Gobierno y provincias resguardan a especuladores atacando la vida de jubilados y niños

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Además del recorte presupuestario en educación superior que se está disputando contra docentes y estudiantes universitarios, nuevamente se trama un fuerte ajuste sobre las jubilaciones y las Asignaciones familiares, por $ 88.500 millones.

Aún no hay anuncios oficiales, pero distintos “deslices” no casuales de funcionarios como el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, sobre un posible recorte sobre partidas de jubilaciones (“hay gente que me pide que elimine la moratoria”), junto con repetidas editoriales en medios masivos de diarios alineados con el gobierno (como Carlos Pagni en La Nación) que insistían con que ese es el “plato fuerte” del gasto, adelantaban la posibilidad de que el Gobierno decida romper su “palabra” de que no afectaría las partidas en seguridad social en su proceso de ajuste para cumplir con las exigencias del FMI, aunque en los hechos ya era evidente que lo hiciera (como con la repudiada reforma previsional de diciembre).

Según hemos consignado en este medio, circularon ayer versiones similares sobre un cálculo de recorte del gasto en torno a los $ 88.500 millones en el área de Seguridad Social, donde no casualmente renunció la semana pasada el secretario de la cartera de Jorge Triaca, Juan Carlos Paullucci para dejar lugar a personas del ala de Basavilbaso en Anses para actuar como personificación del ajuste.

Mientras avanzan con reformas estructurales del sistema de jubilaciones, como el intento de aumentar la edad jubilatoria, cambiar la fórmula de cálculo del haber inicial, o la forma de actualización de los haberes, los objetivos inmediatos de generar “ahorro fiscal” impulsan al Gobierno a acelerar el paso con recortes puntuales en distintos puntos del sistema previsional y de seguridad social, sin perder de vista aquella finalidad central.

La planilla de Excel de Mario Quintana, luego de su fallido giro por Nueva York, incluye continuar con el recorte en Asignaciones Familiares por Hijo para quienes viven en zonas desfavorables, que había sido suspendida recientemente por un lapso de 30 días pero podría volver a activarse ya cumplido el plazo. Según los cálculos de lo que queda del “team” económico, esto les permitiría obtener unos $ 13.000 millones.

Así también, en línea con la lógica anterior, se encaminan a eliminar el plus de 40 % para la Zona Austral, implicando precisamente una rebaja de esa magnitud para los jubilados que viven en la Patagonia. Nada más ni nada menos que un recorte nominal de 40 puntos. Esto les sumaría en el poroteo del “ahorro” unos no despreciables $ 31.000 millones, o en dólares U$S 1.000 millones, casi lo mismo que remató el Banco Central en un sólo día para contener frustradamente las corridas cambiarias y garantizar los dólares para los grupos financieros que fugaron con el tipo de cambio a $ 21 y volvieron con el dólar a $ 30.


Recordemos que tan solo entre enero y julio de este año la burguesía local y extranjera fugaron del país más de U$S 20.000 millones, duplicando el monto girado al exterior en el mismo período del año anterior.


Los dólares fugados sin ningún límite equivalen a más de seis presupuestos universitarios, a más de la mitad del presupuesto anual en jubilaciones y pensiones y a 13 veces el presupuesto nacional en Salud.


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No contentos con eso, el listado del ajuste incluye avanzar con un recorte en regímenes especiales de jubilaciones, aquellos que enmarcan mediante distintas leyes desde sectores de trabajadores como docentes (general y universitarios) o Luz y Fuerza, hasta sectores realmente privilegiados como Servicio Exterior y los jueces que perciben montos altísimos de jubilaciones, pero que el gobierno ubica en una misma bolsa para poder atacar como si fuesen similares, y de esta forma tender a la eliminación de conquistas como el 82 % móvil obtenida por los docentes.


Así también, para obtener apenas un ahorro de U$S 500 millones (lo mismo que subasta en dos días el Banco Central con deuda obtenida del FMI) el Gobierno pretende bajar aún más el monto de la Pensión Universal que equivale apenas al 80 % de la jubilación mínima, a un 70 % de esta última. Desde septiembre se incrementarán los ingresos de los jubilados por movilidad previsional (la votada en diciembre) a $ 8.637 y de la PUAM a $ 6.910, muy por debajo de satisfacer las necesidades básicas de los jubilados y de alcanzar la línea de pobreza.


Entre otras medidas más, se destaca el intento de congelar las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), a contramano del supuesto acuerdo con el FMI de no tocar dichos fondos, lo que podría implicar un nuevo cambio en la fórmula de indexación o actualización automática de los beneficios que corra por detrás de la inflación, derivando en un recorte en términos reales.

También el FGS

Ahora el Gobierno utiliza como excusa la situación autogenerada de creciente derrape económico para avanzar con el discurso de que el ajuste es necesario e inevitable, lo que también implica ir avanzando en recortes presupuestarios sobre áreas cada vez más sensibles.

De esta forma, el viernes pasado ya salió a luz los principios de acuerdo que se están alcanzando con los gobernadores más afines, luego de semanas de reiteradas negociaciones, en el que uno de los puntos principales es la compensación del recorte del “fondo sojero” con “un mecanismo de financiamiento a través del Fondo de Garantía de Seguridad (FGS) para aquellas provincias que lo requieran”.

Es decir, echar mano una vez más a la caja de los jubilados, tal como también está previsto afectar de acuerdo al “memorandum de entendimiento” que envió el Gobierno en su negociación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por U$S 50.000 millones.

¿Cuál es el sentido de tanto recorte? Los casi $ 90.000 millones que dicen “ahorrar” con esta canasta de medidas por sobre las condiciones de vida de jubilados y niños, más el avance en la liquidación del FGS, equivalen apenas a U$S 3.000 millones. Es el equivalente al próximo desembolso del FMI en septiembre que, de acuerdo a Dujovne, ya está confirmado.


¿Es para satisfacer los planes de ajuste con el FMI? ¿O para dejar conformes a especuladores e “inversionistas” y calmar el ánimo del capital financiero? Ambas cosas, pero más precisamente este ahorro no tiene otro destino que la garantía de los desembolsos permanentes y crecientes de dólares para el pago de capital y vencimiento de deuda, que este año alcanzará la espectacular suma de U$S 78.000 millones.

Mucha de esta deuda pública se suele refinanciar o renovar con saldos cada vez mayores, generando nuevas “bombas” de endeudamiento, por más que el gobierno quiera anotarse un punto con el “mérito” de desactivar la bomba de Lebac del Banco Central, a costa de mayores endeudamientos del Tesoro y también de la utilización de reservas para la recompra de Letras intransferibles.

No hay necesidad urgente ni inevitable como quiere hacer creer el Gobierno. El intento de descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo pobre debe ser rechazado rotundamente, denunciando este robo de un puñado de grandes empresas y especuladores de la deuda pública que sale directamente de los bolsillos de las familias trabajadoras, los jubilados que son tratados maltratados, los niños que se encuentran en situación de pobreza e incluso de indigencia, con más de un tercio de la población viviendo en condiciones insuficientes y más de la mitad de los asalariados en condiciones de precarización extrema.

Más que nunca la salida sigue el camino de la marea verde, en las calles, pero también avanzando en reconocer enemigos y aliados. Son los especuladores, el capital financiero y los grupos económicos de la patria contratista, los gobernadores, el gobierno y el FMI, o nosotros y nosotras, los trabajadores, mujeres, la juventud, los estudiantes, docentes, jubilados y jubiladas.



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