estos familiares lo conocieron en cursos y seminarios que se daban en la universidad sobre esta materia. Debido al alto costo y situación desesperada para acceder al uso de esta medicina natural, el joven se comprometió a producirlo de manera gratuita.

El estudiante perseguido cultivaba la marihuana en su casa del barrio Alto Comedero y tenía macetas que decían “cannabis medicinal Jujuy”. Luego, para la producción del aceite medicinal utilizaba los laboratorios de la facultad, mediante autorización expresa de las autoridades de la misma.

Recordemos que por este medio, ya habíamos analizado los anuncios grandilocuentes del gobernador de Jujuy Gerardo Morales sobre este negocio y que no tenía ningún interés en la salud pública.
Cannabis medicinal en Jujuy salud pública vs negocio privado

El estudiante está imputado por un delito federal de la ley de tráfico de estupefacientes, art. 5 ley 23.737, que establece: “Será reprimido con prisión de 4 a 15 años a quien siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes, o elementos destinados a tales fines”.

Resulta brutal el cinismo e hipocresía del gobierno, mientras tiene cultivos de marihuana en la finca “El Pongo” para hacer negocios con EE.UU. y Canadá, pretende encarcelar a este joven estudiante que pretendía ayudar de manera gratuita a familiares para que puedan acceder al cannabis medicinal, ellos mismos han declarado como testigos en defensa del joven.

Empezando por las autoridades de la universidad, tanto estudiantes como docentes deberían repudiar enérgicamente esta causa penal, otra iniciada por este gobierno contra la juventud. La salud pública es un derecho y resulta inadmisible que se persiga mediante el Poder Judicial y las fuerzas represivas del Estado a la juventud, pareciera que el accionar solidario de este estudiante perjudica a esos mismos que se benefician con el narcotráfico.



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