Guerra contra las mujeres en EE. UU.: buscan restringir el aborto legal en varios estados

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Una serie de iniciativas conservadoras en diferentes estados busca restringir el acceso al aborto legal y seguro en Estados Unidos. El derecho conquistado en 1973 con movilización y lucha se encuentra bajo ataque.

En lo que va de mayo, dos estados avanzaron en medidas que restringen el derecho al aborto, legal en Estados Unidos desde 1973. Los estados de Georgia y Alabama encabezan una ofensiva reaccionaria contra los derechos de las mujeres.

Volver al pasado

El gobernador de Georgia (Estados Unidos) acaba de firmar la ley HR 481, que dice en su texto, “Ningún aborto será autorizado o se llevará a cabo si se determina que late el corazón del no nacido”. Esta ley, conocida como la “ley del latido” obstaculizaría gran parte de las interrupciones legales ya que muchos especialistas explican que los latidos del feto pueden ser detectados a partir de la sexta semana de gestación (cuando la persona gestante puede aún no saber que está embarazada).

Aunque la ley ya fue aprobada a nivel local, instancias judiciales superiores, incluida la Corte Suprema, pueden fallar en contra. Ya en otros estados como Ohio, Mississippi, Dakota del Norte y Arkansas, se intentó aprobar leyes similares y fueron descartadas por inconstitucionales.

Pero lo que encendió las alarmas fue la ley que aprobó el Senado estatal de Alabama, que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo y criminaliza a las y los profesionales que la practiquen con hasta 100 años de cárcel. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado de Alabama aprobó la iniciativa que tipifica como delito grave la práctica del aborto, incluso en casos de violación y solo reconoce como causal no punible el riesgo de vida para la persona gestante.

Más cerca de Gilead, la República que imaginó Margaret Atwood, Alabama se prepara para aprobar la ley más dura contra el derecho al aborto legal en Estados Unidos.

El verdadero objetivo: revocar el derecho al aborto

El objetivo declarado de los grupos y organizaciones que promueven estas medidas restrictivas es llegar a la máxima instancia judicial para rediscutir el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El derecho garantizado por el fallo de 1973, conocido como Roe versus Wade, se encuentra bajo ataque directo.

No es un secreto que los sectores conservadores, enemigos de los derechos de las mujeres, tienen en la Casa Blanca un firme colaborador. Además de Donald Trump, el principal apoyo institucional es el vicepresidente Mike Pence.

Exgobernador de Indiana, impulsó la revisión de una ley de libertad religiosa que legalizaba la discriminación contra las personas LGTBI. Es un conservador acérrimo profundamente religioso, un devoto cristiano evangélico y es autor del primer proyecto para retirar todos los fondos federales del programa de salud reproductiva, Planned Parenthood.

En 2018, con la jubilación del juez Anthony Kennedy, se abrió la posibilidad de cambiar la composición de la Corte Suprema por una más conservadora. Esta instancia es clave para dirimir varios de los intentos que en los últimos años buscaron poner obstáculos a este derecho elemental. Luego del escándalo por las denuncias en su contra, el juez Michael Kavanaugh finalmente fue designado para el tribunal.

Kavanaugh, de perfil más conservador, hizo varios gestos a favor de poner trabas al derecho de interrumpir voluntariamente el embarazo. Y su designación en la Corte Suprema fue leída por distintas organizaciones antiderechos y la derecha cristiana como una luz verde para avanzar sobre los derechos de las mujeres.

Esta guerra no empezó ayer

La ofensiva contra el derecho al aborto legal no es exclusividad del gobierno de Donald Trump. Durante los mandatos del presidente demócrata Barack Obama (autodenominado feminista) crecieron las restricciones a ese derecho en muchos estados. Según el Instituto Guttmacher entre 2011 y 2015 se impulsaron 288 medidas restrictivas del derecho al aborto legal.

Estas leyes y proyectos de gobernadores y legislaturas republicanas, no encontraron resistencia dura de parte de los demócratas o de Obama. En el año 2000, solo 13 estados tenían restricciones y medidas hostiles al derecho al aborto, en 2010 pasaron a 22 y en 2013, a 27. Los estados donde existe apoyo institucional para garantizar este derecho básico pasaron de 17 en 2000 a 13 en 2013.

Contra todos los prejuicios, el aborto legal y las leyes que garantizan el acceso a educación sexual y anticonceptivos disminuyen el número de abortos. De hecho Estados Unidos se encuentra en su punto más bajo de interrupciones voluntarias desde el fallo de 1973.

Según el mismo instituto Guttmacher, los desarrollos médicos redujeron los riesgos y los costos en el sistema de salud. En 2013, casi un cuarto de los abortos fueron medicamentosos con riesgos casi nulos.

Las principales afectadas por un potencial retroceso en el aborto legal serán las trabajadoras y las mujeres pobres, entre quienes las latinas y las afroamericanas están sobrerrepresentadas. Cualquier retroceso legal implicaría más obstáculos para la mayoría de las mujeres, que no acceden al sistema privado donde la clandestinidad implica menos riesgos a la salud.

Una pelea en curso

Las iniciativas en Georgia y Alabama pusieron en movimiento a diferentes organizaciones que se preparan para resistir la ofensiva reaccionaria judicial y políticamente. Las mujeres en Estados Unidos ya demostraron el potencial de su movilización. El primer día del gobierno de Donald Trump, su rechazo al discurso misógino del presidente y su alianza con la derecha conservadora, encabezó un amplio repudio a la nueva administración republicana.

Las elecciones de medio término de 2018 fueron un primer revés político para el gobierno de Trump y tuvieron un récord de candidatas y muchas mujeres latinas, negras y musulmanas asumieron por primera vez bancas en el Congreso. Fue una expresión de la bronca con el establishment y la creciente simpatía con demandas como Salud para todos y todas (en EE. UU. no hay salud pública), educación superior gratuita o salario mínimo de 15 dólares la hora, entre otras. Pero la política del partido Demócrata redujo (y así le quitó fuerza) ese poder de movilización a las urnas y a elegir, una vez, un mal menor comparado con el terror de Trump.

El ataque a los derechos de las mujeres fue puesto en el centro de sectores reaccionarios en varios países. Las respuestas en voz baja del partido Demócrata a las restricciones que vienen avanzando hace años en Estados Unidos no merecen la confianza de las mujeres que hoy ven sus derechos en riesgo. Sus aliados son quienes las acompañaron en la calle en enero de 2017, cuando mostraron una primera respuesta a las amenazas que hoy parecen hacerse efectivas.



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