Gobierno, medios e Iglesia unidos para impedir aborto no punible en Jujuy

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Aberrante. Tiene 12 años y es víctima de violación, hace seis días dilatan la interrupción legal del embarazo y quieren someterla a una cesárea. Una tortura por parte del gobierno de Gerardo Morales, que viola todos los derechos adquiridos al servicio de la Iglesia.

Una niña de 12 años, víctima de violación, desde el viernes 11 es sometida a una cadena de vejaciones por parte del Estado provincial. Ingresó al Hospital Paterson, de la localidad de San Pedro, con dolores estomacales y el personal médico dio cuenta que cursaba un embarazo.

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La niña y la familia desde el primer momento pidieron la interrupción del embarazo, previsto en las causales del artículo 86 del Código Penal, reconocido por la provincia que adhirió en 2012 al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como F.A.L., por tratarse de un embarazo no deseado producto de una violación.

Desde ese momento el propio sistema de salud vulneró todos los derechos de la niña, con ayuda de los medios hegemónicos, se divulgó información de la historia clínica que tiene carácter de secreto, para manipular la “opinión pública”; el lunes el director del Hospital Paterson, Marcelo Villa, comunicó que no realizarían la interrupción del embarazo ya que “corresponde” que decida la Justicia, algo que fue desmentido por el Fiscal de turno, José Alfredo Blanco.

Ante el enorme repudio del movimiento de mujeres, el martes desde el Ministerio de Salud comunicaron que la niña sería trasladada al Hospital Materno Infantil, ubicado en la Capital jujeña, donde se practicaría hoy la interrupción legal del embarazo.

Allí, los directivos del Hospital permitieron que los grupos fundamentalistas de la Iglesia Católica tuvieran acceso a la niña, haciéndole llegar cartas para presionarla. De manera bochornosa, la diputada nacional de la UCR-Cambiemos, Gabriela Burgos, se hizo presente junto a la congregación “pro-vida” e ingresó al Hospital a ver a la familia para presionar y que desistan de interrumpir el embarazo. Y este miércoles dieron a conocer que no realizarían el aborto no punible.

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Desde el movimiento de mujeres se congregaron en la puerta del Hospital desde el mediodía del miércoles para exigir la aplicación inmediata de la interrupción del embarazo, en cumplimiento de los protocolos establecidos por la misma Provincia.

Finalmente, a través de un parte oficial emitido en la noche del miércoles, de manera cínica el Gobierno Provincial asegura que “garantizando la vigencia de los derechos que asisten a la niña D.A.M., quien solicitó junto a su madre la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), informa que va a dar cumplimiento inmediato con la legislación vigente y el Fallo FAL dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y luego informa “el equipo médico interviniente ha concluido que la continuidad del embarazo constituye un riesgo para la salud de la misma, configurándose así la causal prevista en el art. 86 citado.El equipo médico ha definido que la práctica más adecuada para realizar la interrupción del embarazo es a través de una cesárea, por resultar el procedimiento que mejor resguarda la salud integral de la niña”.

Esta intervención, según se pudo conocer a través de las abogadas de la familia, se realizaría el día viernes 18, por falta de funcionamiento de los quirófanos.

Una completa aberración, tal como denunció la reconocida médica especialista en Tocoginecología y Medicina Legal y médica del fallo F.A.L., Stella Manzano, en su cuenta de Facebook “la cesárea no figura entre las técnicas usadas para abortar. Solo pastillas, AMEU, legrado y dilatación y extracción”.

A su vez, en diálogo con medios locales explicó que el aborto debe ser hecho de inmediato ya que “la niña de 12 años tiene mucho riesgo de morir en el parto. Forzar a una mujer violada a parir es tortura. Obligarla a parir en pos del no nacido, es decir que la vida de la niña no importa”.

Los medios de comunicación hegemónicos que militaron activamente contra la realización de la ILE, ahora difunden la versión oficial del Gobierno asegurando que “autorizan la interrupción del embarazo”, cuando en realidad están dilatando el tiempo para inducir un parto por cesárea y así “salvar las dos vidas” conforme el mandato de la Iglesia oscurantista.

El Gobierno y el Estado Provincial que han vulnerado todos los derechos de la niña sanpedreña, intentan mostrar que dan cumplimiento de la Interrupción legal del embarazo, cuando lo que están haciendo es una flagrante violación de las leyes vigentes a las que la propia Provincia adhirió, obligando a una niña víctima de violación a cursar un parto que nunca quiso.

Desde la izquierda, denunciamos que El Gobierno de Gerardo Morales y el Estado Provincial en su conjunto son responsables de la vulneración de derechos de esta niña y de toda consecuencia sobre su integridad física y emocional. Seguimos exigiendo que se garantice el acceso al aborto no punible, sin dilaciones y sin maniobras, mientras continuamos la organización y la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y la separación inmediata de la Iglesia del Estado.



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